Los comuneros mapuches Benito, Pablo y Ariel Trangol, imputados en el marco del denominado Caso Iglesias, retomaron ayer su huelga de hambre, forma de protesta que habían depuesto hace apenas algunos días, luego de que el Gobierno decidiera recalificar el delito sin invocar la Ley Antiterrorista.

Al momento de reponer la medida de presión, los comuneros, quienes llevan más de 18 meses en prisión preventiva, condenaron el actuar de los jueces del caso. El vocero de los imputados, Robinson Trangol, indicó que "la huelga de hambre es contra los jueces, porque los jueces se han negado al tiro a cambiar las medidas cautelares. ¿Por qué no pueden esta semana revisar las medidas cautelares de mi hermano?".

"El abogado ha ido y se le han cerrado las puertas para cambiar la medida cautelar. Con estos antecedentes se puede esperar el arresto domiciliario, no tienen por qué estar injustamente encarcelados mis hermanos", añadió.

El vocero, por último, señaló que su principal preocupación es que "ahora con la huelga de hambre ya no van a resistir sus cuerpos, van a morir".

Según explicó a Ufrovisión Sonia Trangol, hermana de los comuneros, "Benito está con huelga seca, y Pablo y Ariel con huelga líquida por el no cumplimiento del acuerdo de la semana pasada".

Las autoridades locales, en tanto, lamentaron la situación asegurando que han hecho todo lo que está a su alcance para cumplir con los compromisos asumidos.

"Con estos antecedentes se puede esperar el arresto domiciliario, no tienen por qué estar injustamente encarcelados mis hermanos"

Robinson Trangol, Vocero de imputados"

Eugenio Campos, el fiscal a cargo de la investigación por el fraude en Carabineros, señaló que el monto total defraudado, que asciende a más de $26 mil millones, podría aumentar en las próximas semanas. Además, siete nuevas personas fueron formalizadas ayer, por lo que ya son 118 los involucrados.

El persecutor regional de Magallanes aseguró que su equipo está terminando de analizar distintas cuentas corrientes involucradas en el caso y se autoimpuso el plazo de terminar esta labor es a mediados del presente mes.

"Hasta el día de hoy no hemos terminado el universo o el 100 por ciento de las cuentas corrientes que dan mérito a la investigación. De acuerdo a lo que nos hemos propuesto como metas de trabajo, debieran estar estas establecidas ya en la primera quincena de noviembre, o sea, pocos días nos quedan para ello para ir finalizando el desarrollo y el cumplimiento de aquellas cuentas", señaló el fiscal.

"Nada obsta de que el monto malversado efectivamente pueda ir en aumento", añadió el persecutor, quien dijo que no ha sido sencillo dar con determinados registros.

Por otro lado, ayer llegaron a 118 los formalizados por el caso luego de que el Ministerio Público imputara a siete personas por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, entre ellos cuatro ex uniformados.

Según el fiscal Campos, Luis Castro, Manuel Cifuentes, Marcelino Jeria y Miguel Segovia, los cuatro que pertenecieron a Carabineros, "eran facilitadores de sus cuentas corrientes o de ahorro, donde se les depositaban los montos sustraídos, por sobre los $ 20 millones cada uno, para luego ser fraccionados y distribuidos en efectivo entre los miembros de la organización, previo pago de una comisión o de un porcentaje".

En tanto, otras tres personas que estaban citadas para la audiencia de formalización de ayer no llegaron al tribunal, por lo que se ordenó la detención de Ricardo Castillo Ávila por no tener justificada su inasistencia al tribunal. José Mardones y Manuel Sánchez, en tanto, quedaron con orden de apercibimiento.

imputados suma ya la investigación por el fraude al interior de Carabineros, destapado en marzo. 118