La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, contra el fiscal nacional, Jorge Abbott. La acción persigue dejar sin efecto las sanciones que el jefe del Ministerio Público le impuso por "diversas infracciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y al reglamento interno institucional", en el marco de la investigación del caso incendios forestales-CGE. "Una vez que se declara admisible este recurso la Corte de Apelaciones entra a conocer recién el fondo, pidiéndole un informe al fiscal nacional, y va a resolver acogiéndolo o desechándolo", explicó la abogada del fiscal, Marisa Navarrete, según. "Si en todas estas instancias nos va mal, vamos a tener que evaluar la posibilidad de recurrir a otras vías, que serían internacionales", advirtió la profesional. El tribunal de alzada ya había declarado antes inadmisible un recurso de protección presentado por Arias.

Carolina Collins

El Gobierno anunció que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formulará cargos contra las empresas distribuidoras Enel y CGE, por los cortes de luz que afectaron a miles de clientes, incluso hasta por cinco días, tras la nevazón que se registró el fin de semana pasado en la zona centro-sur del país.

El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, explicó que los cargos contra ambas empresas serán formulados por la demora en la reposición del servicio y que, en el caso de la firma italiana, además será por entregar información incompleta y errónea.

Detalles de los cargos

En el caso de Enel, el secretario de Estado detalló que será "por cortes reiterados y prolongados" del suministro eléctrico, ya que unos "100 mil clientes estuvieron más de 20 horas sin servicio.

Y, además, "por información incompleta o manifiestamente errónea. La Superintendencia ha determinado, con su protocolo y con sus instrumentos, que efectivamente, en reiteras ocasiones, la empresa Enel informó que se había restituido el servicio antes de lo que finalmente fue y en muchos lugares incluso de hogares donde indicó que estaban con luz y no la tenían".

Cargos contra cge

CGE enfrentará cargos también por cortes prolongados, ya que "28 mil hogares estuvieron más de 20 horas sin suministro".

"Nuestra obligación, como Gobierno, autoridad y fiscalizador es que las empresas cumplan lo que está establecido en la ley y entreguen un suministro de calidad", dijo Rebolledo, quien enfatizó que las firmas arriesgan hasta $5.600 millones en multas y compensaciones en las cuentas de clientes.

El ministro no descartó una posible caducidad en la concesión de Enel, aunque resaltó que "nuestra focalización en este instante es instruir las medidas urgentes que permitan corregir lo que hemos visto los días pasados al más breve plazo".

El gerente general de Enel en Chile, Nicola Cotugno, anunció que la compañía compensará a los afectados con hasta $25 mil por cada día sin suministro y calificó lo ocurrido como "una situación excepcional, pocas veces en la historia de Chile".

El ejecutivo aseguró que "la inédita situación superó sus capacidades", a pesar de que desplegaron hasta ocho veces los recursos humanos en terreno.

Llamado de los gremios

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) hicieron un llamado de atención a las empresas. El presidente de la CPC, Alfredo Moreno, enfatizó que "ha llegado el momento de replantearnos como país el nivel de la calidad y seguridad de los servicios básicos que queremos y cómo abordamos los costos".

El titular de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, sostuvo que los casos relacionados con servicios públicos "son una buena oportunidad para reflexionar sobre el diseño y seguridad de las redes de servicios básicos, como la electricidad, el agua y otros, así como sobre la calidad de un servicio tan relevante para la población".

El candidato presidencial Sebastián Piñera dijo, a través de Twitter, que el Gobierno debe aplicar multas a empresas por cortes de luz "y también revisar legislación, para prevenir y asegurar que víctimas sean indemnizadas".

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, anunció ayer que el Ejecutivo apoyará a Nabila Rifo en su demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que anunció tras el fallo de la Corte Suprema que le rebajó la pena a su agresor y ex pareja, Mauricio Ortega.

Acompañamiento

La vocera de La Moneda confirmó que el Gobierno acompañará a la mujer, de 29 años, que sufrió una brutal agresión en la que le sacaron los ojos en mayo del año pasado, con toda la información posible.

Esto último porque como la acción legal irá en contra del Estado de Chile, el Gobierno no puede prestarle asistencia, por ejemplo, legal, ya que el país no puede autodemandarse ante la CIDH.

"Nosotros hemos acompañado como Gobierno el caso de Nabila Rifo desde un primer momento y seguiremos acompañándola por cierto con apoyo y asistencia profesional. Eso se ha hecho a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género", dijo desde la sede del Congreso en Valparaíso la ministra Narváez.

La secretaria de Estado detalló que "seguiremos en ese mismo apoyo, entregándole a ella toda la información disponible, para que las acciones que ella decida poder realizar en el futuro, las haga con toda la información necesaria".

Y enfatizó que "lo importante en todo esto es la autonomía de decisión de la propia afectada. Si ella ha señalado que esa es su decisión, la apoyaremos con toda la información y apoyo profesional que requiera".

Confirmación

Rifo confirmó esta semana que recurriría al tribunal internacional, luego de que la Corte Suprema decidiera recalificar el delito de femicidio frustrado por el que había sido condenado su agresor y cambiarlo por el de lesiones graves. Con este fallo, el máximo tribunal rebajó la pena de Ortega de los 26 años originales a 18.

"Es mi deber, no es justo lo que dictaron los jueces", dijo la mujer el miércoles a Cooperativa respecto de su decisión de recurrir a la CIDH.

El Gobierno le pidió al Ejército que explique el envío de un instructivo que llamaba a los militares a no votar en las primarias del pasado 2 de julio. La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que el ministerio de Defensa solicitó ayer a los altos mandos de la institución que aclaren esta circular y sus alcances. "El Gobierno opina que en Chile existe el derecho a voto para todas y todos los mayores de 18 años. Ese derecho fundamental está establecido en nuestra legislación", sostuvo Narváez. El 31 de marzo, el alto mando del Ejército hizo llegar a los efectivos un documento en el que se les pedía no votar en las primarias.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió ayer mantener la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el ingeniero comercial Rafael Garay, desde que fue imputado por el delito de estafas reiteradas. El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del profesional, quien permanece en el anexo cárcel Capitán Yáber, donde estará hasta que concluya la investigación. Por considerar que la libertad de Garay no sólo implica riesgo de fuga, sino también un peligro para la seguridad de la sociedad, la jueza Paola Rabinovich, desestimó la intención de Garay de dejar una caución de un millón de pesos para salir de prisión. La defensa del imputado, liderada por el abogado Reynerio García de la Pastora, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones, pues considera la decisión del tribunal arbitraria, ya que cuando se decretó su prisión preventiva fue solo por el peligro de fuga.