Una millonaria demanda en la que exige una indemnización por los perjuicios que habría sufrido en el proceso interpuso la Inmobiliaria Mirador Salinas Spa en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por los eventuales errores en los permisos de edificación entregados por la Dirección de Obras para la construcción de un edificio en el barrio de Santa Inés.

El proyecto, que se iba a ejecutar en la calle Once, quedó paralizado porque, de acuerdo a lo que expone la empresa en escrito, fue caducado el permiso de edificación tras dos procesos judiciales que fueron llevados a cabo por detractores de la iniciativa.

Esto generó, según el demandante, un perjuicio al privado que asciende a $ 4.925 millones, monto que la empresa pide que el municipio le restituya.

La Inmobiliaria Mirador Salinas Spa manifestó que decidió interponer una demanda civil y una acción penal en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, ya que "hemos sido perjudicados tras iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario con un permiso de obra legalmente emitido y que luego fuera anulado. Actuamos de buena fe, confiando en el permiso otorgado por el municipio en septiembre de 2014, lo que nos llevó incluso a comprometer la venta de más del 50% de los departamentos".

Demanda

En el documento ingresado al Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, el demandante -representado por los abogados Julio Gamboa y Felipe Gamboa- explica que "la Inmobiliaria Mirador Salinas Spa solicitó a la Dirección de Obras municipales, un permiso de obra nueva para construir en la calle Once N° 2275, Santa Inés de Viña del Mar, un edificio habitacional, con 20 pisos, 98 departamentos, 118 estacionamientos y 87 bodegas".

Ante esto, la Dirección de Obras accedió a la petición del privado y en el año 2014 extendió el permiso de edificación posterior a la aprobación de un anteproyecto de la obra. Sin embargo, los trabajos sólo duraron 170 días, aproximadamente, ya que el permiso de edificación fue objeto de dos acciones judiciales. Finalmente, fue caducado.

Según consta en la demanda, una de las acciones judiciales fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y "apelada sólo por el director de Obras Municipales de Viña del Mar (por lo que fue acusado de sumariársele y se le puso término al contrato de prestación de servicios al abogado municipal que lo patrocinó) y esa parte fue revocada por la Corte Suprema, que sostuvo que la acción para impugnarlo era el recurso de ilegalidad".

Los demandantes afirmaron en el escrito que la Municipalidad de Viña del Mar no apeló y se conformó con el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Mientras, la segunda acción judicial sí fue acogida por el tribunal de alzada porteño que determinó anular el permiso de edificación entregado a la empresa el año 2014.

¿Qué fue determinante? De acuerdo a lo que explica la demanda "la Dirección de Obras Municipales declaró la calle Once de Santa Inés, Viña del Mar, como 'vía local', lo que no podía declarar por no reunir ella los requisitos que el Plan Regulador de Viña del Mar requiere para ello".

"acto ilegal"

La Inmobiliaria Mirador Salinas Spa estipula en la demanda que "la nulidad se debió a un acto ilegal municipal por falta de servicio" y argumenta que los "artículos 151 y 152 de la Ley 18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades) obligan a la Municipalidad a indemnizar los perjuicios causados por su actuar ilegal, sin perjuicio del derecho para repetir en contra de los funcionarios responsables".

La empresa expuso además que "con fecha 19 de julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró nulo el Permiso de Obra emitido por el ente competente, en razón que se calificó indebidamente, según lo dijo el mencionado tribunal, la calle Once como vía local".

Recalcaron que "tenemos la convicción de que la municipalidad y sus funcionarios cometieron una falta de servicio y no defendieron, como era su responsabilidad, el permiso de obra emitido por ellos mismos, por lo que esperamos y confiamos en que sea la justicia quien analice los antecedentes y se pronuncie respecto de la actuación de ellos y la valorización de los perjuicios causados por el municipio".

Tras esto, la demanda de perjuicios que presentó el privado es "integral" y solicitan la restitución del total de lo perdido. Esto significa, según establece la demanda, "la suma de 75.295 Unidades de Fomento, equivalente al 31 de julio del 2017 a $ 2.002.645.962, por daño emergente; la suma de 89.904 Unidades de Fomento, equivalente al 31 de julio del 2017 a $ 2.391.206.356, por lucro cesante; y la suma de 20.000 Unidades de Fomento, equivalente a la fecha antes indicada a $531.946.600, por daño moral".

La acción judicial propone que "se le condene (a la municipalidad viñamarina) al pago 185.199 Unidades de Fomento", esto es, más de $ 4 mil millones.

Desde la Municipalidad respondieron que se "ha contestado la demanda y se está a la espera de que el tribunal indique los próximos pasos a seguir y espera que, en definitiva, la demanda no sea acogida por los fundamentos dados en la contestación".

"El municipio ha contestado la demanda y está a la espera de que el tribunal indique los próximos pasos a seguir"

Municipalidad de, Viña del Mar"

"Tenemos la convicción de que la municipalidad y sus funcionarios cometieron una falta de servicio y no defendieron, como era su responsabilidad, el permiso de obra emitido por ellos mismos"

Inmobiliaria Mirador Salinas"

Un total de 30 funcionarios, entre ellos educadores de trato directo y profesionales de los tres centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Región de Valparaíso, participaron en el taller sobre "Autoagresiones, espectro suicida y manejo inicial de agitación psicomotora", organizado por el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud San Antonio-Valparaíso (SSVS).

La jornada permitió a los funcionarios abordar estrategias en torno a cómo intervenir en una situación de crisis, cómo prevenir las autoagresiones, las agitaciones psicomotoras y los intentos de suicidio en niños y adolescentes, entendiendo que la capacitación está orientada a los educadores o cuidadores, porque son las personas que pasan la mayor parte del tiempo con ellos.

Para el director regional (s) del Sename Valparaíso, Rachid Alay, esta es la respuesta a las gestiones intersectoriales que se hacen desde el servicio con el Ministerio de Salud con el fin de entregar herramientas para el abordaje de situaciones de crisis. "Cada vez se ha ido complejizando más el perfil de atención y existe alta prevalencia de diagnósticos de salud mental en las niñas, niños y adolescentes que son ingresados a los centros de protección", reconoció.

Humo y posteriormente fuego comenzó a brotar la tarde de ayer desde el cielo falso de una de las dependencias de la dirección regional del Servicio Electoral (Servel), ubicadas en el sexto piso del edificio Los Héroes, Blanco N° 625, en Valparaíso, generando alarma entre los funcionarios.

La emergencia comenzó cerca de las 16 horas y, pese a que se efectuó un inmediato llamado a Bomberos, fue la acción del propio personal de la oficina la que evitó una propagación de las llamas, usando para ello extintores.

"Afortunadamente, aquí tenemos un bombero y otro que fue marino, por lo tanto, tienen conocimientos de emergencias de este tipo y fue controlado (el fuego)", precisó el director regional del organismo electoral, Guillermo González Leiva, quien de todas formas aclaró que en ningún momento se vio en riesgo el material correspondiente al proceso eleccionario para la segunda vuelta.

"Para tranquilidad de toda la ciudadanía, el material electoral no es almacenado en las oficinas administrativas del Servicio Electoral, el material electoral está en otro lugar; por lo tanto, aquí hay sólo útiles de escritorio", aseveró.

El efectivo de Bomberos a cargo de las labores, teniente Francisco Saavedra, de la Décima Compañía, explicó que el principio de incendio se pudo deber a un problema eléctrico y no a un mal funcionamiento del aire acondicionado como preliminarmente se informó, aunque ello será determinado por la investigación que realice Bomberos.

No obstante, destacó el rápido accionar de los trabajadores: "Si no se hubieran dado cuenta en el momento oportuno, las consecuencias serían totalmente distintas y tendríamos una emergencia de mayor envergadura que pudo haber provocado bastante daño en las instalaciones de esta oficina".

Una millonaria demanda en la que exige una indemnización por los perjuicios que habría sufrido en el proceso interpuso la Inmobiliaria Mirador Salinas Spa en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por los eventuales errores en los permisos de edificación entregados por la Dirección de Obras para la construcción de un edificio en el barrio de Santa Inés.

El proyecto, que se iba a ejecutar en la calle Once, quedó paralizado porque, de acuerdo a lo que expone la empresa en escrito, fue caducado el permiso de edificación tras dos procesos judiciales que fueron llevados a cabo por detractores de la iniciativa.

Esto generó, según el demandante, un perjuicio al privado que asciende a $ 4.925 millones, monto que la empresa pide que el municipio le restituya.

La Inmobiliaria Mirador Salinas Spa manifestó que decidió interponer una demanda civil y una acción penal en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, ya que "hemos sido perjudicados tras iniciar la construcción de un proyecto inmobiliario con un permiso de obra legalmente emitido y que luego fuera anulado. Actuamos de buena fe, confiando en el permiso otorgado por el municipio en septiembre de 2014, lo que nos llevó incluso a comprometer la venta de más del 50% de los departamentos".

Demanda

En el documento ingresado al Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, el demandante -representado por los abogados Julio Gamboa y Felipe Gamboa- explica que "la Inmobiliaria Mirador Salinas Spa solicitó a la Dirección de Obras municipales, un permiso de obra nueva para construir en la calle Once N° 2275, Santa Inés de Viña del Mar, un edificio habitacional, con 20 pisos, 98 departamentos, 118 estacionamientos y 87 bodegas".

Ante esto, la Dirección de Obras accedió a la petición del privado y en el año 2014 extendió el permiso de edificación posterior a la aprobación de un anteproyecto de la obra. Sin embargo, los trabajos sólo duraron 170 días, aproximadamente, ya que el permiso de edificación fue objeto de dos acciones judiciales. Finalmente, fue caducado.

Según consta en la demanda, una de las acciones judiciales fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y "apelada sólo por el director de Obras Municipales de Viña del Mar (por lo que fue acusado de sumariársele y se le puso término al contrato de prestación de servicios al abogado municipal que lo patrocinó) y esa parte fue revocada por la Corte Suprema, que sostuvo que la acción para impugnarlo era el recurso de ilegalidad".

Los demandantes afirmaron en el escrito que la Municipalidad de Viña del Mar no apeló y se conformó con el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Mientras, la segunda acción judicial sí fue acogida por el tribunal de alzada porteño que determinó anular el permiso de edificación entregado a la empresa el año 2014.

¿Qué fue determinante? De acuerdo a lo que explica la demanda "la Dirección de Obras Municipales declaró la calle Once de Santa Inés, Viña del Mar, como 'vía local', lo que no podía declarar por no reunir ella los requisitos que el Plan Regulador de Viña del Mar requiere para ello".

"acto ilegal"

La Inmobiliaria Mirador Salinas Spa estipula en la demanda que "la nulidad se debió a un acto ilegal municipal por falta de servicio" y argumenta que los "artículos 151 y 152 de la Ley 18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades) obligan a la Municipalidad a indemnizar los perjuicios causados por su actuar ilegal, sin perjuicio del derecho para repetir en contra de los funcionarios responsables".

La empresa expuso además que "con fecha 19 de julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró nulo el Permiso de Obra emitido por el ente competente, en razón que se calificó indebidamente, según lo dijo el mencionado tribunal, la calle Once como vía local".

Recalcaron que "tenemos la convicción de que la municipalidad y sus funcionarios cometieron una falta de servicio y no defendieron, como era su responsabilidad, el permiso de obra emitido por ellos mismos, por lo que esperamos y confiamos en que sea la justicia quien analice los antecedentes y se pronuncie respecto de la actuación de ellos y la valorización de los perjuicios causados por el municipio".

Tras esto, la demanda de perjuicios que presentó el privado es "integral" y solicitan la restitución del total de lo perdido. Esto significa, según establece la demanda, "la suma de 75.295 Unidades de Fomento, equivalente al 31 de julio del 2017 a $ 2.002.645.962, por daño emergente; la suma de 89.904 Unidades de Fomento, equivalente al 31 de julio del 2017 a $ 2.391.206.356, por lucro cesante; y la suma de 20.000 Unidades de Fomento, equivalente a la fecha antes indicada a $531.946.600, por daño moral".

La acción judicial propone que "se le condene (a la municipalidad viñamarina) al pago 185.199 Unidades de Fomento", esto es, más de $ 4 mil millones.

Desde la Municipalidad respondieron que se "ha contestado la demanda y se está a la espera de que el tribunal indique los próximos pasos a seguir y espera que, en definitiva, la demanda no sea acogida por los fundamentos dados en la contestación".

"El municipio ha contestado la demanda y está a la espera de que el tribunal indique los próximos pasos a seguir"

Municipalidad de, Viña del Mar"

"Tenemos la convicción de que la municipalidad y sus funcionarios cometieron una falta de servicio y no defendieron, como era su responsabilidad, el permiso de obra emitido por ellos mismos"

Inmobiliaria Mirador Salinas"

Un total de 30 funcionarios, entre ellos educadores de trato directo y profesionales de los tres centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Región de Valparaíso, participaron en el taller sobre "Autoagresiones, espectro suicida y manejo inicial de agitación psicomotora", organizado por el Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud San Antonio-Valparaíso (SSVS).

La jornada permitió a los funcionarios abordar estrategias en torno a cómo intervenir en una situación de crisis, cómo prevenir las autoagresiones, las agitaciones psicomotoras y los intentos de suicidio en niños y adolescentes, entendiendo que la capacitación está orientada a los educadores o cuidadores, porque son las personas que pasan la mayor parte del tiempo con ellos.

Para el director regional (s) del Sename Valparaíso, Rachid Alay, esta es la respuesta a las gestiones intersectoriales que se hacen desde el servicio con el Ministerio de Salud con el fin de entregar herramientas para el abordaje de situaciones de crisis. "Cada vez se ha ido complejizando más el perfil de atención y existe alta prevalencia de diagnósticos de salud mental en las niñas, niños y adolescentes que son ingresados a los centros de protección", reconoció.

Humo y posteriormente fuego comenzó a brotar la tarde de ayer desde el cielo falso de una de las dependencias de la dirección regional del Servicio Electoral (Servel), ubicadas en el sexto piso del edificio Los Héroes, Blanco N° 625, en Valparaíso, generando alarma entre los funcionarios.

La emergencia comenzó cerca de las 16 horas y, pese a que se efectuó un inmediato llamado a Bomberos, fue la acción del propio personal de la oficina la que evitó una propagación de las llamas, usando para ello extintores.

"Afortunadamente, aquí tenemos un bombero y otro que fue marino, por lo tanto, tienen conocimientos de emergencias de este tipo y fue controlado (el fuego)", precisó el director regional del organismo electoral, Guillermo González Leiva, quien de todas formas aclaró que en ningún momento se vio en riesgo el material correspondiente al proceso eleccionario para la segunda vuelta.

"Para tranquilidad de toda la ciudadanía, el material electoral no es almacenado en las oficinas administrativas del Servicio Electoral, el material electoral está en otro lugar; por lo tanto, aquí hay sólo útiles de escritorio", aseveró.

El efectivo de Bomberos a cargo de las labores, teniente Francisco Saavedra, de la Décima Compañía, explicó que el principio de incendio se pudo deber a un problema eléctrico y no a un mal funcionamiento del aire acondicionado como preliminarmente se informó, aunque ello será determinado por la investigación que realice Bomberos.

No obstante, destacó el rápido accionar de los trabajadores: "Si no se hubieran dado cuenta en el momento oportuno, las consecuencias serían totalmente distintas y tendríamos una emergencia de mayor envergadura que pudo haber provocado bastante daño en las instalaciones de esta oficina".