El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, reconoció ayer que ante el aumento de contagios de coqueluche, o tos convulsiva, se podría prever que se trata de un brote de la enfermedad infecciosa.

La autoridad de Salud señaló que existe preocupación por los 17 casos confirmados que hay de la enfermedad, de los que tres corresponden a las guaguas de la Región del Maule que murieron.

"Cada cuatro años se produce una ciclicidad y aumentan los casos, la verdad es que esto se produce porque la bacteria está circulando en la comunidad y se presenta en los adultos, eso contagia a los menores y estos terminan presentando cuadros de preocupación", explicó Burrows en conversación con CNN Chile.

"El aumento de casos hace prever que se está generando un brote, por eso no hemos dicho formalmente que hay un brote, pero sí tenemos la sospecha y por lo mismo estamos haciendo la investigación y tomando las medidas correspondientes", añadió.

"Hay un aumento por sobre lo esperado de los casos y eso inmediatamente hace actuar a la autoridad sanitaria del lugar para tomar las medidas pertinentes", finalizó la autoridad, que enfatizó la importancia de la vacunación.

A pesar de que en un comienzo al interior de RN existían algunas dudas sobre la pertinencia de interpelar al ministro del Interior, medida impulsada por la UDI, finalmente ambas bancadas llegaron a un acuerdo confirmando las firmas necesarias para la realización de la ofensiva contra Mario Fernández.

La recalificación de la querella por Ley Antiterrorista contra los comuneros que estuvieron en huelga más de 100 días, había llevado al gremialismo a anunciar una acusación constitucional contra el ministro Fernández, pero, con el pasar de los días la figura cambió a una interpelación a la que RN dijo que se restaba "por el actual estado de crisis" que enfrentaba La Moneda.

Fue una reunión de última hora entre las bancadas de diputados de ambas colectividades de oposición donde se acordó impulsar la que será la tercera interrogación al secretario de Estado.

En un comunicado conjunto informaron que resolvieron "interpelar al señor ministro de Interior, señor Mario Fernández, para que dé cuenta al Congreso Nacional sobre las decisiones del Gobierno respecto de los actos de terrorismo en La Araucanía y los atentados violentos en la región Metropolitana; como, asimismo, la confusa renuncia y/o uso de feriado legal del Subsecretario del Interior".

De hecho, la fecha de la interpelación será fijada una vez que se confirme la continuidad del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y del propio ministro Fernández, en La Moneda, lo que deja abiertas las dudas.

Otro de los acuerdos al que llegaron fue citar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al secretario de Estado "para que explique las confusiones y contradicciones del gobierno respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista".

Carolina Collins

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) registraron la peor evaluación de los últimos 10 años en el sondeo "Índice Nacional de Victimización 2017", elaborado por la Fundación Paz Ciudadana y la consultora Adimark, el cual fue dado a conocer ayer.

La cifra más significativa que evidenció la encuesta la recibió Carabineros. La confianza en la institución descendió del 27% que tuvo en la versión del año pasado, hasta el 18%.

Ante la consulta "¿cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?", el 18% respondió tener confianza en Carabineros, 26% bastante confianza y 28% algo de confianza. La alternativa "nada de confianza" aumentó de 7% en 2016, a 11%. El 18% señaló tener confianza en la PDI y 9% nada de confianza.

En la misma encuesta, los consultados calificaron el combate de Carabineros contra la delincuencia con una nota de 4,4, que es menor al 4,8 que obtuvo la institución en el sondeo anterior y que está muy por debajo del 5,2 que obtuvieron en 2011.

En este misma línea, la PDI obtuvo una calificación de 4,4 frente al 4,6 recibida en las mediciones anteriores.

Ambas calificaciones corresponden a las peores que han recibido las policías en los últimos 10 años, según el sondeo.

El informe también reveló que el 48,2% considera que el desempeño policial fue bajo durante este año, aumento de un punto en relación a 2016, y solo 23,4% considera que el desempeño fue alto. En la medición anterior la cifra era del 30,6%.

La Fiscalía tuvo 2,9 y del total de hogares víctima de robo o intento de robo solo el 55% hace la denuncia. De ellos, 65% se siente insatisfecho con el actuar del Ministerio Público.

"Hay estadísticas que muestran que el 80% de las causas que recibe Fiscalía se archivan sin tener un resultado. El 80% de las causas no tiene un imputado conocido. El pensamiento que tienen los ciudadanos que interactúan con estas instituciones es que no le están dando una solución concreta al problema de la delincuencia", detalló el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

En cuanto a la victimización, la encuesta señala que "no cede y se mantiene alta en el país", con un casi 40%, lo que equivale a que cuatro de cada 10 hogares chilenos declaran haber sido víctima de un robo o intento de robo en los 180 días. "Los resultados muestran que las acciones emprendidas no están siendo efectivas", enfatizó Johnson.

La mayor cifra se concentra mayormente en los hogares de nivel socioeconómico alto (46,8%) y medio (41,4%) en comparación al nivel bajo (33,3%), el que ha experimentado una baja gradual.

Duros emplazamientos tuvieron lugar ayer en el debate "Del Dicho al Derecho: Estándares de Calidad para residencias de protección de niños y adolescentes", organizado por el Hogar de Cristo, en el que participaron seis de los ocho candidatos presidenciales.

Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Carolina Goic (DC), José Antonio Kast (ind), Marco Enríquez Ominami (PRO), Alejandro Guillier (Nueva Mayoría) y Sebastián Piñera (Chile Vamos), asistieron al foro para presentar su propuestas sobre la infancia.

Sin embargo, como había ocurrido en encuentros anteriores, los presidenciables se enfrascaron en tensos diálogos.

El primero lo protagonizaron Sánchez y Kast, que evidenciaron sus diferencias en cuanto a la participación de privados en la administración de centros del Sename.

Al ser consultada respecto de si en un eventual gobierno suyo, terminaría con el aporte de privados para que las residencias sean administradas exclusivamente por el Estado, Sánchez respondió: "Sí, a lo que apuntamos es a que el Estado recupere esta tuición con un sentido muy particular, estamos hablando de algo muy importante como para que quede en otras manos".

Ante esto, el diputado independiente dijo que "esto de anunciar que les van a quitar los hogares lo encuentro de una irresponsabilidad (....) Yo espero que recapacite, porque esto es muy grave".

"No diga que tiene una preocupación especial por los niños, porque legislativamente ha ido arrinconando al Estado poniendo al mercado primero", respondió la periodista.

Enríquez-Ominami tomó distancia de esa postura, y emplazó a Piñera a que dijera qué haría de diferente con respecto a su primer gobierno en materia de infancia y lo instó a pedir perdón por la situación en el Sename.

"Yo he perdido toda esperanza de tener un diálogo honesto y de buena intención con Marco, yo sé que el escogió un camino que es ser el niño terrible de la política chilena. Hasta ahora ese camino lo ha llevado a ser el candidato del 1%", respondió Piñera.