Cristián Rojas M.

Todo estaba dispuesto en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso para dar inicio al juicio oral contra Rodrigo Araya Villalobos, Hugo Barraza Araya, Nicolás Bayer Monnar, Constanza Gutiérrez Salinas, Felipe Ríos Henríquez y Miguel Varela Veas, imputados por incendio con resultado de muerte y porte de bomba incendiaria en el caso del guardia municipal de Valparaíso Eduardo Lara, que murió calcinado el 21 de mayo de 2016 en el edificio de Las Heras con Pedro Montt, en medio de una protesta. Sin embargo, los jueces, previa consulta con las partes, lo suspendieron hasta el próximo martes 29 de mayo, a las 9 horas, a la espera que la Corte Suprema resuelva el recurso de reposición que interpuso la Municipalidad de Valparaíso, que busca ser reintegrada como parte querellante, luego de su exclusión por haber llegado tarde a la audiencia preparatoria del juicio oral.

La resolución de la Corte Suprema podría tardar hasta seis semanas, de modo que si el próximo martes no está la respuesta sobre si acoge o rechaza el recurso, el juicio oral se iniciaría recién en noviembre, ya que el tribunal no tiene más espacio en su agenda.

Consultado al respecto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, descartó desistir de la causa y subrayó que "el municipio fue objeto de una decisión judicial que no compartimos y creo que la necesidad de lograr justicia para don Eduardo nosotros la mantenemos, es por eso que le hemos solicitado a la Corte Suprema que se pronuncie. Básicamente hubo un error en la forma en que fue citado el abogado municipal, lo que hizo que no pudiera participar en la causa, un error por parte del juez de garantía del tribunal".

Sharp enfatizó que "no creemos que esto entorpezca en ningún caso la correcta realización de la causa, no va a significar tampoco retrotraer nada, sino que simplemente incorporar al municipio como parte. Nosotros consideramos que es sumamente relevante aquello y esperaremos la respuesta de la Corte Suprema".

Sin embargo, según explicó el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, el juicio no se iniciará hasta que la Corte Suprema resuelva, pues si comienza antes, "en el evento que aquello fuera acogido, trae un trasfondo importante en un juicio que va a estar desarrollándose y que podría, eventualmente, retrotraer el proceso a etapas anteriores".

Si bien Andrade no quiso calificar el actuar municipal en esta causa, sostuvo que "evidentemente, trae consecuencias procesales, hoy estamos viendo una de ellas".

Uno de los querellantes es la Intendencia de Valparaíso, y el jefe regional, Jorge Martínez, señaló tras conocer la suspensión que "una vez más, en forma contumaz, la Municipalidad de Valparaíso ha seguido interponiendo recursos procesales, ahora insistiendo ante la Corte Suprema con un recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó su mismo recurso de queja, lo que vuelve a modificar la fecha de vista de la causa y nuevamente se posterga el enjuiciamiento a los culpables, lo que es una actitud que no podemos entender".

Según Martínez, "todos los esfuerzos que han hecho para volver al procedimiento no sólo han hecho alargar el inicio del juicio oral, sino que pueden incluso, si la Corte Suprema acoge el recurso de reposición, llegar a suspender el juicio hasta el mes de noviembre".Para el abogado defensor del imputado Miguel Varela, Nelson Miranda, la suspensión supone una complicación "para todos, hay gente que pidió vacaciones para poder asistir, testigos que viajaron de otros lados, también algunos imputados que vienen de otras ciudades, así que es una pérdida de recursos y de tiempo importante. Lo mismo para la familia, que me imagino que lo único que quiere es que en algún momento esto tenga una resolución para poder seguir con sus actividades".

Consultado sobre si concuerda con el intendente en que la Municipalidad debiera restarse de este juicio para así evitar más retrasos, Miranda señaló que "es evidente, si ya se declaró su abandono de la querella, tanto por el tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Asimismo, se rechazó un recurso en la Corte Suprema. Entonces, esto ya parece una actitud contumaz por parte de la Municipalidad de no asumir sus responsabilidades o irresponsabilidades en lo que respecta a la representación de los intereses de un trabajador".

Por su parte, el defensor público de Valparaíso Franco Lemus planteó que la suspensión y posible retraso hasta noviembre es un contratiempo "lamentablemente para nosotros también, que tenemos interés en que esta cuestión judicial se debata y resuelva lo antes posible".

Para Boris Lara, hijo del guardia fallecido en 2016, "todas esas negligencias del municipio ellos las tendrán que ver en forma interna y saldrán a la luz en algún momento".Sobre la posibilidad de aplazar el juicio hasta noviembre, estima que "es mucho tiempo, porque, independiente de la agenda que tenga el tribunal, llevamos dos años esperando tener un resultado".

En ese sentido, su hermano, Luis Lara, consideró la suspensión y el posible retraso hasta noviembre como "lamentable, porque yo creo que ellos (la Municipalidad) como institución están buscando, a lo mejor, un bien mayor, pero resulta que en este caso es un contratiempo para nosotros como familia. Yo en lo personal tuve que acotar mis tiempos, solucionar temas particulares, mis hermanos igual, hay uno que viajó anoche del sur, venía a este trámite y ahora se tiene que devolver sin haber conseguido nada".

Para Luis, "la Municipalidad en este momento, en vez de ser un aporte, no está siendo un aporte, porque demorarnos una semana más, y tal vez no una semana, sino que a noviembre, o sea, son casi seis meses más. Para nosotros, como familia, es molesto".

Con respecto a sus representados, el defensor Lemus aseguró que "no participaron del hecho" que terminó con la vida de Eduardo Lara y planteó que "existen algunas pruebas que no son fiables, porque no gozan de la garantía constitucional del debido proceso", agregando que al revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad "no puede afirmarse que sean ellos".

Sobre ese punto, el fiscal Andrade remarcó que "todas nuestras pruebas fueron validadas en la audiencia de preparación del juicio oral, por lo tanto, no tienen vicios de ilegalidad, o sea, acá no hay ninguna prueba que haya sido obtenida con vulneración de garantías fundamentales y por algo el Tribunal de Garantía en su momento las validó".

En tanto, Boris Lara cree que los imputados son, efectivamente, los responsables de la muerte de su padre, por lo que espera que "se haga la justicia que corresponde" y advirtió que, una vez concluido el juicio oral, la familia interpondrá acciones civiles.

Al respecto, su hermano Luis precisó que esas acciones civiles serían contra "todos los participantes de las irresponsabilidades que generaron este fallecimiento de mi padre", lo que podría incluir "no sólo al municipio, sino además a otras instituciones del Estado que debieron haber puesto un mayor esfuerzo al dar este tipo de autorizaciones".

"Esto ya parece una actitud contumaz por parte de la Municipalidad, de no asumir sus responsabilidades, o irresponsabilidades"

Nelson Miranda, Abogado de un imputado"

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Podemos generar un nuevo atractivo con un bulevar donde la coordinación entre municipio y empresarios se transforme en un gancho"

jaime varas, concejal de Viña del Mar, sobre avenida San Martín