"Represento continuidad, pero también cambio, porque soy un poco más agresivo que el gobierno", expresa el candidato presidencial del pacto Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, al abordar los puntos de su propuesta respecto de la agenda de descentralización impulsada por el actual Gobierno.

Durante los últimos días, el abanderado del PS, PR, PPD, PC, IC y MAS ha alternado su presencia en la capital y el Congreso de Valparaíso con visitas al sur y norte del país, donde ha buscado un mayor acercamiento con los potenciales electores, a poco más de un mes de los comicios presidenciales del 19 de noviembre.

En medio de la intensa agenda, el periodista profundizó con este medio en su programa para acelerar el proceso de descentralización y abordó también cómo propone mejorar el sistema de evaluación ambiental de proyectos en regiones, así como una mayor tributación de las empresas en los territorios donde se emplazan.

- La actual división político-administrativa regional fue instaurada en 1974. ¿Está de acuerdo con una modificación de fondo en esta configuración territorial?

- Lo que pasa es que estamos transformando el aparataje administrativo sin cambiar el problema principal, que es repartir competencias. Se trata de repartir poder. ¿Dónde está la toma de decisiones?, ¿con qué recursos? Eso es lo que se tiene que definir primero. Una vez que se logre descentralizar el país, se puede agrupar nuevamente regiones bajo conceptos de espacios comunes. Por ejemplo, no me cabe duda que Antofagasta, Atacama, Tarapacá y Arica tienen una geografía similar, economías más o menos parecidas y, por lo tanto, intereses comunes. Porque si te achicas mucho, después no tienes poder negociador.

- ¿Seguiría dividiendo el país?

-Habrá que combinar ambas cosas. Tenemos un problema práctico y es que Chile está tan centralizado, que ese modelo de país centralizado se replica en las regiones. Concepción se queja de Santiago, pero Talcahuano se queja de Concepción. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades se consumen el grueso del presupuesto y de los beneficios y la calidad de vida es muy superior allí respecto de las ciudades intermedias. Y las ciudades intermedias tienen satélites en las ciudades pequeñas. Así se produce desigualdad en el territorio y también ese sistema administrativo jerárquico, que es muy asimétrico entre Santiago y las regiones y también en las mismas regiones. Ocurre que Concepción se descuidó de Ñuble y ellos comenzaron a buscar alternativas, porque también eran zona de rezago. Es lo mismo que está pasando con Aconcagua en relación a Valparaíso y Viña del Mar.

- ¿Cree que el modelo de país centralista está agotado?

- Este sistema jerárquico, autoritario y centralista de Chile está reventando por todos lados. Por eso se comienzan a producir incidentes menores, pero lo que debemos descentralizar es el país, no sólo con la elección de los intendentes sino también con transferencias de competencias, para que se gobierne en y desde la región y se potencien todas las inversiones desde la región. Además, si se transfieren recursos financieros para que la región los administre en razón de las prioridades que definan y también con la opción de salir a buscar proyectos, teniendo impuestos regionales para tener más ingresos, vamos a tener un país mucho más estable, mucho más equilibrado que como está ahora. Eso permite también corregir las desigualdades dentro de la región.

- En materia de recursos, ¿con cuánto y cómo se lleva a efecto lo que propone?

- La idea es que vayamos avanzando en que en un porcentaje creciente del gasto sectorial se defina en regiones, que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) sirva para fomentar el desarrollo, pero también se considere la tributación en las regiones. En el caso de todos los emprendimientos productivos, los impuestos deben pagarse en regiones. El emprendimiento, no la casa central, como ocurre hoy, considerando que ahí se produce el impacto ambiental y además se usa y satura la infraestructura de las ciudades y de las regiones. Por lo tanto, es en el territorio donde deben pagarse los impuestos. Además, hay que avanzar a tributos regionales que impliquen un incentivo para que las regiones salgan a buscar proyectos de inversión. No como ahora que hay un constante rechazo y forcejeo entre las comunidades y las autoridades locales con el tema de los proyectos de inversión, porque la gente en regiones no ve muy claro cuál es el beneficio de una inversión.

-¿Cuánto y cómo debería pagar una empresa esos impuestos?

-Los impuestos municipales deben pagarse todos, pero hay algunos que es necesario revisarse. Existen impuestos ridículos que implican veinte mil pesos para un municipio, en circunstancias que son emprendimientos grandes. Y hay emprendimientos chicos que pagan lo mismo. Después tenemos la capacidad productiva de la región. Hay regiones que son altamente generadoras de PIB y otras que no; por lo tanto, se tiene que mantener una cierta idea de equilibrio, pero eso lo tenemos que desarrollar haciendo una evaluación técnica de cada región y considerando un fondo, como ejemplo el Fondo Común Municipal, que discrimine a favor de las comunas más chicas.

- Mencionó al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es la principal instancia de decisión regional para la asignación de fondos públicos. ¿En qué medida está dispuesto a aumentar esos montos?

- Eso hay que hacerlo de manera gradual, en la medida que las regiones vayan desarrollando capacidad de presentar proyectos. Si las regiones van madurando, van presentando más proyectos, se les va transfiriendo un porcentaje creciente de administración autónoma de los fondos que vienen por la vía fiscal y los fondos que vienen por vía contributiva. Nuestra idea es que discutamos en un nivel técnico, en una primera etapa, que eso se defina por ley. Porque si no, la región queda muy sometida al gobernante de turno. En el caso de un intendente que es de oposición, frente a un determinado gobierno, puede ser postergado en su región. Por eso hay que definir criterios objetivos para que realmente tengan autonomía para implementar su programa de fomento y desarrollo productivo o de infraestructura.

- Precisamente considerando que gran parte de la inversión en regiones proviene de los ministerios, a través de recursos sectoriales, ¿cómo lo hará un gobernador regional frente a un Poder Ejecutivo de tendencia contraria?

- La regiones definen sus prioridades y cuando definen eso van a la pelea por los recursos para poder desarrollarlos, pero estableciendo un sistema de presupuestos basales. Pero eso no tiene que hacerse arbitrariamente, para evitar las presiones políticas de un eventual gobierno que sea de signo distinto al del gobierno regional.

- El proyecto de ley que traspasa competencias al futuro gobernador regional incluye también la figura de un delegado presidencial, que para muchos es un fuerte contrapeso a la autoridad que será elegida democráticamente. ¿Qué opina de aquel escenario?

- A mí no me gusta la figura del delegado presidencial porque opaca y duplica la toma de decisiones. No queda claro quién gobierna la región. Para mí gobierna el intendente elegido por voto popular y el delegado presidencial es para funciones específicas. La figura del delegado presidencial opaca y duplica la toma de decisiones. El gobierno está en la región y en eso soy más radical que el proyecto tramitado por el Gobierno.

- Estas iniciativas tuvieron oposición incluso entre parlamentarios de la Nueva Mayoría. En caso de llegar a la Presidencia, ¿cómo lo hará para saltar esas vallas?

- El problema general que se produce es que la descentralización, cuando es verdadera, como la queremos, significa redistribuir el poder. Eso afecta al diseño institucional que tenemos porque traslada competencia y atribuciones del Ejecutivo e incluso informalmente espacios que copa el Congreso, en favor de las regiones y el territorio. Esos cambios en la distribución del poder descolocan a muchos y generan algunas desconfianzas u otros que se preocupan porque sienten que su poder se puede ver menoscabado. Pero eso tiene que ser así.

-¿ Y cómo se enfrenta específicamente aquello?

- Necesitamos un Estado con más poder en los territorios y, probablemente, con menos poder a nivel central. El Ejecutivo en Chile es demasiado omnipresente, omnipoderoso en relación a las demás instituciones. Lo que tenemos que hacer, además, es mejorar las facultades del Congreso, en la aprobación de leyes. Así se compensa, informalmente, que sobre todo los senadores suelen tener una influencia muy fuerte en la designación de intendentes, gobernadores y seremis. Hay que compensar más el sistema político, porque la verdad es que el Congreso juega un rol muy débil en la institucionalidad chilena. Por eso, más bien por mecanismos informales, los parlamentarios se hacen valer para poder tener credibilidad en la ciudadanía y mostrar que también son capaces de resolver problemas.

- En relación al poder de decisión local sobre la evaluación de proyectos de inversión, ¿cuál es su visión sobre la institucionalidad ambiental vigente y qué cambios propone?

- Lo que estamos haciendo es trabajar la planificación del uso del territorio de manera que, previo a las inversiones, las regiones definan su vocación productiva con criterio técnico y científico, para que se definan las reglas del juego antes. Por lo tanto, cuando el proyecto se presente, las reglas ya estarán establecidas y lo único que tiene que asegurar la autoridad es un análisis técnico y que cumplan con los requisitos que están previamente definidos. Entonces, en vez de ir caso a caso, nosotros debemos tener una mejor definición del uso del territorio y no ver si cada proyecto se ajusta o no medioambiental o socialmente a lo aceptable. Eso demora demasiado los sistemas de evaluación.

- ¿Qué propone en concreto?

- Proponemos hacer más simples pero igualmente exigentes todos los procesos de evaluación ambiental, acotando la burocracia en estudios que pasan por ocho escritorios y que no tienen ningún sentido. Además, avanzar en la ayuda de una oficina central que ayude a despejar los proyectos, no a dificultarlos. Es muy habitual que los grandes proyectos, pero también los pequeños, se entraben y la burocracia se limita a decir si cumple o no, pero la idea es ser más proactivos. Generar una oficina de grandes proyectos para agilizarlos, cumpliendo con las normas ambientales.

-¿Quiere decir que va a tratar de acotar la decisión a aspectos técnicos por sobre los políticos?

- O sea, la decisión política es previa, la planificación del uso territorial se hace antes. La empresa sabrá que en una región tiene o no apertura a un determinado proyecto, bajo unas determinadas reglas y eso se define antes. El problema es que nosotros vamos hoy proyecto a proyecto y eso es lo que está enturbiando. Y, segundo, como no hay mucho interés en la comunidad, porque no ve los beneficios en la práctica, se genera el hábito de dificultar los proyectos por presión de la comunidad, porque en el fondo quiere un tipo de compensación o asociatividad con el proyecto que se está presentando. La manera de despejar eso es con una planificación previa del territorio, así se sabe qué proyecto se puede hacer y cuál no. En segundo lugar, las reglas del juego buscan mecanismos más atractivos como la asociatividad y las utilidades, ya que un porcentaje se queda en la comuna o la región donde se genera el emprendimiento. Por eso hablábamos de una estructura tributaria que tenga más peso en los impuestos que se quedan en la región.

-Es indudable que en la actualidad las comisiones regionales de evaluación ambiental, que revisan los proyectos, siempre reciben presiones en los territorios.

- Es que aquí se produce un doble vicio. Como las regiones no ven el beneficio, tienden a presionar a las autoridades regionales y locales para que le pongan más exigencias al proyecto, con la idea de que hagan una contribución a la región. Tenemos que trabajar las dos partes: que los proyectos sean transparentes y que las reglas del juego sean más claras.

- Si la decisión de instalación de la Minera Dominga hubiera estado en sus manos, ¿habría seguido el camino de frenar el proyecto?

- Lo que pasa es que ese proyecto tenía dividida a la región en dos y está en un área muy crítica respecto del uso del borde costero. La verdad es que eso a lo mejor tendría una mejor solución, cuando planteas que el embarque del proyecto se produzca, por ejemplo, por el puerto de Coquimbo o de otro puerto y el Estado concurre en hacer algunas obras públicas que son de uso para todos, que facilitan el transporte, como la construcción de ferrocarriles o mejores carreteras. Eso se puede hacer de una manera más racional. Cuando se hace una planificación de usos de territorio también se puede diseñar la política de desarrollo e infraestructura. La idea es facilitar la inversión bajo reglas que protejan el medioambiente y los derechos de las comunidades.

-Desde Frente Amplio se afirmó que en caso de que ellos pasen a segunda vuelta presidencial, los candidatos de centroizquierda deben adscribir a todo su programa de gobierno, ¿qué opina?

- Lo que necesitamos es abrirnos a una conversación y llegar a los comunes denominadores. Cada candidato tiene que entender que la unidad se da en torno a un acuerdo programático y popular. Estamos de acuerdo en eso y creo que hay más denominadores comunes de lo que parece. Cuando estamos compitiendo se marcan diferencias, pero cuando tienes que reagrupar a todo un sector, hay que oír a los demás y hacer unos ajustes. Pero, felizmente en Chile los problemas que se viven son muy coincidentes en el mundo del progresismo.

"A mí no me gusta la figura del delegado presidencial porque opaca y duplica la toma de decisiones. No queda claro quién gobierna la región. Para mí gobierna el intendente elegido por voto popular y el delegado presidencial es para funciones específicas"."

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"Proponemos hacer más simples pero igualmente exigentes todos los procesos de evaluación ambiental, acotando la burocracia en estudios que pasan por ocho escritorios y que no tienen ningún sentido"."

Jorge Enríquez Carrera redaccion@mediosregionales.cl

"Hay regiones altamente generadoras de PIB y otras no; se debe mantener cierto equilibrio".