Katherine Escalona M.

Hace un mes, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N° 042203N17, que cuestionó y ordenó efectuar un nuevo estudio de la línea de playa en el balneario Los Lilenes, en Concón, decisión que afectó directamente a Inversiones Portoalto Limitada, sociedad que tiene previsto la construcción de un proyecto turístico-hotelero en dicho balneario.

Ante el riesgo de que los deslindes de la propiedad cambiaran, la firma inmobiliaria, vinculada al empresario Abraham Senerman, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la Justicia revierta la decisión de Contraloría.

En el escrito, al cual pudo acceder este Diario, el abogado representante de la empresa, Juan Andrés Peirano, explica que el recurso de protección es en contra del contralor general, Jorge Bermúdez, quien emitió el dictamen el 4 de diciembre del 2017.

La empresa considera que la acción del contralor no se ajusta a derecho y quebranta las garantías constitucionales de la propiedad privada que mantiene Portoalto en el sector de Los Lilenes.

Esto, porque Bermúdez ordenó "a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (en adelante "Directemar") dejar sin efecto el Ordinario N° 12.200/33, de 2016, emitido por dicho servicio y que fijó la línea de playa del sector de Los Lilenes, determinando al mismo tiempo los deslindes del inmueble de propiedad de Inversiones Porto Alto Limitada".

En el documento, la empresa asegura que la determinación del contralor de dejar sin efecto la modificación de la línea de playa del 2016 y volver a foja cero como regía el año 2010 provoca "una amenaza y privación de los derechos de que es titular mi representada, particularmente del derecho de propiedad que tiene sobre dicho inmueble, a partir de un acto ilegal y arbitrario que se ha dictado al margen de las competencias que la Constitución y las leyes le asignan al Señor Contralor, razón por la cual se solicita de que dicho acto sea dejado sin efecto, sin perjuicio de adoptar las medidas que considere necesarias para restablecer el imperio del derecho".

Para sustentar el recurso de protección en contra del contralor, la empresa presentó una serie de antecedentes a la Corte, que podrían - según ellos-, revocar la determinación de Bermúdez.

En el escrito argumentan que el 19 de mayo del 2016 la empresa adquirió la propiedad y cuenta con los títulos de dominio correspondiente tras la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

El mismo año, establece el privado, la empresa consultó a Directemar sobre la línea de playa y la Armada realizó una modificación que describían los deslindes de la propiedad privada.

A fines del 2016, Portoalto Ltda. decidió cercar la propiedad privada para trabajar en ella, acción que tuvo un fuerte rechazo por parte de la comunidad que; incluso, derivó el muro.

La duda en torno al tema gatilló una consulta del senador Francisco Chahuán a la Contraloría General de la República, entidad que decidió la realización de un nuevo estudio de la línea de playa y eliminar la modificación del 2016.

El acto es considerado por la empresa como "ilegal y arbitrario" y aclara que el contralor para tomar la determinación debiese apegarse a las leyes emanadas de la Constitución.

En el escrito presentado a la Corte la empresa argumenta que el contralor incurrió en ilegalidades en el dictamen. Existe, dice el documento, "incompetencia, al ordenar dejar sin efecto un acto administrativo al margen de sus atribuciones. Principio de contradicción, al no adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento y vicios en los motivos o fundamentos, ya que Directemar cuenta con las atribuciones para fijar la línea de playa".

El contralor, según la empresa, "emite juicios técnicos" sin estar estos dentro de sus capacidades. Alegan vulneración de garantías constitucionales de "igualdad ante la ley, no ser discriminados arbitrariamente y el derecho de propiedad en sus diversas especies".

"(El contralor) Está amenazando y desconociendo ese derecho (de propiedad privada), mediante una decisión que tiene por objeto cambiar la línea de playa"

Inversiones Portoalto Limitada"

"Nadie puede ser privado de su propiedad (...), sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por utilidad pública o de interés nacional"

Inversiones Portoalto Limitada"