Cristián Rodríguez F.
De no existir ninguna voluntad política ni un cambio en la normativa, la Provincia de Petorca se convertirá en una zona de sacrificio en aras de un negocio de alta rentabilidad. Esa es la conclusión a la que ha llegado la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien por varios años ha estado involucrada en el conflicto que enfrenta la zona interior de Valparaíso y que, en las últimas semanas, ha vuelto a tomar relevancia tras una serie de reportajes internacionales que pusieron en tela de juicio la producción agrícola en la zona, principalmente de paltas.
Respondiendo a dicha situación, esta semana la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que preside Muñoz, decidió citar en una próxima sesión al fiscal nacional, Jorge Abbott, para que justamente dé cuenta de las investigaciones que el Ministerio Público ha liderado sobre las denuncias por la eventual usurpación de aguas que afecta a Petorca.
"La exportación de paltos es una actividad económica donde los empresarios tienen mucho en juego. Ellos tienen sus producciones y este debate que se ha generado les provoca incertidumbre y temor a que el negocio, que está sustentado por un abuso en el uso de los derechos de agua, se les caiga", expuso la senadora.
- ¿De qué manera la participación del fiscal nacional puede ayudar a solucionar este conflicto?
- Aprobamos citarlo porque queremos que él nos dé cuenta de cuántas solicitudes de fiscalización por denuncias de robo de agua están atascadas en la Fiscalía, porque entendemos que hay varios trámites judiciales que permanecen así.
- Como diputada usted presidió una comisión investigadora que indagó la eventual extracción ilegal de agua y áridos. ¿Cree que el agua se ha estado robando?
- Sí claro. Hay robo de agua no sólo en La Ligua y Petorca, sino que en muchos ríos, como en mi región (Coquimbo), donde para nosotros la comuna de Combarbalá -al igual que Petorca en Valparaíso- es el epicentro de la sequía. El sólo hecho de que el Estado se haya gastado $ 92 mil millones en adquirir agua a través de camiones aljibes demuestra que aquí ha sucedido algo con la oferta del agua, que empezó a marginar a las personas y la balanza se terminó inclinando hacia la actividad productiva. Y no bastó con que en se siguieran entregando derechos provisionales pese a la declaración de escasez hídrica en la cuenca de los ríos la Ligua y Petorca, sino que a través de drenes las empresas siguieron robando agua que le pertenecía a las sanitarias y a los pequeños agricultores.
- La duda está en por qué se sigue cultivando. ¿Hay una responsabilidad compartida del Estado?
- Aquí hay una falla de gestión y de administración del recurso, que es responsabilidad del Estado, particularmente del Ministerio de Obras Públicas. Y eso ocurre porque también hay una falla en la normativa, porque en la medida que la ley no establezca que el agua es un bien nacional de uso público y que el Estado tiene las facultades para regularla, no vamos a avanzar. Hoy no existen las prioridades ni un mecanismo para controlar su uso.
- Precisamente, el nuevo Código de Aguas sí considera el agua como un bien nacional de uso público...
- Sí, pero el drama es que no hemos podido aprobarlo en el Senado, pese a que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados tras cinco años de tramitación. Estuvo más de un año en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y ahora lleva unos siete meses en la de Agricultura. Pero no hay voluntad por avanzar en la tramitación a raíz de los intereses económicos que existen detrás, fundamentalmente de los grandes exportadores agrícolas.
- ¿De la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) específicamente?
- Sí, la SNA ha sido uno de los más resistentes y los que han hecho un fuerte lobby en la Cámara y en el Senado, y hoy, por cierto, a través del Ministerio de la Agricultura. Hoy la resistencia está dada porque la nueva ley obliga a que se revise de qué forma se están usando los derechos de agua. ¡Pero hay que hacerlo!, porque por muy propietarios que hoy sean, hay que fiscalizar si el agua se está usando o no, porque hay una casta de especuladores que toman los derechos -gratuitos y a perpetuidad que les entregó el Estado- y, valga la redundancia, especulan con ellos.
- ¿Qué ocurrió finalmente con la propuesta constitucional que usted lideró y que declaraba el agua como un bien nacional?
- Pasó lo mismo. Si bien había sido aprobada en la comisión, al final no fue posible debatirlo en sala porque hubo una resistencia y un lobby muy fuerte de parte de la SNA.
- ¿Un avance en qué sentido se requiere para que este conflicto finalmente se aclare?
- Se requiere de una intervención directa del Estado a través de un programa radical que logre alterar todo lo que está sucediendo. Se debe conformar una política de intervención inmediata y radical en los territorios que garantice, al menos, el consumo de agua. No podemos aceptar que el 100% de una población, como ocurre en Cabildo, acceda al agua sólo a través de camiones aljibes.
- ¿Y en este tiempo ha visto que el Gobierno tome algún tipo de posición sobre el tema?
- Hasta ahora no, sólo al ministro (Juan Andrés) Fontaine (MOP) que dijo que enviarán una indicación sustitutiva para dar mayor certeza a los dueños de los derechos de agua.
"La Sociedad Nacional de Agricultura ha sido uno de los más resistentes y los que han hecho un fuerte lobby en la Cámara de Diputados y en el Senado""
"Hay robo de agua no sólo en La Ligua y Petorca, sino que en muchos ríos, como en Coquimbo, donde la comuna de Combarbalá, al igual que Petorca, es el epicentro de la sequía en el país"