Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Opinión
  • Actualidad general
  • Deportes
  • Clasificados
  • Cartelera y Tv
  • Vida Social
  • Espectáculos

Justicia acoge recurso de protección de la Universidad Católica por la ley de aborto

SALUD. La casa de estudios cree que algunos estatutos de la normativa, aprobados el 22 de enero de este año, "vulneran garantías constitucionales" en materia de reglamentación de la objeción de conciencia. PRISIÓN. Persecutor a cargo, José Morales, descartó otro procedimiento para el acusado. BÚSQUEDA. La menor desapareció el viernes de la semana pasada en Licantén.
E-mail Compartir

Matías Jullian Velásquez

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró ayer admisible el recurso de protección presentado por la Universidad Católica contra el Ministerio de Salud por el reglamento de la objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales.

La institución considera que el estatuto que establece que los establecimientos que tienen convenio con el Minsal no pueden ser objetores de conciencia "vulnera garantías constitucionales y transgrede lo establecido en la ley".

En el texto presentado por la UC a la justicia se sostiene que "el protocolo establece un procedimiento para que las instituciones manifiesten su objeción de conciencia, procedimiento que puede culminar en la concesión o no concesión de este derecho, quedando así esta decisión al arbitrio de una Comisión".

En esa línea, la acción sostiene que "la Universidad se encuentra impedida de manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el solo hecho de haber suscrito el convenio de ejecución de acciones de salud con el Ministerio de Salud, lo que parece del todo arbitrario".

El director de Asuntos Jurídicos de la casa de estudios, Juan Esteban Montero, explicó que "la ley establecía un derecho y el reglamento del Minsal está estableciendo ciertas exigencias para poder ejercer este derecho y nosotros consideramos que no lo pueden limitar de esa manera".

El abogado, eso sí, admitió que no hay posibilidad de frenar la legislación que despenaliza el aborto en tres causales "porque es una ley de la República y hay que cumplirla; simplemente la ley estableció de forma muy específica que tenemos el derecho de objetar conciencia y hoy día este reglamento nos establece un montón de barreras y exigencias que no se condicencon el ejercicio libre de este derecho".

Abuso recursos

Ante el recurso interpuesto por la UC, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, manifestó que hacer abuso de esa instancia judicial podría obstruir la aplicación de la ley.

"Nosotros vamos a leer exhaustivamente el recurso de protección y hacer un análisis desde la perspectiva ética, porque hemos sido muy proteccionistas de la objeción de conciencia para nuestros profesionales y médicos, pero igual creemos que se puede hacer abuso de esa figura para obstruir la aplicación de la ley", dijo Siches a Emol.

"Nos parece que no tienen mucho sustento entendiendo que los roles de cada una de las instituciones tiene sus limitaciones. Si ellos fueran totalmente privados no tendrían ninguno de estos problemas. Al tener convenios con el Estado traen algunos compromisos y eso pasa con la objeción de conciencia a todo nivel, también personal", añadió.

En esa misma línea, la dirigente gremial sostuvo que "yo no veo tanto el problema porque eso es atención primaria. Entonces ellos detectan y diagnostican y en eso no pueden aplicar objeción de conciencia, porque la objeción es para el pabellón y el procedimiento".

"Este reglamento nos establece un montón de barreras y exigencias que no se condicen con el ejercicio libre de este derecho".

Juan Esteban Montero, Director Asuntos Jurídicos UC"


Fiscalía pide 8 años de cárcel para Rafael Garay por estafa reiterada

La Fiscalía Centro Norte presentó ayer una acusación en contra de Rafael Garay y pidió ocho años de presidio efectivo por estafas reiteradas para el ingeniero comercial, además de una multa cercana a las 30 UTM.

Garay es investigado por 13 estafas piramidales, delitos con los cuales el Ministerio Público, querellantes y víctimas (que ascienden a 29) lo acusan de provocar pérdidas por $1.700 millones. El fiscal José Morales, a cargo de la investigación, explicó que "el tribunal debe fijar una audiencia de preparación de juicio oral", para lo que tiene un límite de entre 25 y 35 días.

Morales señaló que la ley "permite llegar a un procedimiento abreviado", pero aseguró que "la idea de nosotros, como siempre lo hemos señalado, es llevar esto a un juicio oral efectivo en la medida de que las penas así lo establecen y que por ahora no se considera otro tipo de procedimiento".

Morales comentó que "la Fiscalía considera que la única atenuante que está acreditada y que procede en estos momentos es la atenuante de irreprochable conducta anterior, obviamente hay otras que han señalado las defensas, pero eso son ya materias de un pronunciamiento de fondo del tribunal".

Por último, el persecutor aseguró que "la investigación está cerrada desde el día de hoy (ayer), por lo tanto en la Fiscalía no hay más recepción de denuncias, pero entiendo que si no realizaron las denuncias prácticamente en un año, difícil que lo realicen ahora".

Sin embargo, el abogado defensor, Gabriel Celis, comentó a radio Cooperativa que aún tiene un plazo de 10 días para reabrir la investigación "por ciertas diligencias" ya que "no se han realizado todas", por lo que no se descarta esta petición.


Gobierno se querellará contra responsable de niña desaparecida

A través de la Intendencia de la Región de Maule, el Gobierno anunció ayer que se querellará contra quienes resulten responsables de la desaparición Emmelyn Canales, de 11 años, supuestamente secuestrada el viernes de la semana pasada en Licantén.

La acción judicial fue presentada como parte de un paquete mayor de medidas adoptadas por el Ejecutivo ante la gravedad del caso. Entre ellas está el envío de efectivos del Ejército para reforzar las labores de búsqueda de la menor y del supuesto secuestrador, José Navarro Labbé, de 31 años, quien cumplió condena por abuso sexual.

El Ministerio del Interior informó que, en total, serán 404 efectivos policiales y del Ejército que trabajarán en los operativos durante los próximos días, en una extensión de terreno de 30.000 hectáreas, para lo cual también se enviarán aeronaves.

Adicionalmente, en caso de ser requerido por el equipo de búsqueda en terreno, la FACh dispondrá de una aeronave del Servicio Aerofotogramétrico para efectuar tomas a través de imagen multiespectral.

El alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, dijo a radio Bío-Bío que el terreno donde se realiza la búsqueda es "dificultoso" y señaló que "nunca habíamos tenido una situación igual, de un rapto o algo de esa naturaleza".

de enero. En esa fecha se aprobó el protocolo de objeción de conciencia para la ley de aborto en tres causales. 22