El fiscal nacional, Jorge Abbott, y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, sostuvieron ayer la primera reunión desde la denuncia de la Fiscalía Nacional por la denominada "Operación Huracán".

Tras la cita, tanto Carabineros como el Ministerio Público descartaron que existan "problemas" entre ambas instituciones y destacaron que seguirán colaborando según manda su rol.

Concluida la reunión, el comandante de Carabineros Alex Chaván señaló que Abbott y Villalobos "tuvieron una conversación muy cordial" y enfatizó que "vamos a esperar el resultado" de las dos investigaciones que se están llevando a cabo por obstrucción y falsificación de pruebas.

"Estamos constantemente colaborando con el Ministerio Público", dijo, "esto ha sido solamente un tema de los miles de casos que llevamos con el Ministerio Público", agregó.

Por su parte, la vocera de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz, destacó que ambos conversaron sobre "la importancia de seguir colaborando ambas instituciones" y aseguró que "acá no existe ni ha existido una pugna" entre las dos instituciones, enfatizando que se trata de una situación puntual.

Acceso a carpetasEn tanto, el Juzgado de Garantía de Temuco acogió ayer la petición de las defensas de los 10 comuneros mapuche imputados en la denominada "Operación Huracán" y ordenó al Ministerio Público poner a su disposición los antecedentes de la carpeta de la investigación que se abrió luego de que la Fiscalía denunciara a Carabineros por obstrucción a la investigación y falsificación o uso malicioso de documentos públicos.

El magistrado Juan Mauricio Poblete acogió la solicitud de cautela de garantías y autorizó a las defensas a acceder a la carpeta investigativa por el presunto "montaje" de la institución en la causa en la que están imputados Héctor Llaitul Carrillanca, Ernesto Llaitul Pezoa, Fidel Tranamil Nahuel, Jaime Huenchullán Cayul, Jorge Huenchullán Cayul, Rodrigo Huenchullán Cayul, David Cid Aedo, Martín Curiche Curiqueo, Claudio Leiva Rivera y José Henríquez Medina, como autores de los delitos de asociación ilícita e incendio.

El fiscal Roberto Garrido explicó que "tenemos que entregar y poner a disposición de los solicitantes estos antecedentes, para que puedan ejercer los derechos que les correspondan en calidad de víctimas".

Para el viernes está agendada en el Juzgado de Garantía de Temuco la audiencia en la que el Ministerio Público comunicará su decisión de no perseverar en el procedimiento.

Por otro lado, según consignó "Emol", las defensas de los comuneros solicitarán al tribunal el sobreseimiento definitivo de sus representados, ya que aseguran que "en base a los antecedentes que existen en la carpeta investigativa de la denominada "Operación Huracán", solamente se podría atribuir participación a nuestros representados por los mensajes de texto (...) que el fiscal regional y nacional del Ministerio Público han señalado que fueron puestos en los celulares de ellos".

Una "verdad única"

El ministro secretario general de Gobierno (S), Omar Jara, dijo ayer que el Ejecutivo confiará en los resultados de las dos investigaciones que se están realizando.

"Nosotros confiamos, como Gobierno, que evidentemente la verdad judicial se establezca lo antes posible, pero también confiamos en que efectivamente el proceso administrativo que está llevando Carabineros concluya, y confiamos en que esas conclusiones sean efectivamente y tremendamente veraces", aseguró.

Actualmente se están llevando a cabo dos indagaciones, una judicial, por parte de los Tribunales, y una administrativa, por parte de Carabineros.

Luego de que se conociera que el FBI accedió a la solicitud de Carabineros de analizar los cuestionados mensajes que habrían intercambiado los comuneros mapuche , el ministro Jara aseguró que no deberían existir contradicciones entre la postura del fiscal nacional, Jorge Abbott, y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, respecto a dichos peritajes.

"(Las) dos investigaciones sabemos que van a concluir con una verdad, y esa verdad es a la cual este Gobierno se va a atener"

Omar Jara Vocero (S) de Gobierno."

El ministro (s) secretario general de Gobierno, Omar Jara, se refirió ayer a la polémica que abrió el conocimiento público de un decreto reservado que otorga extensos beneficios a los ex generales directores de Carabineros, como el financiamiento de vehículos, chofer, bencina, tag y seguro.

Al respecto, el vocero de La Moneda señaló que dicho decreto puede ser "mejorado" y "actualizado". "Hay una legalidad vigente, los temas de seguridad siempre serán importantes, no obstante lo cual, todas las normas pueden ser efectivamente actualizadas", sostuvo Jara.

El ministro (S) añadió que "el decreto correspondiente puede, evidentemente, ser mejorado y actualizado. En momentos como los actuales, la transparencia es fundamental para que nuestras instituciones sean valoradas".

Se trata del decreto reservado del 14 de enero de 1998, mientras Eduardo Frei Ruiz-Tagle era Presidente, que establece que Carabineros y a otras ramas de las Fuerzas Armadas pueden financiar con cargo a los recursos de cada institución medidas de protección que corresponden al alto mando. Esto es, escolta, un vehículo, un chofer, la bencina, la mantención y hasta el tag que se paga por los vehículos.

Cambio al decreto

Dicho decreto fue modificado en 2009 por el ex ministro Francisco Vidal, quien en ese entonces ejercía como titular de Defensa de la primera administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Según argumentó el propio Vidal, modificó el decreto porque antes se permitía que algunos tuvieran dos autos y más escoltas, y otros sólo un vehículo, por lo que quiso unificar criterios.

"A mí me pareció que un solo auto, un conductor y una escolta era lo necesario y lo sensato. En general, es gente de mucha visibilidad durante su mando y un auto fiscal, un conductor y una escolta por un tiempo, no sabría decir cuánto, creo que es necesario", indicó el ex ministro, según consignó "Cooperativa".

Francisco Vidal añadió que "lo que sucede cuando asignas un auto fiscal (es que) te haces cargo de la mantención, de la bencina y de los peajes".

El diputado socialista Leonardo Soto anunció que en marzo exigirá al Ministerio de Defensa una revisión de esta norma. "A la vuelta del receso legislativo, este parlamentario, sin duda, va a pedir al Ministerio de Defensa (que) revise todos los privilegios de esta naturaleza que no tienen una comprobación formal ni una justificación valedera que fundamente la entrega de recursos pagados por todos los chilenos en beneficio particular de simples personas naturales que no tienen ninguna justificación", indicó.

Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, señaló al medio citado que si es que no hay un trasfondo para estos gastos, no se justifican. "Si hay antecedentes que lo justifiquen, por cierto, pero si no, pasan a ser un privilegio que hay que revisar, porque son recursos públicos que podrían estar destinados a algo bastante más útil", dijo.