El cambio de siglo nos hizo testigos de una ampliación sin precedentes de las libertades individuales. El derrumbe de los socialismos reales y el triunfo de la democracia representativa, el mercado y la globalización -en suma, del liberalismo- explican buena parte de este fenómeno.

Una de las consecuencias más visibles de este cambio de época es que la política ya no se resuelve en términos binarios, dictados al tenor de la Guerra Fría. Ahora los intereses que movilizan la sociedad son diversos y la política debe adquirir nuevas formas para gestionarlos. En la actualidad, las luchas no se centran en lo económico -como sucedió tras la revolución industrial-; se han extendido a cuestiones sociales y culturales donde el concepto inclusión resulta cardinal.

En el caso de Chile y Latinoamérica se suma el surgimiento de grandes capas medias que, como colectivo, presentan nuevas demandas y necesidades. La reflexión social, en este nuevo escenario, se ha volcado a comprender la exclusión social, en demérito de los estudios sobre pobreza que dominaron las ciencias sociales en décadas anteriores. Esto ha implicado una mirada multidimensional, pues la exclusión no puede abordarse a partir de los ingresos que un individuo o grupo familiar perciben, sino por un conjunto de variables como redes y oportunidades, capacidad de autodeterminación, equidad, entre otros.

Esto conduce a una contradicción profunda: un individuo con salario bajo, desempleado o pensionistas puede participar plenamente de la vida social en su entorno inmediato; por el contrario, una persona que presenta una situación financiera desahogada, puede sufrir una grave exclusión o rechazo social. Así, la inclusión -más allá de la desigualdad de ingresos-, es una forma ampliada de integración que busca entender fenómenos tan complejos como participación, género y diversidad sexual, medioambiente, etnicidad, discapacidad, etc.

En ese marco, el Centro Regional de Inclusión e Innovación Social de la Universidad Viña del Mar desarrolló el primer Índice Regional de Inclusión Social (IRIS 2017), una métrica multidimensional que analiza las condiciones de inclusión social por comuna en la Región de Valparaíso. No revisaremos aquí sus resultados (documento completo en criis.cl), pero sí adelantamos que en nuestra región la inclusión social enseña brechas significativas en las cinco dimensiones observadas, a saber, empleo, salud, educación, vivienda y género.

El IRIS es un instrumento que responde a la urgencia de la sociedad contemporánea de medir inclusión social. La ponemos a disposición de la comunidad a fin de mejorar la información disponible para el diseño de políticas públicas y enriquecer la toma de decisiones a nivel local.

Dr. phil José Rivera Soto

Director de Investigación y Postgrados UVM

El programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera deja establecido claramente que en el nuevo Ejecutivo hay plena conciencia sobre la necesidad de una efectiva descentralización. Expresa que ese tema "es una de las demandas más sentidas por las regiones y una necesidad para fomentar un desarrollo armónico que aproveche todo el potencial de nuestro país y otorgue iguales oportunidades a todos".

Insistiendo en la materia, el planteamiento de campaña hace un diagnóstico certero al afirmar que "la tradición centralista ha sido persistente en Chile" y ante lo cual se compromete una reacción sosteniendo que "por ello, distribuiremos poder desde Santiago hacia las regiones y desde las regiones hacia los municipios".

Estas afirmaciones de campaña deben articularse dentro de los cinco grandes acuerdos que Sebastián Piñera, ya elegido, plantea desde un balcón de La Moneda sobre infancia, seguridad, salud, Araucanía y desarrollo para derrotar la pobreza durante los próximos ocho años.

Todos y cada uno de estos grandes aspectos sobre los cuales se supone hay plena coincidencia tienen alcances regionales, de terreno, que alcanzan a las personas, a las familias, de todo el caprichoso territorio nacional.

Y así lo deben entender desde sus respectivos frentes, quienes se integran ahora al servicio público, mirando con apertura a todos los sectores tras ese objetivo programático de "distribuir poder".

Ello supone algo más que recursos y facultades en leyes y decretos. Supone, efectivamente, desprenderse de poder para entregarlo a regiones y municipios. Lo anterior significa derrotar la desconfianza, lubricar el aparato burocrático para lograr agilidad en las decisiones y mantener en el tiempo, en los hechos, una efectiva voluntad política descentralizadora.

Bajando al detalle, no tan detalle, Gloria Hutt, nueva ministra de Transportes y Telecomunicaciones, tiene como prioridad enfrentar ese monstruo devorador de recursos nacionales que es el Transantiago, pero también tiene claro, así lo dijo, que debe trabajar temas referentes al transporte en regiones, ferrocarriles y puertos. Alude incluso del Terminal 2 de Valparaíso, afirmando que se necesita capacidad portuaria adicional. "Lo que tenemos que ver -concluye- es cómo resolvemos los conflictos que hay en el momento".

Esa visión que va más allá de la demandante y anormal expansión de la gran capital, es positiva y, hay que suponerlo, se encuentra presente en todos los ministerios, subsecretarías y organismos públicos y también en las autoridades regionales designadas por el Ejecutivo.

Es responsabilidad de esas autoridades regionales, programa en mano y sin temor, exigir esa distribución de poder desde Santiago que consigna el documento de campaña, que no puede ser como una hoja otoñal de esas que se barren o se las lleva el viento.

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