La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer la renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite recolectar información digital de extranjeros, luego de contradictorios mensajes del Presidente Donald Trump y críticas de defensores de la privacidad.

La Cámara baja sacó adelante la propuesta con 265 votos a favor y 164 en contra, y pasa ahora al Senado, donde deberá ser considerada antes del 19 de enero, cuando expira su validez.

No se espera que la Cámara Alta muestre oposición a la controvertida ley de espionaje, por lo que es más que probable que cuente con su aprobación para que se mantenga en vigor durante otros seis años.

Algunos senadores, como Rand Paul, de Kentucky, miembro del ala libertaria del partido republicano, criticaron la ley al afirmar que "ningún estadounidense debería perder su derecho a la privacidad".

La aprobación por parte de la Cámara estuvo marcada por unos sorprendentes mensajes de Trump en su cuenta de Twitter. En un primer momento, el Mandatario pareció mostrar su rechazo a la ley al asegurar que pudo haber sido utilizada para espiar con malas intenciones su campaña presidencial en 2016.

Sin embargo, minutos después afirmó que el voto de ayer "es sobre tipos malos extranjeros en territorio extranjero", agregando en otro mensaje que "la necesitamos".

La renovación afectaba a la Sección 702 de la FISA, a través de la cual la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recolecta información sin orden judicial sobre las comunicaciones por vía digital de extranjeros fuera de EE.UU. (incluidas con ciudadanos estadounidenses).

Los servicios de inteligencia de EE.UU. consideran esta sección como una herramienta clave en sus labores de espionaje.

años estará en vigor esta controvertida ley de espionaje de ser aprobada en la Cámara Alta. 6

Varios dirigentes del proceso secesionista catalán asumieron ayer la legalidad constitucional española y rechazaron la vía unilateral por la que el pasado 27 de octubre el Parlamento de esa región aprobó una ilegal declaración de independencia.

Los líderes de las dos principales asociaciones independentistas catalanas y el exconsejero catalán de Interior comparecieron ayer ante un juez del Tribunal Supremo para pedir su libertad provisional, mientras avanza el sumario del caso por el que se les acusa de rebelión y sedición.

Jordi Cuixart (de la asociación Omnium), Jordi Sánchez (de la ANC) y el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, depararon una renuncia expresa a la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña y la admisión de que no fue legal la consulta organizada por el anterior Gobierno de esa región el 1 de octubre, que planteaba a los ciudadanos si querían convertirse en una república independiente del Estado español.

Cuixart, Sánchez y Forn reconocieron además que hubo actuaciones contra la ley en el proceso hacia la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre y en el referendo del primer día de ese mes.

Dos de estos encausados (Sánchez y Forn) fueron elegidos diputados catalanes en las elecciones regionales del 21 de diciembre, en listas de partidos independentistas que, en conjunto, tienen la mayoría absoluta de la Cámara.

No obstante, la suerte judicial de ambos es relevante, como la situación de los cuatro exconsejeros que están en Bruselas junto al expresidente regional Carles Puigdemont, huidos de la Justicia que les persigue por los mismos delitos de rebelión y sedición.

Los siete son miembros electos del "Parlament", como el exvicepresidente Oriol Junqueras - también encarcelado - y su eventual ausencia a partir del día 17 reduciría el dominio independentista, que pasaría de 70 a 62 escaños, seis por debajo de la mayoría absoluta.

Matías Jullian Velásquez /Efe

El Gobierno ecuatoriano confirmó ayer que concedió la naturalización a Julian Assange y aseguró que se mantiene en la búsqueda de vías para solucionar la situación del australiano, una vez que el Reino Unido ha declinado acreditarlo como agente diplomático en la legación de Ecuador en Londres.

La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, confirmó ayer que el fundador de WiKiLeaks solicitó la naturalización a la Cancillería el pasado 16 de septiembre del 2017 y que se la concedieron el 12 de diciembre.

La medida -dijo- otorga "un anillo más de protección al asilado" y subrayó que "no altera, de ningún modo, más bien fortalece, su condición de persona internacionalmente protegida".

El periodista australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, y a quien Ecuador otorgó en agosto de ese año el asilo, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones, que él niega, de dos mujeres por supuesto abuso sexual. Sin embargo, Suecia finalmente archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.

Pese a ello, Assange cree que si abandona la embajada podría ser detenido por las autoridades británicas y ser deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno estadounidense.

Ante esto, la canciller ecuatoriana dijo que cualquier movimiento de Assange fuera de la embajada es un tema que "se debe acordar previamente con el Reino Unido. El mandato que tenemos y la obligación internacional y nacional es cuidar y proteger la integridad de Julian Assange y sus derechos humanos. Mientras esas condiciones no estén dadas, nosotros difícilmente podríamos pensar en una salida del asilado de las oficinas de la embajada en Londres".

Espinosa señaló que el problema de Assange "no es el tema de enfrentar a la justicia británica. Son temores fundados que tenemos sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino por parte, posiblemente, de terceros Estados", dijo sin mencionar a ningún país.

Buscando soluciones

Espinosa también indicó que han buscado varias alternativas para solucionar la situación de Assange y en ese sentido confirmó que el pasado 20 de diciembre, la Cancillería pidió al Ministerio de Exteriores británico que considerase acreditar a Assange "como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido".

"Esta petición fue negada el 21 de diciembre. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción", dijo, al añadir que actualmente Ecuador explora otras vías de solución "en diálogo con el Reino Unido".

El pasado martes, la canciller dijo que Ecuador analiza la posibilidad de que un tercer país o una personalidad medie en la búsqueda de una solución definitiva al caso de Julian Assange, cuya situación en la embajada del país andino en Londres, humanamente, "no es sostenible".

"Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido que, además, se ha mostrado interesado en buscar una salida", subrayó entonces.

Y ayer insistió en que buscan una solución "justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional".

Desde junio de ese año que Julian Assange está refugiado en la embajada de Ecuador. 2012