Con el fin de solicitar que las gestiones para la construcción de una Comisaría en el sector de Forestal Alto se puedan acelerar, entre otros temas de importancia para la comuna, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, se reunió con el director de Carabineros, general Hermes Soto.

En el encuentro que se realizó en el edifico institucional en Santiago, la jefa comunal planteó la necesidad y urgencia que tiene este proyecto para potenciar la seguridad de los vecinos y para cuyo desarrollo la Municipalidad de Viña del Mar traspasó en 2015 un terreno en comodato por 99 años a Carabineros.

"Hemos tenido a muy buena recepción por parte del general director, a quien le planteamos las necesidades de la ciudad en materia de seguridad, pero específicamente lo relacionado con la Comisaría de Forestal, que es una necesidad", precisó la alcaldesa.

Alexis Paredes R.

El informe final N° 209 de la Contraloría Regional, elaborado por la Unidad de Control Externo que inspeccionó la ejecución de las obras de la licitación pública del proyecto "Conservación Avenida España, tramo Nudo Barón hasta sector Puente Capuchinos", detectó una serie de irregularidades en el desarrollo de los trabajos.

Producto de esta situación, el órgano contralor instruyó la apertura de un sumario administrativo al interior del Serviu por la eventual responsabilidad de funcionarios que autorizaron la subcontratación de obras que no estaban contempladas en la oferta inicial del contratista por montos que bordean los $ 1.700 millones, equivalentes al 42% del costo total del contrato adjudicado, que alcanza los $ 4.025 millones. Dicha situación es considerada como una "grave irregularidad" amparada por funcionarios del mencionado servicio estatal.

Cabe consignar que la fiscalización tuvo por finalidad constatar que dicha obra se ajuste a la normativa vigente, bases administrativas y prevención de riesgos relacionados con la ejecución de dichos trabajos.

El examen además advierte al Gobierno Regional que un eventual aumento de obras para subsanar las falencias en materia de seguridad vial detectadas en un informe de la Conaset, cuyo monto ya fue aprobado por casi $ 800 millones, debe "adoptar las medidas indispensables para el debido resguardo de los recursos públicos".

Cabe recordar que los trabajos de la avenida España se iniciaron el pasado 15 de enero y fueron adjudicados por el Serviu Regional a la empresa constructora Waldo Sánchez Correa, proceso que en su licitación enfrentó una serie de reparos administrativos por parte de la propia Contraloría, que retrasaron la toma de razón durante la gestión del anterior intendente, Gabriel Aldoney (PS), quien en primera instancia había cuestionado la calidad del proyecto. Sin embargo, finalmente dio el visto bueno para su definitiva licitación.

Fue el propio Serviu, durante la administración de Carlos Contador (DC), que elaboró las bases, actuó como mandante y con personal a cargo de la Unidad Técnica de las obras, que se financian con aportes del Gore, Transportes y la Subdere.

En uno de sus puntos esenciales sobre la subcontratación de obras, el informe de Contraloría da cuenta que el adjudicatario subcontrató a la Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix S.A. para ejecutar la partida "Suministro y colocación de carpeta asfáltica" y a la Constructora Ecmovial Limitada para el desarrollo de las partidas "Suministro y colocación de carpeta geonivelante y geogrilla", "en circunstancias que la oferta presentada por dicho contratista consigna que se subcontrataría únicamente la operación de semaforización".

Además, llama la atención a la Contraloría Regional que ambas empresas participaron en el proceso de licitación pública, "la primera en sus etapas iniciales y la segunda como oferente".

El informe consigna que "el Serviu admitió la subcontratación de labores que no estaban consideradas en la oferta del contratista, lo que incluso ha podido dar lugar a la resolución del contrato administrativamente sin derecho a indemnización", por lo que "corresponde que dicho servicio instruya sumario administrativo para perseguir la responsabilidad de los funcionarios que, apartándose de lo establecido en el reglamento (Decreto N°236), permitieron la materialización de esta grave irregularidad".

Otros aspectos advertidos en la fiscalización dan cuenta del retraso en el inicio de las labores de asesoría a la inspección, equipo de asesoría incompleto, desfase en la implementación del plan de mitigación de tránsito, se verificó el aumento de obras -ejecución en tres ocasiones de cuña de acceso al puente Capuchinos, disminución de la semaforización en Yolanda y cerro Barón- sin el análisis técnico y económico que acredite que no se produjo un desequilibrio en favor de alguna de las partes.

Sobre el resultado del informe, el intendente Jorge Martínez sostuvo que "en base a un informe que envió la Dipres, se soluciona el tema de las obras de seguridad de la avenida España. A través de una documentación final que nos ha pedido el contralor regional vamos a poder tener, esta semana o la próxima, la toma de razón definitiva de la obra de avenida España para poder entregarla con las medidas de seguridad mínimas".

Respecto a las irregularidades, algunas consideradas "muy graves" y que obligan a un sumario, el personero dijo que "le hemos pedido al contralor poder colaborar en ese sumario que se ha ordenado instruir dentro del Serviu, porque aparecen faltas que podrían ser constitutivas de hechos de mayor gravedad".

Martínez insistió que, pese a los cuestionamientos a la ejecución de las obras y ante la premura de finalizar los trabajos de seguridad vial, "si la empresa contratista cumple con ciertos requisitos de transparencia y legalidad absoluta, nos gustaría terminar, por un tema de tiempo, las medidas de seguridad con ellos. Si no fuese así, nos demoraremos más y lo haremos con una licitación abierta, pero no vamos a incurrir en ninguna ilegalidad".

hábiles tiene el Serviu para disponer el sumario administrativo, tras el informe evacuado el 24 de mayo. 10 días

"Lo denunciado por los concejales de Valparaíso, que incluso son cercanos a la gestión del alcalde Jorge Sharp, es muy grave porque habla de una dictadura que esta administración busca instalar en la municipalidad". Con estas palabras el diputado Osvaldo Urrutia (UDI) describió los posibles vicios vinculados a la votación de la modificación parcial del Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso llevada a cabo el martes recién pasado.

"No puede ser que cuando al alcalde no le guste una votación simplemente le dé una rabieta de niño chico inmaduro y haga que se retrotraiga todo pasando por todas las normas legales existentes", añadió el parlamentario, quien hoy acudirá a la Contraloría Regional de Valparaíso para presentar un oficio que tiene como principal objetivo solicitar "una fiscalización relativa a la legalidad de las votaciones efectuadas, a los resultados de estos actos y a la posible infracción al principio de probidad administrativa, particularmente a raíz de la actuación del alcalde Jorge Sharp".

En esta línea, el diputado UDI manifestó que su motivación es que la Contraloría determine la legalidad del proceso para no afectar el proceso que la modificación parcial al PRC debe sortear en el Minvu.

"Le estamos solicitando a la Contraloría que se pronuncie para determinar si la votación de la semana pasada es legal, ya que, a mi juicio y en consulta con varios abogados que conocen del tema, ésta sería ilegal porque no se puede votar dos veces sobre un mismo tema y no revocando lo votado en una primera instancia", argumentó.