"La declaratoria fue su sentencia de muerte. El inmueble está abandonado actualmente". La declaración pertenece el director de la Inmobiliaria Casa Italia S.A., Renzo Arata, tras conocer que la Corte Suprema revocaba el recurso de protección que habían interpuesto en contra del Ministerio de Educación, instancia que había dictado la categoría de Monumento Histórico para la tradicional casona ubicada en calle Álvares, en Viña del Mar, entre los años 1914 y 1918.
De esta manera, la sociedad se verá imposibilitada a desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar y, por ende, demoler el inmueble donde hasta hace poco funcionaba un instituto de educación superior.
Buena, excelente, regular. Más allá de la valoración que cada uno pueda hacer de esta determinación de la Justicia, lo cierto es que este escenario abre nuevamente el debate -nunca resuelto- de qué hacer con los inmuebles que lleven alguna definición patrimonial y en donde sus dueños -legítimamente- quieran demoler o simplemente modificar la propiedad.
Arata, en este sentido, es claro. "Si el Estado valora patrimonialmente una propiedad (a través del Ministerio de Educación), que la expropie e indemnice a sus propietarios. Es simple igualdad ante las cargas públicas". Esta es la principal encrucijada a la que se ven expuestos quienes tienen alguna casa que pueda caer en esta categoría. Las restricciones son múltiples, sin embargo los beneficios escasos.
No se trata de apoyar la demolición en masa de estos inmuebles, al contrario. Sino más bien el cómo el Estado asume una función más activa considerando que tiene la potestad de decidir sobre un bien privado sin colaborar directamente con el futuro de ésta.
Frente a esta indefinición, el intendente Gabriel Aldoney aseguró que "comprarla (la Casa Italia) no es la última solución, hay un abanico de posibilidades, no es condición única que el Estado compre". A lo que agrega que "cuando se declara un bien con atributos patrimoniales, lo que está haciendo el Estado, no el gobierno, es reconocer que ese bien patrimonial tiene un efecto que va más allá del propietario".
Ya sea el Estado o el gobierno, lo cierto que hoy ese privado pierde el total control sobre la propiedad, por lo tanto, sufre un perjuicio que de alguna manera debería ser compensado. ¿Es necesaria una protección de inmuebles patrimoniales? La respuesta es un sí rotundo y claro. Ahí están los cimientos de la historia de las ciudades, sin embargo, se debe reconocer que la ley que permite esto es débil y debe ser urgentemente mejorada. No solo por la Casa Italia, sino por lo que ocurre en Valparaíso y muchas comunas de la región y del país donde la mayoría de estos inmuebles patrimoniales se encuentran en pésimas condiciones o, simplemente, terminan siendo abandonados tras la declaratoria.