Una dura crítica efectuó el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, al accionar jurídico del municipio porteño, luego que la Corte de Apelaciones resolviera dejar fuera a la administración consistorial como parte querellante en la causa por el delito de incendio con resultado de muerte del guardia municipal Eduardo Lara, hecho ocurrido el 21 de mayo de 2016.

El equipo jurídico municipal no podrá participar directamente del juicio oral que se sustentará contra los seis jóvenes acusados del hecho, debido a que sus abogados llegaron 30 minutos tarde a la audiencia de preparación, realizada el 21 de marzo. La municipalidad apeló e interpuso un recurso de nulidad, argumentando que la audiencia se inició con 30 minutos de anticipación a lo programado, petición que fue desestimada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ayer dejó definitivamente fuera de esta causa al municipio.

Ante ello, y tras participar la tarde de ayer en el aniversario 126 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el intendente precisó que este nuevo escenario judicial "facilita el proceso", por cuanto, explicó, "si se hubiese aceptado la solicitud de la Municipalidad de Valparaíso se corría el riesgo de perder no sólo el tiempo avanzado, sino la aceptación de la prueba presentada, que en estos casos son pruebas muy complejas".

En este sentido, el jefe regional reafirmó que "por una negligencia del abogado de la Municipalidad se habría obligado a rever nuevamente todas esas pruebas que, por una parte, alargan todo el proceso y hubiese puesto en riesgo que esas pruebas que se aceptaron (...) no se hubiesen considerado".

Y si bien Martínez emplazó al municipio a responder por sus acciones en este caso, aclaró que "la Intendencia fue muy diligente por el bien de la familia del afectado y de todos los porteños que lamentamos tanto su muerte".

En un comunicado previo enviado por la Intendencia, tanto Jorge Martínez como la seremi de Justicia, Amaia Arraztoa, aseveraron que "es impresentable que un abogado de una entidad pública llegue tarde a una audiencia y que posteriormente reclame por las consecuencias jurídicas de su propio actuar negligente".

En este mismo tenor, ambas autoridades también criticaron la no presentación de una acción civil en sede penal por los daños patrimoniales derivados de la destrucción total del edificio producto del incendio provocado por manifestantes, lo que fue calificado como una "falta de diligencia y preocupación", por lo que, argumentaron, "queda reflejada la poca importancia que atribuye al daño ocasionado a su propio patrimonio, ya que hasta la fecha no ha ejercido ninguna acción civil para exigir reparación del inmueble destruido por la acción vandálica".

Desde el municipio, y mediante un comunicado, acusaron que las palabras del intendente "responden a pretensiones políticas distantes de la actitud colaborativa que se mostraba en el gobierno anterior y que es propia de dos partes querellantes que comparten el mismo interés. Pareciera ser que la Intendencia sólo busca obtener réditos políticos de sus actuaciones más que pretender velar porque se haga justicia y contribuir al éxito de la causa.

Frente a la decisión de la Corte de Apelaciones, el municipio fue categórico: "Recalcamos que no se ha producido perjuicio alguno en el proceso, toda vez que la mayoría de las pruebas presentadas no dependían del municipio, sino que más bien del Ministerio Público y en menor medida de la Intendencia", agregando que "los derechos de la víctima y de su familia no se ven conculcados con la resolución, ya que la municipalidad no los representa judicialmente, sin perjuicio del interés general que se haga justicia".

En cuanto a las críticas por no presentar acciones legales por daños al inmueble consumido por las llamas, se aclaró que "el inmueble en cuestión no correspondía al patrimonio municipal, de tal forma que no existe legitimación activa para perseguir la responsabilidad civil derivada del incendio que precisamente afectó dicho inmueble. Respeto de los otros bienes comprendidos en el incendio, operaron los seguros que estaban comprometidos, por lo que el patrimonio municipal siempre ha estado salvaguardado".

SMA aclaró que no hay investigación contra AES Gener por emanación

El director de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Sergio de la Barrera, aclaró que la entidad no inició ningún proceso de fiscalización en contra de la empresa Aes Gener por la emanación de carbón que hubo desde la empresa el pasado jueves, en Ventanas, Puchuncaví. Esto porque el episodio ocurrió en la Unidad 2, sector que no tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA), por lo tanto no sería competencia de la SMA realizar la fiscalización al respecto. "Lo de Aes Gener fue una contingencia en la Unidad 2 del complejo termoeléctrico y esta unidad no tiene RCA. Al no contar con esta resolución no es competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sí, está unidad 2 tiene que cumplir la norma de emisiones por el decreto 13 ,y ahí lo que se fiscaliza son las emisiones por chimenea, no tiene contemplado un compromiso o medidas asociadas al hecho" dijo Sergio de la Barrera.

"Por una negligencia del abogado de la Municipalidad se habría obligado a rever nuevamente todas esas pruebas que (...) alargan todo el proceso"

Jorge Martínez, Intendente"

Corte de Apelaciones celebra 126 años con homenaje a expresidentes del tribunal

Con el descubrimiento de una placa conmemorativa que recuerda a los 73 ministros que han presidido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se realizó ayer la ceremonia de conmoración de los 126 años de historia del tribunal de alzada. Su presidenta, Rosa Aguirre Carvajal, subrayó en su discurso el rol de la mujer en la judicatura, a través de la figura de la ministra y expresidenta de la corte porteña, Fanny Leibovich, quien fue la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del poder judicial. La ceremonia contó con la presencia de autoridades regionales, como el intendente Jorge Martínez.

Mineduc confirma que traspasó recursos a CMQ para pagar sueldos

El Colegio de Profesores de Marga Marga confirmó ayer que presentarán una demanda en la Inspección del Trabajo y una denuncia ante la Superintencia de Educación de Valparaíso por el no pago de los sueldos a un grupo, hasta ahora, indefinido de profesionales.

La presidenta provincial del gremio, María Cecilia Manríquez, sostuvo que la Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) se había comprometido a regularizar la situación la semana pasada, pero que hasta la tarde de ayer aún existían profesores sin sus sueldos correspondientes al mes pasado. "Con los sueldos de las personas, que es un derecho, no se juega", dijo la dirigenta.

Al respecto, la nueva seremi de Educación de Valparaíso, Patricia Colarte, confirmó que en marzo transfirieron más de $600 millones en materia de subvención regular a la CMQ, la que "se comprometió a regularizar la situación con los docentes".

"Pareciera ser que la Intendencia sólo busca obtener réditos políticos de sus actuaciones más que pretender velar porque se haga justicia y contribuir al éxito de la causa"

Municipalidad de Valparaíso"