Cristián Rojas M.

Un grupo de opositores al carnaval Mil Tambores, conformado por la agrupación Comercio Unido y seis juntas de vecinos de los sectores donde se concentran los visitantes, presentarán un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones con el fin de impedir la realización del evento, pues dicen estar cansados de las incivilidades, desmanes e incluso agresiones que reciben en esos días.

Según explicó la presidenta de la Junta de Vecinos del cerro Concepción, Gilda Llorente, quien además representa a las seis juntas de vecinos de los sectores donde se concentran los visitantes en esos días, "nosotros tenemos el compromiso del gobernador (Jorge Dip) para entregarnos el número de resolución de autorización para poder poner el recurso. El lunes vamos a estar de nuevo en la Gobernación solicitando esta resolución".

Llorente agregó que "el gobernador ya nos dijo que lo va a autorizar y la explicación que nos dio es que el organizador siempre ha recurrido al derecho que tiene el ciudadano a ocupar el espacio público en una marcha, y el temor es que haya más destrozos en la ciudad si no se da la autorización".

Para el secretario de la Junta de Vecinos 69 del cerro San Juan de Dios, Boris Kuleba, "las autoridades están amedrentadas por los Mil Tambores, esto es un cacho para todos, las autoridades tratan de esquivar lo más posible el tema, no lo enfrentan, los vemos muy amedrentados, y los vecinos más aún, porque sufrimos incluso un riesgo físico".

Por su parte, el presidente de la agrupación Comercio Unido, Héctor Arancibia, explicó que "lo que pretende el organizador, y lo que ha hecho durante 16 años, es que le autoricen el evento como una marcha, porque ahí él no gasta nada, a diferencia de si es por evento masivo, porque eso significa que hay un mayor control de Carabineros, tiene que tener guardias y baños químicos, entonces se ha demorado la autorización porque el organizador sigue insistiendo en lo mismo".

El problema, agregó Mauricio Calderón, representante del comercio patrimonial y residente del cerro Concepción, "es que él puede pedir la autorización hasta 48 horas antes del evento, y no queremos que nos dejen hasta el último momento para poder presentar este recurso, pero precisamente lo que quiere el organizador es dilatar la entrega de los últimos requerimientos, para que no tengamos la capacidad de reacción".

Calderón afirmó que si el recurso de protección no alcanza a ser resuelto antes del comienzo del evento, "esto va a continuar, van a venir acciones judiciales y cívicas contra los organizadores y las entidades que otorgaron los permisos".

El organizador del evento, Santiago Aguilar, reconoció que solicitó autorización para una marcha, aunque advirtió que "existe en los permisos que entrega la Gobernación el ítem de pasacalle, y además, efectivamente esto va a ser una marcha carnavalesca en contra de todos los vecinos y personas que están tratando de inhibir el derecho de reunión".

Aguilar aseguró que "ahí vamos a demostrar la fuerza" y desafió a los opositores a "que organicen una marcha con los que no quieren el carnaval".

Por otra parte, Arancibia denunció que "existe un aprovechamiento del organizador al pedir el permiso como marcha, y la Gobernación se lo entrega por el día que él lo está solicitando, que es el domingo, pero los demás días es cuando queda más la escoba aquí en Valparaíso, mientras él lucra en otras cosas, como las ferias anexas, que en cierta medida avala la municipalidad".

En ese sentido, Kuleba expuso que "dentro de las actividades de los Mil Tambores hay ferias que se instalan en la ex Cárcel, la plaza Cívica y la plaza Victoria", y Arancibia añadió que "nos dimos cuenta que esos permisos están siendo ocupados por los Mil Tambores para hacer negocio, porque cobran hasta 90 mil pesos por stand durante esos tres días".

Desde el municipio explicaron que "son ferias que cumplen con la normativa y pasaron por comité de concesiones, al igual que todas las ferias que solicitan instalarse en la ciudad. Pagan un permiso diario que está establecido por la ordenanza municipal".

Al respecto, Aguilar expuso que "los gastos en que incurre la organización para la realización de la feria, como seguridad, escenarios, amplificaciones, tienen que ser complementados, en tanto los fondos no cubren la totalidad de los gastos que nosotros tenemos, por lo tanto, las personas pagan una inscripción para la feria, lo que nos permite además contratar baños químicos adicionales para instalar en distintos puntos de la ciudad y aseo complementario que el municipio no puede entregar. El objetivo no es el lucro".

Aguilar aseguró que "se hizo la consulta al municipio por si podíamos cobrar, lo que fue respondido positivamente".

"Ha habido casas y vehículos destrozados, vecinos agredidos, saqueos a residencias, sin embargo, en la evaluación final eso no figura para las autoridades"

Boris Kuleba, Vocero de seis Juntas de Vecinos"