Cristián Rojas M.
Con bastantes años menos que sus predecesores, el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, Alejandro Gómez, representa el recambio generacional al interior del gremio, y prueba de ello es que de los nueve consejeros, seis son nuevos, y de ellos, cinco no superan los 40 años. Gómez ejerce su profesión como abogado de la Defensoría Laboral y es académico de la Universidad Santo Tomás, donde dicta la cátedra de Derecho del Trabajo.
Con respecto a los lineamientos que pretende darle a su gestión, expone que quizás el punto más importante es su intención de "modificar el procedimiento y la orgánica del control ético de los colegiados en el ejercicio de la profesión, esto es, revisar y adecuar el Código de Ética que nosotros tenemos, que es antiguo. Para eso se formó una comisión, para estudiar las modificaciones y también estudiar la orgánica, es decir, quién debería conducir o llevar estos procesos, básicamente porque estimamos que el tema ético en nuestra sociedad lo exige, y especialmente los abogados que ejercen la profesión".
- ¿Pretenden recuperar la facultad sancionatoria que tenía el Colegio, como prohibirle ejercer a un colega que incurre en faltas reiteradas y graves?
- Esa es una aspiración que el Colegio la ha mantenido por muchos años: recuperar la colegiatura obligatoria, como es en otros países, Brasil, Argentina, Uruguay, EE.UU, en que si un abogado no está colegiado no puede ni siquiera ejercer. Pero además para nosotros es valioso, porque creemos que es la forma en que podemos llevar un mejor control ético de los abogados, principalmente porque la relación cliente - abogado es una relación de confianza y hemos visto en ocasiones que algunos colegas faltan a esa confianza, y a veces no todas las personas tienen los instrumentos para poder exigir esas responsabilidades. El Colegio en ese sentido da un apoyo para supervigilar la conducta ética de los abogados, y no sólo respecto de los clientes, sino también entre pares y para la magistratura.
- Ese mayor control podría contribuir a mejorar la mala imagen que hay de los abogados por parte de la sociedad, muchas veces en base a prejuicios, pero también porque no hay una sanción drástica a quienes incurren en faltas a la ética, sólo sanciones morales, como publicarlos en la Revista del Abogado o la expulsión del Colegio...
- Claro, las sanciones éticas van desde una amonestación verbal, hasta la expulsión del Colegio. El tema es que como los colegios no son personalidades jurídicas de derecho público, ya no es obligatoria la colegiatura, no hay un solo Colegio de Abogados, está el de Santiago, el de Concepción, estamos nosotros y otros tantos colegios regionales, entonces no necesariamente la sanción que imponga un colegio determinado va a ser extensiva o conocida por el resto de los colegiados. En el caso de nosotros, tenemos una página web donde publicamos dichas sanciones, en el caso de Santiago hay una revista de ellos donde las publican.
- ¿Qué otro tema es prioritario?
- Nos preocupa lo que hemos llamado la institucionalización del ejercicio de la profesión, porque producto de las últimas reformas, penal, laboral, de familia, el ejercicio de la profesión se ha visto disminuido. En materia penal, si uno no está en la Fiscalía o en la Defensoría Penal Pública o privada, la posibilidad del ejercicio libre de la profesión se ve bastante acotada. Lo mismo acontece respecto a los tribunales de Familia, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Valparaíso lleva un gran porcentaje de los juicios de Familia, y obviamente ellos actúan con privilegio de pobreza. Y en materia laboral, la Oficina de Defensoría Laboral, dependiente de la CAJ, patrocina casi el 80% de las causas laborales, lo cual también va mermando la posibilidad del ejercicio libre de la profesión, entonces nosotros buscamos subir este tema y conversarlo con el Ministerio, no con el fin de que se le impida a las personas de escasos recursos acceder a la justicia, creo que eso es un deber del Estado, pero sucede que esa protección jurídica gratuita tiene que ser para las personas que gozan de privilegio de pobreza y no para toda la población.
- Las notarías, conservadores y archiveros han estado en la palestra por los nuevos cupos, los aranceles, ¿cuál es la postura del Colegio regional?
- No nos oponemos a la creación de nuevos cargos, sin embargo, creemos que el foco se debe poner no tanto en el número, sino en otros elementos. El tema es la designación de los lugares donde van a crearse, si satisfacen necesidades de la ciudadanía o no, es decir, si se requieren, ya sea por su número de habitantes o por la lejanía de estos lugares. También creemos que es importante mejorar el sistema de designación de estos ministros de fe, siempre ha habido una especie de nebulosa sobre los nombramientos.
- Se critica que hay nepotismo en los nombramientos...
- No me atrevería a hablar de nepotismo, pero lo que sí sucede, lo que reclaman los colegiados es que, a veces, en esos nombramientos no se elige a los mejores y no se entiende con claridad por qué se opta por algunas personas en desmedro de otras, o cómo se conforma la selección de esas personas. En ese sentido, nosotros consideramos que, a propósito de esta revisión completa del sistema, uno de los temas a tratar es cómo se designan, cómo podemos garantizar la transparencia en los procedimientos e igualdad de oportunidades para cualquier colega.
"Luego de Santiago, somos el segundo colegio con más asociados, eso ha implicado que se hayan incorporado nuevos y más jóvenes abogados, unos 50 a 60 por año""
"Consideramos importante que en las mallas curriculares vaya un curso de ética, pero no desde el punto de vista filosófico, sino netamente profesional""
