Este artículo es un resumen del trabajo presentado en el Primer Congreso Internacional de Evaluación Social de Proyectos, CEPAL nov. 2017.
Al realizar un análisis de la inversión pública chilena con enfoque territorial, y en particular de las 16 regiones que hoy conforman el país, se pueden distinguir dos períodos: El primero comienza con la creación de los Gobiernos Regionales en el año 1993, y el segundo con el traspaso de competencias en materia de planificación regional, desde el Ministerio de Planificación hacia ellos, lo que ocurrió desde finales de la década señalada.
Enfoque territorial
Como una forma de dar respuesta a la creciente inquietud, de parte de los Gobiernos Regionales, en cuanto a la concentración de la inversión pública en las principales urbes del país, nacen: el Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas (PEDZE) en el 2014, las Zonas Extremas son: Región de Arica y Parinacota, Provincia de Palena y Comuna de Cochamó en Los Lagos, Región de Aysén y Región de Magallanes y Antártica Chilena, además del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT). Ambos apuntan a aumentar la inversión pública en territorios rezagados o rurales, la que debe regirse por las Normas de Inversión Pública que publica el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y que indican entre otras, la necesidad de evaluar socialmente cada iniciativa de inversión.
Evaluación social
En Chile, desde la implementación del Sistema Nacional de Inversiones, a mediados de los 80, se ha aplicado un único enfoque: el de eficiencia. Es decir se ha estimado la variación en el bienestar, provocada por la ejecución de un proyecto, igual a la variación en la utilidad. Así una evaluación costo/beneficio, obtendrá un mayor Valor Actual Neto o VAN social en la medida que exista un mayor consumo. Esto, pues a mayor consumo, mayor variación en la utilidad de las personas y por ende en su bienestar.
En una mirada territorial, existe un mayor consumo en aquellos territorios en que existe una mayor concentración de población o donde los habitantes tienen mayores ingresos. En forma opuesta, territorios con escasa población o con niveles de ingresos bajos, poseen también bajos niveles de consumo lo que lleva a que los proyectos no generen suficientes beneficios sociales que justifiquen una inversión, si estos son medidos bajo un enfoque eficientista.
Propuesta
Conscientes de lo anterior, hoy el MDS establece que los Planes de territorios rezagados, deberán evaluarse bajo un análisis costo/eficiencia, por ende la inversión pública buscará solucionar los problemas y disminuir las brechas presentes al menor costo. Ello conlleva a que territorios con menor población o ingresos, resolverán sus problemas con estándares de calidad menores al resto de los territorios.
Como una alternativa que apunta a disminuir estas limitaciones, se propone utilizar el criterio costo/beneficio, pero considerando que el Bienestar Marginal del Consumo (BMC) es diferente, al menos para los habitantes de estos territorios. La constatación de la inequidad territorial en la inversión pública se mide por las brechas existentes en los diferentes sectores presupuestarios. Así, se propone medir el BMC como el cociente entre el valor que se considera deseable o estándar, definido por una política pública o por las autoridades del sector: educación, salud, etc. v/s el valor real del territorio, podrá ser también el inverso, si el estándar es un valor máximo aceptable, por ejemplo niveles de contaminación.
De acuerdo a lo señalado, es posible obtener ponderadores de BMC para el sector salud por ejemplo, en una región determinada, mediante la relación entre el tiempo promedio para acceder a un hospital de primera categoría, desde un territorio rezagado, versus el tiempo promedio que existe en el país, o en la región o provincia, para acceder al mismo servicio.
Los valores resultantes de BMC serán usados para calcular el VAN social, por lo que su resultado estará considerando el tamaño de la brecha que se quiere disminuir. A mayor brecha, mayor valoración de los beneficios sociales que se generen y por ende mayor VAN social.
La ventaja de usar costo/beneficio como herramienta de evaluación, es que se determina la mejor solución al problema, y que no necesariamente es la solución de menor costo. Además, permite asegurar que todos los territorios caminan a tener un mismo estándar de calidad y servicio, al ser el cociente respecto a este valor el que entrega el valor de los ponderadores.
empresas y negocios