Justicia investiga a alcaldesa de Viña por supuesto delito
INDAGACIÓN. Inmobiliaria ingresó querella al Juzgado de Garantía por una eventual prevaricación en caso de proyecto cuyo permiso de obras fue revocado.
"Toda persona o empresa tiene el derecho a presentar las acciones que estime conveniente para defender sus intereses particulares, pero yo estoy por el bien común y mi deber como alcaldesa es defender las aspiraciones y necesidades de los vecinos de la comuna, en conformidad y correcta aplicación de la ley". Esta fue la respuesta que dio la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, ante una acción penal presentada en su contra en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín.
La jefa comunal y el director jurídico municipal, Mario Araya, son investigados por la justicia ante la presentación de una querella por parte del gerente general de la Inmobiliaria Mirador Salinas Spa, Cristhian Aqueveque Torres, ante eventuales errores en los permisos de edificación entregados por la Dirección de Obras para la construcción de un edificio en el barrio Santa Inés.
Aqueveque sostiene en la querella que el terreno de calle Once, en Santa Inés, Viña del Mar, fue adquirido en derecho y bajo toda la normativa, obteniendo la empresa en el año 2014 los permisos de construcción de la Dirección de Obras para un edificio de 20 pisos, cuyo anteproyecto también fue aprobado por la dependencia municipal.
Sin embargo, tras la presentación de dos recursos judiciales interpuestos por vecinos del sector en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, finalmente se determinó caducar el permiso de edificación de la construcción.
El querellante, según estipula la acción legal, acusa que el municipio ejerció ante el tribunal de alzada porteño unas defensas "defectuosas, tardías y sin la diligencia que ello ameritaba" de los permisos otorgados. Y argumenta que "a mayor abundamiento de la defensa desplegada por el equipo jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar en el recurso de ilegalidad, ella estuvo rodeada de ciertas irregularidades".
La querella precisa que el equipo jurídico municipal, que lidera Mario Araya, sólo dedujo recursos de reposición contra la resolución que recibió la causa, pero no evacuaron los traslados promovidos en las defensas y "no objetaron el informe de la fiscal judicial que proponía acoger el reclamo, todo bajo orden de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato", quien, según la empresa, habría obstaculizado la debida defensa municipal.
Declaración alcaldesa
Frente a la querella, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, argumentó que la acción se generó bajo la sustentabilidad de la comuna.
"La sustentabilidad de nuestra comuna se funda en mantener y mejorar la calidad de vida para sus residentes, en la preservación de sus atributos naturales y en la protección de las características distintiva de sus barrios, que junto al plan de la ciudad, generan un territorio reconocido y valorado como ideal para vivir, estudiar y trabajar", dijo.
Bajo esta visión, reconoció que "he actuado custodiando que nuestra ciudad no pierda este sello, pues entiendo que construir una buena y bella ciudad es para todos y, a su vez, es tarea de todos los viñamarinos".
Reginato argumentó que las acciones judiciales contra el proyecto en Santa Inés fueron presentadas por vecinos y ambas fueron acogidas.
Por ello, expresó, "es bueno precisar que fueron los tribunales los que resolvieron que el permiso de edificación otorgado no se ajustaba a la ley".
Son los tribunales "los encargados de considerar los méritos de una demanda y yo siempre he sostenido que respeto los fallos de los tribunales y la normativa vigente", consignó.
No se interpuso recurso de casación
De acuerdo a lo que sostiene la querella, la falta de defensa en la causa por la caducidad de los permisos de edificación de la obra en la calle Once, en Santa Inés, fue realizada por una "orden de la alcaldesa". En el escrito, los abogados de la Inmobiliaria Mirador Salinas establecen que la jefa comunal "instruyó que no se interpusiera el correspondiente recurso de casación contra la sentencia expedida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a pesar de que el criterio y la razón indicaban la necesidad de recurrir a dicha sentencia". En forma paralela, la firma presentó una demanda indemnizatoria contra el municipio.