Javier Ossandón
Duras sanciones, que consideran una millonaria multa y la disolución del gremio, pidió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC) y 111 médicos locales con especialidad en cirugía por la fijación de aranceles, lo que, a criterio de la entidad, suplanta la competencia como mecanismo de determinación de precios.
La decisión se tomó tras una extensa investigación que se inició tras recibir el 4 de mayo de 2012 una denuncia de un facultativo, en ese entonces director de un hospital, quien fue expulsado del organismo por no respetar los valores establecidos por el gremio.
En este caso, según consta en la indagación de la FNE, "el denunciante implementó un servicio paquetizado que permitía a los pacientes prepagar un valor fijo, conocido de antemano, por una prestación. Bajo esta modalidad, los honorarios médicos quirúrgicos eran inferiores a los acordados por la AGC".
En efecto, el denunciante implementó en el Hospital Clínico Viña del Mar un plan denominado "Cheque Consalud", que se traducía en "una forma de prepago para una cirugía programada que permite asegurar el valor final de la operación" y "el mejor precio en la cuenta final"
Ante ello, y "mediante carta del 4 de abril de 2012, se le comunicó al denunciante la decisión unánime de la Directiva de la AGC de suspenderlo por 120 días en sus derechos como asociado. Según la misma comunicación, la medida se fundó 'en el alejamiento manifiesto que Ud. ha sostenido respecto de los acuerdos mínimos, básicos y esenciales que todos quienes voluntariamente adscribimos a la AGC nos hemos auto otorgado'".
La directiva de la AGC, consignó en el requerimiento la FNE, "comunicó esta decisión a sus asociados y solicitó a todas las isapres con las que la AGC tenía convenios la inmediata desafección del denunciante. En noviembre de 2012, el denunciante fue expulsado de la AGC por haber 'repetido y mantenido' los hechos que dieron lugar a su suspensión".
Frente a esto, argumentó "que los médicos especialistas han acordado, al menos desde 1985, actuar de manera colectiva en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios".
La Fiscalía Nacional Económica precisó que los 111 médicos requeridos "son aquellos que han realizado una cantidad relevante de prestaciones al precio colusivo. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de éstos con las Isapres y en el monitoreo y sanción de los desvíos".
Asimismo, puntualizó que la AGC "ha operado como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivo y que ha implementado y ejecutado el referido acuerdo mediante la suscripción de convenios con instituciones de salud previsional (Isapres) abiertas".
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, puntualizó que "consideramos muy grave la conducta de estos médicos que, al menos desde 1985, han usado a su asociación gremial para fijar de manera concertada los valores de sus consultas y procedimientos quirúrgicos, entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad, como es la salud".
En su investigación, la FNE constató que la participación de la asociación gremial en el acuerdo anticompetitivo "ha trascendido a las variaciones en su nómina de asociados y directivos, constituyéndose en un objetivo de la misma, desnaturalizando sus fines como organización gremial". De igual manera, se detectó que el cumplimiento del acuerdo es obligatorio para los socios y que su acatamiento ha sido permanentemente monitoreado, condicionando su permanencia en la asociación gremial.
A la luz de este hecho, la Fiscalía pidió al TDLC que aplique una multa de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a casi $ 569 millones) a la asociación gremial y que este monto sea pagado solidariamente por los médicos requeridos. Además, solicitó que ordene la disolución de dicho gremio.
Esta es la tercera vez que la Fiscalía pide al TDLC la disolución de una asociación gremial debido al rol que éstas han ejercido en acuerdos colusorios. De hecho, el segundo gremio disuelto fue la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia del Ñuble, situación que fue recordada por el diputado, médico y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro.
"Ojalá no corra la misma suerte la Asociación de Cirujanos de la Quinta Región", precisó el también expresidente del Colegio Médico de Chile, afirmando, no obstante, que "este es un hecho delicado y grave, porque teniendo todo el derecho los médicos a agruparse por especialidades, el espíritu de mantener la libertad de precios en las atenciones quirúrgicas es el punto que ha sido reivindicado por la FNE".
Recordó que la instancia que preside recibió tanto al fiscal nacional económico como a la AGC. Por ello, remarcó que "conocemos de lo que estamos hablando y lamento que se haya visto envuelta la Asociación de Cirujanos en esta situación, pero creo que aquí ya sólo cabe que el Tribunal de la Libre Competencia falle si acoge este recurso y qué conducta va a tener, porque se está pidiendo una multa bastante millonaria y la acusación que se hace es grave, porque en la práctica se está tratando de señalar que aquí hay una colusión de precios que atentaría contra la libertad de los cirujanos de fijar libremente las prestaciones y sus valores en el mercado, en este caso la Quinta Región".
A su juicio, la AGC "ha actuado de buena fe, no veo una acción delictiva, transgresora de la ley, pero creo que la FNE está haciendo una acusación seria y por ese motivo me parece que ante la gravedad del caso, dado que esto se arrastra por mucho tiempo, amerita una explicación judicial, económica y pública también de la Asociación de Cirujanos de los hechos que aquí se están denunciando".
Este Diario intentó obtener la opinión del presidente de la AGC, Arturo Paillalef. Sin embargo, fueron infructuosos los intentos.
"Este es un hecho delicado y grave, porque teniendo todo el derecho los médicos a agruparse por especialidades, el espíritu de mantener la libertad de precios en las atenciones quirúrgicas es el punto que ha sido reivindicado por la FNE"
Juan Luis Castro
Dpitado (PS) y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara"
