Paolo Navia S.

A partir del próximo 11 de marzo, el Congreso Nacional iniciará un nuevo periodo legislativo que contará con drásticas modificaciones tanto en el ámbito político como institucional.

Tras haber aprobado el nuevo sistema electoral proporcional en enero del 2015, a partir del presente año la sede del Poder Legislativo sumará 40 nuevos parlamentarios: cinco senadores y 35 diputados.

El nuevo escenario en lo político benefició el ingreso de nuevos rostros al Parlamento, pero en materia administrativa ha concentrado la atención en torno al presupuesto que el Gobierno deberá desembolsar para ejecutar las necesarias modificaciones para el ingreso de los nuevos senadores y diputados.

"no es sano ni legal"

En ese contexto, uno de los organismos que supuestamente se vería beneficiado sería la Municipalidad de Valparaíso liderada por el alcalde, Jorge Sharp.

Actualmente, el municipio está a la espera de que se le cancele la deuda histórica que mantiene el Congreso a raíz de las construcciones realizadas al interior del edificio, las cuales nunca fueron legalizadas en la Dirección de Obras Municipales (DOM) porteña.

Ante esto, y tras una serie de reuniones durante el 2017, tanto Fidel Espinoza (PS), presidente de la Cámara de Diputados, como Andrés Zaldívar (DC), presidente del Senado, se comprometieron con Jorge Sharp para regularizar la situación de ilegalidad que el Parlamento mantenía con el municipio, a través del pago de los permisos de obra, además de una serie de compensaciones.

En concreto, ambas partes habrían acordado el desembolso de 500 millones de pesos en efectivo por parte del Congreso Nacional para saldar la deuda vinculada con los permisos de construcción que no fueron requeridos ante la DOM.

A eso se sumó una retribución de $ 1.000 millones a modo de compensación, presupuesto que sería invertido de manera íntegra en obras para el sector de El Almendral, donde actualmente se emplaza el Parlamento.

Más de dos meses han transcurrido desde aquella última reunión, y hoy el panorama sigue siendo el mismo. Así lo ratificó el alcalde porteño, Jorge Sharp, quien puntualizó que a casi un mes de recibir a los nuevos parlamentarios, el Congreso Nacional aún no cuenta con ningún tipo de permiso para ejecutar nuevas obras al interior del edificio.

"Nosotros hemos sido claros, y si el Congreso no regulariza su situación no habrá permisos y no creo que eso sea sano ni legal, pues no puede ser que un poder del Estado actúe así. El nuevo Congreso debe legislar en un edificio que cumpla con la ley, y eso hoy no ha ocurrido", manifestó el alcalde porteño, quien precisó que en diciembre del año pasado se presentó un boceto de expediente por una suma de $ 25 millones para las modificaciones al interior del Congreso.

El documento debía ser sometido a cambios en sus planos para la posterior presentación oficial del proyecto de modificaciones, situación que finalmente nunca se llevó a cabo por parte de los representantes de la sede del Poder Legislativo.

"La ciudad requiere de estos recursos porque serán reinvertidos en el mismo barrio, en el mejoramiento de calles, luminaria pública, áreas verdes y medidas de seguridad que permitan revitalizar esta zona de Valparaíso", añadió el jefe comunal porteño.

En este punto, y en relación con las posibles compensaciones que el Congreso Nacional ejecutará en el sector que hoy en día lo acoge, Sharp manifestó que "nuestro sello siempre ha sido gobernar con la ciudadanía, y si bien tenemos ideas proyectadas sobre cómo poder revitalizar el barrio, la inversión final del Congreso la definiremos junto a la comunidad local, asegurándonos que los intereses de la comunidad sean los que primen en las obras que se realizarán en el sector".

Respuesta del congreso

Ante este escenario, y tras ser consultado sobre el proceso de regulación entre el Congreso Nacional y la municipalidad de Valparaíso, Jorge Sabag (DC), segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, precisó que las obras de modificación para recibir a los nuevos parlamentarios fueron adjudicadas a la empresa constructora a cargo del arquitecto Alejandro Bustamante, quienes según precisó, entregaron un presupuesto que incluía la solicitud de los permisos de construcción en la DOM porteña.

"Por lo que yo tengo entendido, para estas modificaciones se hizo un presupuesto con una empresa constructora que lleva adelante las remodelaciones que se están haciendo, y eso incluía todos los permisos municipales, y si bien no me consta, eso es algo que se debería estar haciendo", puntualizó el diputado DC.

En esta misma línea, el parlamentario aseguró que la visión del Congreso Nacional es respetar todos los acápites que norman la ley municipal de construcción, y que por ende, no es un tema de ahorrar dinero, sino que de responsabilidades compartidas.

"Todos estos permisos tienen que pedirse en su momento por los plazos que los acompañan, y entiendo que la empresa constructora consultó todos los permisos que se tienen que solicitar, pues acá nadie quiere ahorrarse dinero, sino que es la empresa constructora la que tiene la obligación de solicitar todas las autorizaciones y permisos", afirmó el diputado Jorge Sabag.

Igualdad ante la ley

Por su parte, quienes también realizaron un análisis en torno a la compleja situación que hoy en día ostenta el Congreso Nacional y que lo mantiene enfrentado con el municipio de Valparaíso fueron el senador Francisco Chahuán (RN) y los diputados Gabriel Boric (MA) y Marcelo Díaz (PS, electo).

En este punto, los tres parlamentarios coincidieron en que el Congreso debe regularizar su condición de ilegalidad a la brevedad. Es más, el senador Chahuán argumentó que el Parlamento debe incluir estos pagos en su próximo presupuesto.

"Nadie está por sobre la ley, y por tanto, el Parlamento tiene que regularizar sus instalaciones en Valparaíso y pagar los derechos correspondientes. Para esto deberá buscar la fórmula en su presupuesto que permita pagar la deuda histórica con la ciudad, y en ese contexto, lo que esperamos es que todas las obras cumplan con los trámites correspondientes ante la DOM, como cualquier chileno", puntualizó el senador RN, quien añadió que "siempre es importante que el Congreso Nacional dé una señal de igualdad ante la ley, y por ende, la regularización de las modificaciones al interior del edificio deben pasar por todas autorizaciones pertinentes".

En tanto, el diputado Gabriel Boric fue sumamente crítico en torno al pago de la deuda que el Congreso Nacional mantiene con el municipio porteño, precisando que dicha situación "data desde la época en que arbitrariamente se decidió construir ahí. Época en donde las decisiones no se tomaban democráticamente y no se respetaban los cauces institucionales, y por lo tanto, la deuda sigue pendiente hasta hoy, la que además producto de que se han realizado diversas modificaciones, no ha prescrito, y por lo tanto, corresponde que se pague de una vez por todas, más aún considerando las ampliaciones que se están realizando por la llegada de nuevos parlamentarios".

En este punto, el representante del Frente Amplio situó su preocupación en torno a la señal que actualmente está dando el Parlamento al mantenerse funcionando en la ilegalidad, añadiendo que a raíz de dicha situación, el Congreso Nacional debe aportar al desarrollo de la ciudad que lo alberga.

"Si el Congreso no respeta la ley y no cumple sus compromisos, bien cabe preguntarse ¿cual es la señal que estamos dando como institución hacia la sociedad?, y por lo tanto, mi opinión es que esta deuda debe quedar saldada en su integridad antes, ojalá, de que asuma el nuevo Congreso en marzo y que además se aporte de alguna manera al desarrollo de Valparaíso", manifestó Boric.

Pagar antes de marzo

Finalmente, y desde el punto de vista de los nuevos parlamentarios que a partir del 11 de marzo asumirán un nuevo periodo en el Congreso Nacional, el diputado electo Marcelo Díaz estipuló que el Parlamento tiene una responsabilidad ética y jurídica que, según su opinión, debe cumplir en temas como la construcción de nuevas dependencias al interior del edificio.

"Si bien este debate se comenzó a gestar cuando yo no era diputado, soy de la creencia de que lo que la ley estima que debe ser pagado, hay que pagarlo y punto, sin más análisis, pues si bien las partes pueden ponerse de acuerdo y ver el mecanismo de pago, la ley es una y si considera que existen pagos pendientes. Se deben ejecutar, especialmente tratándose de instituciones públicas, las cuales, a mi juicio, están jurídica y éticamente obligadas a cumplir con la ley", manifestó el parlamentario PS.

En tanto, y sobre la posibilidad de saldar la deuda histórica que el Congreso mantiene con Valparaíso, además de poner en regla los permisos de construcción en la DOM porteña antes de que asuman las nuevas autoridades, Díaz precisó que ese es un anhelo que ve difícil de cumplir, pero que, sin embargo, se deberá ejecutar en el menor tiempo posible.

"Creo que va a ser difícil que esta situación se arregle antes de la llegada de los nuevos parlamentarios, porque nosotros asumimos el 11 de marzo y además la Cámara está en receso, pero que duda cabe que este es un tema que se ha planteado varias veces y es de esperar que se pueda resolver a la brevedad", manifestó el legislador.

"Acá nadie quiere ahorrarse dinero, sino que más bien es la empresa constructora a cargo del proyecto la que tiene la obligación de solicitar todas las autorizaciones y permisos".

Jorge Sabag, Segundo Vicepresidente de, la Cámara de Diputados"

"Mi opinión es que esta deuda histórica debe quedar saldada en su integridad antes de que asuma el nuevo Congreso en marzo, y que además, se aporte de alguna manera al desarrollo de Valparaíso".

Gabriel Boric, Diputado Frente Amplio"

40 nuevos parlamentarios recibirá el Congreso Nacional a partir de marzo a raíz del nuevo sistema electoral proporcional: cinco senadores y treinta y cinco diputados.

$ 500 millones en efectivo es el monto que el Congreso Nacional debe desembolsar para cancelar la deuda histórica que mantiene con el municipio porteño a raíz de los permisos de obra.

$ 1.000 millones por el concepto de compensaciones entregaría el Congreso Nacional a la municipalidad de Valparaíso tras regular su situación ilegal con los permisos de obra.