Esta semana se inició la discusión del proyecto de modernización de Sernapesca en la Comisión de Constitución del Senado, normativa que es impulsada por el Ejecutivo en razón a aumentar y mejorar la fiscalización en la lucha contra la pesca ilegal, actividad que de acuerdo a los cálculos que maneja el sector genera cerca de US$ 240 millones por año.

El proceso es seguido de cerca por el director regional de la entidad, Marcelo Arredondo, quien remarca que "es esencial modernizar y contar con una entidad fiscalizadora a la altura de los desafíos porque acá además se afecta la sustentabilidad".

Agrega que el proyecto apunta a tres aspectos específicos que son: entregar mejores herramientas para enfrentar con eficacia el negocio ilegal, proteger al pequeño pescador artesanal al establecer sanciones más justas y proteger la dignidad y el rol público de los funcionarios de Sernapesca.

"Cuando hay pesca ilegal significa que no tenemos la declaración de origen, no se sabe de dónde sale, se comercializa en condiciones no legítimas y se extrae una cantidad que nadie sabe, por lo tanto si hay una cuota de captura para un recurso lo más probable es que se esté sacando más de lo permitido", comentó el personero, recordando que la cuota fue calculada para un recurso sobreexplotado que se pretende recuperar.

En cuanto a la fiscalización, remarcó que el servicio va a tener mejores condiciones para hacer su trabajo, entregando mayores y mejores medios tecnológicos.

También advierte que hay un cambio en la tipificación del hecho, elevando su categoría, por lo cual quienes caigan en la ilegalidad se arriesgan a una sanción mayor.

"Si hacemos una fiscalización y encontramos que alguien no porta una declaración de origen de un producto que tal vez esté en veda o es sobreexplotado, se va a tipificar como delito. Eso quiere decir que va a ser pasado a Fiscalía para ser sancionado. Actualmente, sólo es una falta", comenta Arredondo.

Así por ejemplo, en el caso de la sardina, jurel o anchoveta que se van a la industria de reducción (harina), "si tuviéramos mil toneladas de origen ilegal la multa actual sería de $ 14 millones y con la nueva ley se eleva a $ 450 millones. El objetivo es que tenemos que trabajar en recuperar las especies de valor pesquero y en forma seria porque la verdad que la sobreexplotación va a provocar el fin de la actividad a mediano y largo plazo".

Agrega que la normativa también implica sanciones más bajas para los pequeños pescadores que incurran en faltas. "La idea de todo es modificar el comportamiento del usuario que trabaja en el sector y ponerlo en regla con el objetivo de hacer sustentable la actividad en el futuro que es lo que está en juego".

"¿La fiscalización mejoraría mucho con esta nueva ley? Claro que sí, porque la preponderancia que se le da a una acción ilegal cambia de tenor porque las sanciones pueden ser muy altas. Y lo otro es que comienza a operar la Fiscalía con investigaciones y la asociación ilícita aparece como un delito por lo tanto entra a procesos de investigación para desarticular estas bandas que operan estos grandes volúmenes", precisó Arredondo.

La pesca ilegal se desarrolla en todo el territorio dependiendo de la especie comenta el director. "Acá tenemos la jibia, la merluza, que son como las dos grandes actividades. Dado que prácticamente somos monoespecíficos, tenemos una pesquería bastante normal y ahora estos cuatro meses la verdad que estamos sin pesca de jibia", menciona el personero.

En cuanto a la situación de las especies señala que la jibia ha desaparecido en las últimas semanas debido a la alta temperatura del agua.

Pese a todo, recalca que en la región se están haciendo cultivos experimentales, por ejemplo de algas en Ventanas, iniciativas de repoblamiento en la caleta El Papagallo o choritos en Horcón. "La idea es que los pescadores diversifiquen su actividad productiva. Ahora lo importante es que esta ley viene a proteger los recursos que están más sobre explotados y en colapso, creemos que es una buena oportunidad de empezar a sustentabilizar la actividad y a mirar hacia el futuro. La ley no puede esperar más porque los recursos pesqueros están en situación crítica", concluyó.