Cristián Rodríguez F.
La próxima semana se cumplirán cinco meses desde que una fuerte explosión sacudiera gran parte del sector oriente de Quilpué. La mala instalación de una cocina, según lo estableció la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Valparaíso, provocó una deflagración que destruyó por completo una casa en la calle Peyronet y dejó con serios daños a varias viviendas colindantes, mientras que otras 160 propiedades resultaron con algún tipo de afectación, principalmente con rotura de vidrios y ventanales.
Como a los días después de lo ocurrido se inició una investigación judicial, los escombros del condominio siniestrado continuaron tal cual como quedaron tras la emergencia. Y así se mantuvieron hasta la semana pasada, cuando el fiscal adjunto de Quilpué, Luis Ventura, decidió reactivar la indagatoria y agrupó en una sola las cuatro querellas que hasta la fecha se han presentado, entre ellas la de la propia familia afectada, que en su oportunidad desmintió por completo que la explosión haya ocurrido por la deficiente instalación de una cocina eléctrica.
En paralelo a dicho trámite judicial, según informaron algunos vecinos, el persecutor también dio curso a algunos peritajes pendientes y que fueron solicitados por los propios querellantes a objeto de confirmar o desestimar la tesis de la SEC regional.
De acuerdo a lo comentado por Patricio Rodríguez, uno de los vecinos del sector y quien ha estado siguiendo el caso desde el primer día, la semana pasada el fiscal acudió al lugar junto a peritos y diferentes intervinientes. Según se informó, ese día también participó el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), aunque sólo acompañaron el proceso y por ahora no realizarán otra investigación al lugar.
Nuevos peritajes
"Vino el fiscal del caso y tras algunos meses se reactivó el tema. Sé que ese día se hicieron peritajes muy importantes porque al escuchar a uno de los peritos externos nos dio la sensación de que la mala instalación de la cocina como causa de la explosión está totalmente descartada. El perito dio a entender que lo que dijo la SEC carece de fundamento", sostuvo Rodríguez.
El residente del sector agregó que, más allá de la culpabilidad que pueda arrojar la indagatoria, lo que buscan realmente es que se lleve a cabo en un plazo acotado, sobre todo porque gran parte de las reparaciones que se hicieron fueron costeadas por los mismos propietarios.
"Lo que queremos es que no se pierda tiempo con la investigación y que se nos entregue un resultado con mayor certeza. Lo que buscamos saber como vecinos es qué pasó realmente, porque además de los daños que hubo, no debemos olvidarnos de que hay una persona que falleció producto de la explosión", comentó Rodríguez, quien valoró el inicio de los peritajes, puesto que "en su momento no se hicieron porque todo se basó en lo que dijo la SEC, que para la mayoría de nosotros fue aventurado y poco certero".
Quien también estuvo presente en las diligencias ordenadas por el fiscal Ventura fue Jaime Arredondo, cuya vivienda resultó con parte de la techumbre dañada.
Además de confirmar las indagatorias, el vecino solicitó que las autoridades definan el destino del terreno. "Llevamos casi cinco meses con los escombros aquí, y si ya no ocurrió sabemos que pronto se puede convertir en un foco de insalubridad. Aparte, entiendo que la inmobiliaria también quiere comenzar lo antes posible a reconstruir el condominio", precisó Arredondo.
Querella de alcalde
Por el momento, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien es uno de los cuatro querellantes en el caso, sostuvo que aún no tiene novedades sobre el trabajo que ha llevado adelante el Ministerio Público, lo que, a su juicio, se explica "porque lo más probable es que estén esperando tener todos los antecedentes a disposición para avanzar de una manera más directa".
"Cuando uno presenta una acción en contra de quienes resulten responsables, es decir, no individualizada, naturalmente la Fiscalía se toma su tiempo para determinar efectivamente quién o quiénes son los responsables", explicó la autoridad quilpueína, quien agregó que en paralelo a la investigación la Contraloría Regional de Valparaíso les autorizó avanzar en la devolución de los dineros a algunos afectados (ver nota relacionada).
Millonaria reparación
Si bien todas las querellas que agrupó el fiscal apuntan a determinar el responsable y hacerse cargo por los daños causados, una de ellas -que firmaron más de veinte vecinos- exige una indemnización por el doble de las pérdidas, que se calcularon en $ 800 millones.
Así, amparándose en el Artículo 495 del Código Penal, que establece que las multas "serán a lo menos equivalente al valor de lo defraudado o del daño causado y podrá llegar hasta el doble de ese valor", los querellantes exigieron una compensación por $ 1.800 millones. El abogado que lleva adelante la causa, Renato Rodríguez, precisó que la estimación se obtuvo por el daño material y también moral.
Peritajes solicitados por querellantes
Tras la emergencia ocurrida a inicios de junio, tanto el Labocar como la SEC de Valparaíso iniciaron una investigación para determinar las causas de la deflagración. Como el resultado de este último organismo no dejó a todos contentos, algunos de los querellantes solicitaron realizar nuevos peritajes. Tal es el caso de la principal familia que se vio afectada, la que pidió la participación del perito Pierino Bavestrello Fernández, quien tiene 25 años de experiencia investigando incendios. En paralelo, los vecinos solicitaron la participación del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI).
"Vino el fiscal del caso y tras algunos meses se reactivó el tema. Se hicieron peritajes muy importantes para conocer la causa real de la explosión".
Patricio Rodríguez, Vecino del sector"
Contraloría da luz verde para restituir dineros gastados en obras
Una vez ocurrida la explosión, la Municipalidad de Quilpué se ofreció a ayudar económicamente a las personas que resultaron con afectaciones menores en sus viviendas, como vidrios rotos. No obstante, el alcalde Viñambres había advertido que dicha entrega de recursos podía demorar, por lo que recomendó a los vecinos financiar las reparaciones con sus propios recursos y luego ver la manera de que el municipio restituyera lo que gastaron.
Finalmente, la autoridad explicó que la Contraloría accedió a avanzar en un mecanismo que "nos permite devolverle parte de los dineros a ciertas personas, dependiendo sus perfiles. En ese proceso estamos ahora".
En paralelo, la semana pasada el municipio se reunió con representantes de la comunidad del condominio "Soublette" -colindante con la explosión- y con funcionarios de la seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ver la manera de acceder a un financiamiento para reparar las instalaciones comunes que se vieron afectadas, como los pasillos.
"Cuando uno presenta una acción en contra de quienes resulten responsables, naturalmente la Fiscalía se toma su tiempo en investigar"
Mauricio Viñambres, Alcalde de Quilpué y querellante"
millones de indemnización pide un grupo de vecinos por las más de 160 casas que se vieron dañadas. $ 1.800