"Lo penoso de esta cartera es que sólo hubo 24 comunas que presentaron proyectos y fueron beneficiadas"
Manuel Murillo
Consejero regional critica a comunas que no presentaron iniciativas en saneamiento y alcantarillado
"Es preocupante a lo que puede llegar una persona al perder gran cantidad de dinero"
Carlos Martínez
Pdte. de la Federación de Sindicatos del Casino Municipal de Viña del Mar
La desaparición de un centro deportivo es siempre lamentable. Se predica y se proclaman los beneficios del deporte que alcanzan tanto a jóvenes como a viejos, pero al momento de las decisiones la prédica pasa a segundo plano y priman los intereses individuales. Tal es el caso del Lawn Tennis Club de Viña del Mar, conocido como Club Inglés, que en un plazo de dos meses debe dejar su actual emplazamiento en terrenos que son propiedad del Valparaíso Sporting Club.
Por estas cosas de la vida, las dos instituciones son hermanas en su nacimiento, en sus propósitos y sus genes raciales. Ambas nacieron en 1882, las dos tenían como objetivo la práctica de deportes de raíz británica -hípica y tenis- y ambas fueron impulsadas por entusiastas ingleses residentes o por sus descendientes.
Así, desde el siglo antepasado el Sporting acogió en un rincón de sus terrenos al Club Inglés, tal como lo hizo con el Valparaíso Paperchase Club, el rugby, el Club de Tenis Unión y otras instituciones o actividades deportivas.
Claro está que la sociedad anónima Valparaíso Sporting Club es propietaria de los terrenos y en esa condición está pidiendo desde hace algún tiempo la salida del club de tenis para ocupar esos espacios en el almacenamiento de maquinarias. Se pierden así 10 buenas canchas de arcilla de intensa ocupación por tenistas de diversos sectores y junto a ello edificios del mismo club. El Lawn Tennis Club de Viña del Mar es la institución en su género más antigua del continente, pero vive hoy un destino incierto tras la notificación del término de un comodato de 1952 que le permitía ocupar su actual emplazamiento.
Tras diversas negociaciones, el Sporting ofrece una indemnización de 90 millones de pesos, la cual resulta insuficiente para los tenistas, que avalúan todas sus instalaciones en unos 600 millones. Sergio Cabezas, presidente del club, califica la posición del directorio de la entidad hípica, que preside Carlo Rossi, como "demasiado cerrada" y acusa además que "ninguna autoridad ha reaccionado ante lo que estamos viviendo". Y en este punto tiene razón, pues si bien se trata de un diferendo entre privados, la materia en juego, un centro deportivo, es de interés público.
Insistiendo en este aspecto, Gonzalo Serrano, presidente de la recién creada Asociación Tour de Tenis Quinta, que reúne a los principales clubes de la zona, insiste en que se debe buscar un acuerdo entre las partes e "involucrar a la Municipalidad para que este patrimonio sea preservado".
Los plazos están corriendo, el tiempo se agota, pero lo que no se puede agotar en una dosis de buena voluntad para resolver un problema donde hay que poner en primer plano el interés de prácticas deportivas que benefician a toda la comunidad.
El Ministro de Hacienda respondió a comerciantes de Valparaíso sobre la opción de traslado de mercaderías a almacenes fiscales en la capital, planteándoles que tal decreto tenía que ver con el bombardeo al puerto por los españoles en 1866 y el temor de un segundo ataque. Tal situación hoy se ve remota y esa opción no se considera.
Ayer se reunió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se ocupó del proyecto del señor Aguirre Cerda, que devuelve a los empleados públicos el 15% de sus sueldos restado en 1915. La comisión tomó resolución; hubo 2 informes: uno de mayoría, por la devolución y otro de minoría por el rechazo, de los señores Subercaseaux y Salas Edwards.
En su nuevo edificio de Playa Ancha reinició sus actividades la Escuela Naval "Arturo Prat", de acuerdo a como se había dispuesto para el regreso de las vacaciones de invierno. Tanto las salas de clases como los departamentos de habitabilidad, es decir, dormitorios, baños cocinas y comedores, fueron preparados durante las vacaciones.
La intención de esta columna era abordar el desafío del cuidado de nuestros espacios públicos, tema que vuelve a la palestra luego de la apertura del Parque Italia, en Valparaíso. Sin embargo, no es posible desentenderme de lo sucedido con el rechazo por parte de la Cámara de Diputados al informe elaborado por su comisión investigadora, sobre la muerte de más de mil niños en la última década, en dependencias del Sename. Con los votos de la Nueva Mayoría y la anuencia del Frente Amplio se terminaron privilegiando otros intereses por sobre la vulneración de los derechos de los más frágiles de nuestra sociedad, niños que hoy no tienen familias que los protejan y cuyo cuidado es responsabilidad moral y legal del Estado.
Es normal en política no estar en total acuerdo en los temas que se debaten y es frecuente que estos documentos no reflejen todo lo que algunos quisiéramos que se planteara. En este caso, efectivamente la exministra Javiera Blanco no es la única responsable de una crisis que lleva décadas y con responsabilidades en distintos niveles. También es cierto que el documento adolece de una revisión más integral del problema y que la derecha aprovechó políticamente esta situación, eludiendo las responsabilidades que tuvo en sus cuatro años de Gobierno. Sin embargo, nada de eso justifica ignorar las conclusiones más relevantes del informe de esa Comisión, que reconoce una situación crítica de esos niños y que probablemente es uno de los temas que más nos debiera avergonzar como país, que debemos abordar con urgencia y altura de miras para avanzar en su solución y no seguir en un punto muerto.
No hay posibilidad alguna de aspirar a un país con mayor igualdad cuando mueren niños por negligencia del Estado, cuando muchos de ellos son abusados por quienes el país le confió su cuidado y cuando sus necesidades están totalmente invisibilizadas por las demandas de otros grupos, con aspiraciones legítimas, pero que a diferencia de esos niños, sí pueden ejercer su derecho a ser escuchados.
Me identifico con la centroizquierda y no puedo entender situaciones como la que acaba de suceder, donde el cálculo político o exigencias a un documento para que contenga todo lo que esperaban, terminan diluyendo el reconocimiento institucional a una de las crisis más graves que tiene el Estado y que contaba con la aprobación y consenso de la comisión que lo elaboró.
Es posible que el informe en si no cambiaba nada, pero se requieren gestos políticos para iniciar los cambios. Nuestras ciudades ya tienen más de mil niños que no ocuparán sus plazas porque murieron desprotegidos en instituciones dependientes del Estado. Se requiere poner a los más vulnerables por delante de intereses corporativos o la poca capacidad de comprender cuándo es el momento de hacer gestos colectivos por el país, más allá de nuestras diferencias.
Juan Carlos García Pérez de Arce
Arquitecto