Parte batalla judicial por el proyecto Parque Pümpin
VALPARAÍSO. Inmobiliaria del Puerto SpA, de propiedad de Nicolás Ibáñez, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del alcalde, Jorge Sharp.
Un nuevo capítulo suma la mediática lucha por el destino que tendrán los terrenos del barrio O'Higgins donde se proyecta el complejo inmobiliario Parque Pümpin, pues tras el reclamo de ilegalidad que hicieron vecinos del sector y que acogió el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dejando sin efecto el permiso de edificación otorgado por la administración del exalcalde Jorge Castro, la inmobiliaria Del Puerto SpA, gestora del proyecto, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Según explicó el abogado de la inmobiliaria Del Puerto SpA (IDP), José Luis Jara, el alcalde Sharp cometió "la arbitrariedad e ilegalidad de haber dejado sin efecto el permiso de edificación del proyecto inmobiliario de IDP en el parque Pümpin".
En ese contexto, agregó, "estimamos que el alcalde, al haber acogido dos reclamos de ilegalidad municipal presentados por vecinos y sin habernos emplazado, habernos pedido nuestro parecer, se habrían infringido normas relativas al debido proceso".
En esa línea, Jara expuso que "se habrían infringido garantías constitucionales. En primer lugar, el artículo 19 número 2 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley o la interdicción de la arbitrariedad. Las autoridades públicas deben actuar conforme a la razón y nosotros estimamos que el alcalde Sharp se distancia de la razón".
En segundo lugar, agregó el jurista, "la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, del (artículo) 19, N° 3, inciso 5°, de la Constitución, dado que el alcalde Sharp, en los hechos, se habría constituido en una suerte de tribunal judicial al haber dejado sin efecto un permiso de edificación en circunstancias que la competencia corresponde al director de Obras".
Todo ello, expuso Jara, fue "sin un debido proceso, a nosotros ni siquiera nos preguntaron".
Por otra parte, el abogado señaló que estiman "que se afecta la libre iniciativa económica", puesto que "se le está impidiendo, arbitrariamente, desarrollar el proyecto Pümpin. Consideramos que se afecta el (artículo) 19, N° 22, de la Constitución también, toda vez que la Constitución les exige a los órganos públicos, entre ellos cualquier alcalde, que no efectúe un trato discriminatorio, y nosotros estimamos que aquí sí hay un trato discriminatorio contra el proyecto".
Del mismo modo, consideran que se afecta "el derecho de propiedad. Nosotros, como titulares de un permiso de edificación válidamente otorgado, la Constitución nos ampara y nos da un derecho de propiedad respecto de ese permiso".
Finalmente, Jara recalcó que "este permiso se otorgó el 30 de marzo del año 2015; por lo tanto, han transcurrido ya con creces los dos años que establece la ley en que la autoridad que dictó el acto, en este caso el DOM (director de Obras Municipales), ni siquiera el alcalde, tenían para dejar sin efecto el permiso, y en el derecho en Chile, transcurridos los plazos, se extinguen las acciones; por lo tanto, ni el DOM ni mucho menos el alcalde Sharp podrían haber dejado sin efecto este permiso".
En el escrito presentado ante la Corte, la inmobiliaria señala que "el alcalde no ha tenido vergüenza alguna en llegar a señalar públicamente, a través de medios de comunicación social, que 'lo que hicimos fue restablecer el imperio del derecho en un proyecto que tiene vicios graves y delicados', lo que de conformidad al Art. 20 de la Constitución, sólo compete a los Tribunales Superiores de Justicia, en el marco de un recurso de protección".
El recurso también tiene una serie de recortes de prensa y registros de Facebook y Twitter de Sharp, como evidencias de la "animadversión" que tendría Sharp frente al proyecto.
Ante tal afirmación, una de las vecinas que ha presentado acciones contra la inmobiliaria, Andrea Silva, sostuvo que "vergüenza debería darles a ellos por tratar de llevar adelante un proyecto ilegal, cuestión que la Contraloría ha ratificado en más de una oportunidad, y además alegando que ya han invertido 4 millones de dólares, cuando es cosa de ir a ver cómo ni siquiera han regado el pasto del parque".
Por su parte, Marco Meza, otro de los vecinos que ha presentado acciones contra el proyecto, calificó de "insolente y prepotente a la inmobiliaria de Ibáñez al calificar de sinvergüenza al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, elegido por abrumadora mayoría de los porteños, quien nos representa. En esta descalificación a nuestra máxima autoridad se concluye cómo nos considera a los vecinos de la ciudad y su brutal inserción en el Barrio O'Higgins".
A su juicio, "mal hace al denostar a quién se apega a la ley con las manos limpias, olvidando que el DOM que otorgó el permiso de construcción fue cuestionado por la Contraloría y hoy está separado de su función, por lo que no es referente alguno. A la inmobiliaria no le gustan las autoridades probas".
Meza acusó además que la inmobiliaria "se victimiza frente la legalidad vigente. Confunde la legítima opinión del alcalde sobre el bien de la ciudad y la preservación de su pulmón verde, con la reparación de los actos irregulares de la administración Castro y la evidente corrupción del DOM".
Según hizo notar, "esta reparación administrativa está en el plazo legal, ya que el permiso de obras entregado en marzo de 2015 no concluyó su tramitación sino hasta la publicación en el Diario Oficial el 7 de julio pasado, y esto no es discrecional, por el contrario, es una obligación legal, y el que no se 'acostumbre' a cumplir con esta obligación en ningún caso significa que no se deba hacer".
Desde la Municipalidad de Valparaíso, en tanto, tras conocer los detalles del recurso de protección presentado por los representantes del proyecto Parque Pümpin, precisaron que "respetamos el proceso judicial y esperamos que sean los tribunales los que se pronuncien respecto al tema".
En tanto, el diputado Aldo Cornejo también criticó el proyecto y aseguró que "es de toda lógica que el señor Ibáñez desista", agregando que "una inversión de esta naturaleza, son más de mil departamentos, implica necesariamente un tremendo impacto en la calidad de vida de los porteños y de los vecinos de estos lugares; afecta sus vidas".
"El alcalde, al haber acogido dos reclamos de ilegalidad municipal presentados por vecinos y sin habernos pedido nuestro parecer, se habrían infringido normas relativas al debido proceso"
José Luis Jara, Abogado de la inmobiliaria"
Cosoc apoya acciones del alcalde Sharp
Un fuerte respaldo a las medidas adoptadas por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, respecto a las construcciones en altura entregó el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc), a través de una Declaración Pública. El vicepresidente del Cosoc, Ricardo Olmos, explicó que "el respaldo se generó tras una asamblea general, donde de manera unánime se aprobó el apoyo sobre la problemática que se está generando a través de las inmobiliarias de las construcciones en altura, básicamente por el tema del Parque Pümpin y el Mirador Barón, donde el consejo aprobó apoyar la gestión que está haciendo la Alcaldía Ciudadana".
Argumentos
Arbitrariedad e ilegalidad de los decretos impugnados, pues a la inmobiliaria no se le notificó para que pudiera defenderse.
El alcalde carece de competencia para invalidar un permiso otorgado por el director de Obras Municipales (DOM).
El alcalde atenta contra la presunción de legalidad que protege al permiso de edificación de inmobiliaria Del Puerto SpA.
2 años desde que fue otorgado el permiso de edificación es el plazo máximo para invalidarlo. Se otorgó el 30 de marzo de 2015, pero se publicó en el Diario Oficial el 7 de julio de 2017.
2 reclamos de ilegalidad presentados por vecinos del Barrio O'Higgins en contra de lo ejecutado por la DOM acogió el alcalde Sharp, los que motivaron el recurso de protección que interpuso la inmobiliaria.