"Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que el país pueda crecer"
Gloria Hutt
Ministra de Transportes manifestó su respaldo al T2
"Mientras la Contraloría y el Ministerio Público no entreguen los antecedentes, yo no me voy a manifestar"
Virginia Reginato
Alcaldesa de Viña del Mar
El año pasado la noticia de que el ministro de Educación francés prohibiría el uso de teléfonos celulares en las salas de clases generó un intenso debate respecto de la pertinencia de la medida y sus reales alcances. Por otro lado, un reciente estudio de la Universidad de Los Andes en Chile, realizado entre estudiantes de 10 y 18 años, muestra que el 59% de los niños recibe su celular antes de los 10 años, el promedio de uso diario es de 6,8 horas y en el 88% de sus establecimientos escolares existen normas para su uso, pero esta norma consiste en la mayoría de los casos en guardarlo durante las clases. Pese a ello, el 87% declara llevarlo a clases todos los días y un 71% lo usa en la sala de clases.
Esto da cuenta que en nuestro país, donde cada establecimiento a través de su reglamento de convivencia regula el uso del celular, la prohibición de usarlos es letra muerta e impracticable, además de contradictoria al distanciarlos del entorno tecnológico y mediático en que hoy están aprendiendo y se están desarrollando los estudiantes. Con medidas como esta las instituciones educativas, junto con perpetuar prácticas tradicionales, no se hacen cargo de acompañar a los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de sus habilidades digitales, así como promover el desarrollo de sus habilidades cognitivas de orden superior al plantearles una actitud más crítica y reflexivas respecto de los usos y prácticas con las tecnologías.
El avance tecnológico resulta hoy imparable y no tiene mucho sentido demonizarlo, ya que tanto jóvenes como adultos muy probablemente no podrían vivir sin la tecnología, pero tampoco se trata de entregarse por completo a su dominio. Estos recursos presentan amenazas y oportunidades. Por eso es importante más que prohibir, dialogar y acompañar en su uso, enseñar a utilizarlos de manera más creativa, vinculadas con el mundo real, convirtiendo al estudiante no sólo en consumidor de contenidos, sino que también en productor a través de formatos que le sean más cercanos y atractivos.
La invitación es, por un lado, a que tanto docentes como estudiantes prendan sus celulares en clases para hacer de esta tecnología un aliado más para el aprendizaje, proponiendo cambio en los roles, en las interacciones y en la forma como se construye el conocimiento, a través de ambientes de aprendizaje innovadores, desafiantes y conectados con las necesidades y problemas de su entorno. Pero también, si se quiere educar en el uso de las tecnologías en general, y del celular en particular, sería un error confiar todo en la institución educativa, ya que el ejemplo que pueden dar los educadores y los padres es clave para formar en este aspecto, como en muchos otros. Nada se sacará con prohibir lo que no se practica.
Jaime Rodríguez M.
Director Centro de Investigación TEKIT UST
Las autoridades de Chile están atentas al estado sanitario de los países vecinos. Hay información que en el Callao, en Perú, la peste amarilla ha disminuido, pero en la ciudad de Lima ha crecido horriblemente. Ha habido días con 270 muertos. Las autoridades han prohibido las noticias.
El primer alcalde, Víctor Donoso, que encabeza las nuevas autoridades de la comuna de San Francisco de Limache, llegó ayer al edificio municipal. Sin embargo, el acceso a sus futuras oficinas le fue negado por funcionarios. Víctor Donoso hizo la denuncia en el Juzgado de Letras de la ciudad.
Para evitar ser enviado a la Cárcel de Valparaíso, el detenido Haroldo Cáceres Reyes, de 18 años, se lanzó a través de una ventana del tercer piso del cuartel de Investigaciones ubicado en esta ciudad. Tras ello, el individuo fue llevado a la Posta de Emergencia en grave estado, aunque sin riesgo vital.
La arremetida del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en pos de convencer al Congreso y al Gobierno de la necesidad de tramitar una Ley Valparaíso, por la cual las empresas portuarias tributen en sus respectivas ciudades, vivió un extraño minuto de indefinición el pasado jueves en la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, donde fueron invitados los miembros de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero y el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.
Al respecto, y sin pelos en la lengua, el jefe comunal calificó la exposición del funcionario estatal de "débil y poco clara", respecto de lo que el Gobierno quiere o pretende hacer en materia de Ley de Puertos.
Todo esto, en un contexto algo farragoso, tras la entrevista concedida por el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, a El Mercurio de Valparaíso, en la cual expresó la voluntad gubernamental de avanzar en una descentralización fiscal general vía tributos a proyectos específicos antes que involucrarse -al menos en los dos primeros años de Gobierno- en bajadas regionales o locales particulares.
Sobre el mismo hecho, algunas voces, como las del senador oficialista Francisco Chahuán, también suenan algo desmedidas, como cuando emplaza al Presidente Sebastián Piñera a responder sobre su efectiva voluntad de "avanzar o no en la necesidad ineludible de definir e implementar los estatutos de las ciudades puerto".
Tal transversalidad, que por lo menos hasta antes de ser nombrado jefe regional, era también compartida por el actual intendente, Jorge Martínez Durán, pareciese ser una de las grandes apuestas regionales y, por mucho que le pese a todo el mundo, finalmente la última palabra la tendrá el Presidente Piñera, quien se ha comprometido a estudiar el tema, faceta general e históricamente despreciada por los gobiernos de la actual oposición. Por lo mismo, no suena muy inteligente tal beligerancia. No estará de más recordar la decepcionante cita de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto y Borde Costero con el entonces candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, encuentro calificado como "una oportunidad perdida" por el propio Sharp.
Si bien las ideas sobre redistribución de los ingresos no son desdeñables, tampoco son nuevas (Iquique ya buscó instalar un royalty portuario con magros resultados). Hoy, más allá de voluntades, el camino debiera ir por la Ley 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, tal como lo han planteado recientemente Martínez y Sharp.