El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer la destitución de todo el Ejecutivo de Cataluña, la disolución del Parlamento de esa región y la convocatoria a elecciones regionales para el 21 de diciembre, como parte de las medidas aprobadas para restaurar la legalidad en esa comunidad autónoma.

El anuncio de Rajoy se produjo sólo horas después de que el Parlamento regional aprobara una resolución en la que insta a tomar las medidas necesarias para desarrollar el marco legal de una "República Catalana", proclamando así, unilateralmente y de hecho, la independencia.

Sólo una hora después de esa votación, el Senado español había aprobado por una mayoría abrumadora el artículo 155 de la Constitución (214 votos a favor, 47 en contra y una abstención), el cual autoriza al Gobierno central a tomar el control de las funciones del gobierno catalán para restaurar la legalidad.

La votación catalana

En medio de una fuerte división y enorme tensión, la Cámara regional asumió lo que considera el mandato popular salido del referendo ilegal por inconstitucional del pasado 1 de octubre, en el que unos dos millones de personas (de un universo de 7,5 millones) votaron a favor de la secesión, en medio de irregularidades de todo tipo.

"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de República", proclama literalmente el texto presentado por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, las dos fuerzas secesionistas, que totalizaron 70 votos de un total de 135 parlamentarios regionales.

En contra votaron diez diputados y se abstuvieron otros dos, mientras que antes de la votación abandonaron el hemiciclo medio centenar de parlamentarios liberales, socialistas y conservadores no independentistas, quienes de esa forma prefirieron restarse de la votación de un proyecto ilegal y de legitimarlo con su voto.

Tensión y voto secreto

La sesión parlamentaria registró momentos de altísima tensión. Uno de los puntos más álgidos se produjo cuando el bloque secesionista cambió el modo de votar al llegar al proyecto que declaraba la independencia. Los independentistas le solicitaron a la mesa del Parlamento votar en secreto, para evitar así su identificación ante posibles querellas penales por rebelión.

En España, el delito de rebelión está castigado hasta con 30 años de prisión. La oposición protestó también por ese cambio de las reglas sobre la marcha y algunos diputados tacharon de "cobardes" a los secesionistas por ocultar su voto. Carles Puigdemont, el presidente catalán, tampoco mostró el suyo.

Dichos de puigdemont

Puigdemont afirmó, tras la declaración de independencia, que ha llegado la hora de que las instituciones y los ciudadanos catalanes mantengan "el pulso del país" en el terreno de "la paz, el civismo y la dignidad".

"Hoy, el Parlamento de nuestro país, un parlamento legítimo, surgido de las elecciones del 27 de septiembre (de 2015), ha dado un paso largamente esperado y largamente luchado. La inmensa mayoría de representantes políticos legítimamente elegidos han culminado un mandato validado en las urnas", afirmó el líder catalán.

Puigdemont destacó que está "en manos" de los catalanes continuar "fortaleciendo" las bases que hacen de Cataluña "una vieja nación de Europa", con una lengua, una cultura y un derecho propios que duran siglos, por lo que cree que sólo con ello ya basta para entender los "derechos históricos" que legitiman "haber llegado hasta aquí".

"volver a la normalidad"Tras una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros sostenida en la tarde, ya con el 155 aprobado, Rajoy anunció las primeras medidas: destituir a todo el Ejecutivo de Cataluña, disolver el Parlamento regional y convocar a elecciones regionales para el 21 de diciembre, entre varias otras.

"Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y serenidad", afirmó Rajoy, quien garantizó que el Estado dispone de medios suficientes para recuperar la normalidad y disolver cualquier tipo de amenaza sobre la convivencia "de forma pacífica y moderada".

El Gobierno ordenó el cierre de las siete "embajadas" catalanas en el extranjero (excepto la de Bruselas, ante la UE, aunque sí cesó a su delegado) y destituyó al director general de la policía catalana, Pere Soler. El control de mando sobre la fuerza policial catalana, compuesta por unos 16 mil efectivos, es uno de los aspectos cruciales a partir de este momento.

Rajoy, por último defendió la "prudencia y la serenidad" para aplicar estas medidas de forma "pacífica". Puntualizó que estos "son los pasos necesarios e imprescindibles para recuperar la legalidad" y que "no se trata de suspender el autogobierno ni de intervenirlo ni de recortarlo, se trata de devolverlo a la normalidad lo antes posible", cerró.

diputados catalanes, de 135, votaron ayer: 70 aprobaron, 10 rechazaron y dos se abstuvieron. 82