El pasado mes de septiembre, la administración municipal porteña puso fin al contrato que hasta esa fecha mantenía con la empresa Eagle Care, a cargo del aparcadero municipal de Valparaíso.

El alcalde Jorge Sharp tomó la decisión tras conocer el informe de fiscalización que la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso hizo sobre el municipio porteño entre enero de 2015 y marzo de 2017, en el cual cuestionó el contrato ejecutado con Eagle Care, exponiendo una serie de irregularidades.

"A partir de este informe, y luego de ciertas desavenencias con la empresa, se le puso fin al contrato con Eagle Care. Sin embargo, nosotros seguimos negociando con el fin de obtener como municipio el pago de una deuda de aproximadamente $ 53 millones", precisó Nicolás Guzmán, director del Departamento Jurídico del municipio porteño.

Dicho débito fue sindicado como la piedra de tope para concluir con las negociaciones entre el municipio porteño y Eagle Care, pero que en los últimos días fue resuelto una vez que la empresa reconoció la deuda, la que se comprometió a cancelar.

"Hace pocos días llegamos a buen puerto, la empresa reconoció la deuda y, por ende, suscribimos una escritura pública de reconocimiento de deuda, con la cual vamos a poder cobrar lo adeudado a través de un juicio ejecutivo, si es que no existe un pago voluntario por parte de la empresa", explicó el jurista.

La situación, en definitiva, permitirá que el aparcadero pase a ser administrado en un cien por ciento por el municipio de Valparaíso.

"Estamos ad portas de suscribir un contrato de arrendamiento con el dueño del terreno del aparcadero por un plazo de dos años, cuestión que en definitiva nos permitirá recibir muchos más ingresos, puesto que hasta ahora sólo recibíamos el 30% de los ingresos percibidos, tanto por la custodia de los vehículos como por los futuros remates que se puedan realizar", manifestó el abogado Nicolás Guzmán.

millones es el total $ 53

Cristián Rodríguez F.

Tras analizar las acciones judiciales y políticas que podrían adoptar, finalmente la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) decidieron avanzar en una demanda en contra del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Marcelo Tokman.

La acción -patrocinada por cuatro abogados de ambas entidades, pero presentada de manera individual por el presidente de la federación y a la vez secretario general de la CUT, Nolberto Díaz- apunta a que el ejecutivo incurrió en una "práctica antisidincal" tras haberle solicitado a la plana ejecutiva de ENAP "abstenerse" de sostener reuniones con el dirigente gremial, a objeto de "prevenir cualquier otro tipo de incidente".

Lo anterior, luego que la compañía acusara a Díaz de agredir al gerente de Gas y Energía, Alfredo del Carril, durante una reunión celebrada el 24 de octubre. En respuesta, el secretario general de la CUT aseguró haber sido él la víctima de una agresión, tanto física como verbal.

Además de acusar que el gerente general de Enap intenta "desacreditar mi actividad sindical" e "ignora la representatividad que ostento", el presidente de la Fenatrapech exigió que la empresa ofrezca disculpas públicas reconociendo que dicha acción "incurrió en la vulneración del derecho a la libertad sindical".

Adicionalmente, el exseremi de Gobierno de Valparaíso solicitó que la Dirección del Trabajo incorpore a la estatal en el registro de empresas sancionadas por incurrir en prácticas antisindicales, además de condenarlos al pago de una multa de 300 UTM.

Desde la empresa, en tanto, aseguraron estar "convencidos" de que en la acción de Tokman "no se constituye la figura de práctica antisindical, lo cual probaremos en las instancias correspondientes".

"La administración ha propiciado una serie de instancias de diálogo con las organizaciones sindicales, incluyendo mesas de diálogo, y lo seguirá haciendo, para que las diferencias legitimas respecto de temas de operación se discutan como corresponde", indicaron desde Enap, donde agregaron que lo más responsable es esperar el término de la investigación iniciada a raíz de la supuesta agresión al gerente.

En cuanto a la demanda, la empresa comentó que "ante la gravedad de las imputaciones analizaremos en las instancias que corresponde las implicancias de esta acusación, que no sólo daña nuestra reputación, sino que la convivencia al interior de la compañía".

"Estamos dispuestos a llegar al fondo de este caso, porque nos interesa llegar a la verdad y actuar correctamente. Esperamos que no se pierda de vista el fondo de lo realizado por esta administración, en términos de gestión y de enfocarnos en continuar el fortalecimiento de Enap, que es el verdadero desafío que esperan de nosotros todos los chilenos", precisaron desde la estatal.