Katherine Escalona M.

"Están en su derecho de pedir la investigación que quieran, no creo que haya un problema ahí. Que se hagan las investigaciones que correspondan". Así de tajante fue el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, al referirse a la acusación que realizaron el viernes pasado, en conferencia de prensa, los presidentes de la Asociación Gremial de Cirujanos V Región (AGC), Arturo Paillalef, y el presidente del Colegio Médico local, Juan Eurolo, quienes acusaron a la isapres de actuar bajo colusión, por lo que criticaron que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) no las esté investigando, como sí lo hace contra la AGC por este motivo.

En aquella oportunidad, los dirigentes gremiales, a través de un comunicado, enfatizaron que "la noticia principal hoy son ellos (las isapres), no nosotros, y en esta ocasión se nos ha ocupado como una pequeña coincidencia", agregando que "lamentamos que la FNE no haya actuado con el mismo celo en contra de instituciones pagadoras de salud".

Y si bien Caviedes argumentó inicialmente que "no voy a opinar sobre las opiniones de los miembros del Colegio Médico, primero porque no las conozco y, segundo, porque creo que no me corresponde", aclaró que "desconozco absolutamente cómo las isapres realizan sus convenios con los médicos, no es una tarea que a mí, como dirigente gremial, me corresponda ni siquiera conocer. Cada isapre determina sus propias políticas por separado, no tengo antecedentes, no es mi trabajo esas materias".

Referente al caso por colusión que afecta a la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región (AGC), quienes fueron acusados por la FNE por colusión para fijar precios de aranceles y atenciones médicas, aseveró que "no tengo ningún antecedente de este caso que está revisando la Fiscalía Nacional Económica. Y yo espero que los organismos fiscalizadores en este caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica, hagan su trabajo como corresponde".

Caviedes subrayó que "yo espero y estoy seguro que la FNE va a hacer un buen trabajo, no tengo más que aportar porque no tengo antecedentes. Creo que mientras esto esté en investigación las declaraciones no contribuyen mucho".

Reconoció, a su vez, que "todo el mercado de la salud es tremendamente complicado y yo creo que debe ser permanentemente revisado. Por lo tanto, la Fiscalía está cumpliendo su rol, su trabajo".

Cabe consignar que el 4 de mayo de 2012, el cirujano cardiovascular Carlos Orfali Bejer, quien en aquel tiempo se desempeñaba como director del Hospital Clínico de Viña del Mar, realizó una denuncia a la FNE, cuya investigación determinó que existía colusión en la fijación de precios en aranceles y atenciones médicas por parte de la Asociación Gremial de Cirujanos V Región y 111 especialistas de la entidad.

Orfali, como director en ese entonces del Hospital Clínico de Viña del Mar, implementó un sistema de "servicio paquetizado" que permitía a los pacientes prepagar un valor fijo que era inferior a los establecidos por la AGC.

Ante esto, la agrupación de médicos, por decisión unánime -según consta en la FNE-, determinó primero suspenderlo y luego expulsarlo de la AGC "por haber 'repetido y mantenido' los hechos que dieron lugar a su suspensión".

Para ahondar en esta materia, este Diario se contactó con el doctor Orfali, quien, no obstante, declinó referirse a la denuncia.

"Yo espero y estoy seguro que la Fiscalía Nacional Económica va a hacer un buen trabajo"

Rafael Caviedes, Presidente de la Asociación de Isapres"

Antonio Orellana: "Hay que evitar que afecte al sistema público"

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso UV, el neurocirujano Antonio Orellana, dijo -al igual como lo manifestó el senador Guido Girardi (DC)- que la situación sería "gravísima" si la fijación de precios revelada por la FNE en la Asociación Gremial de Cirujanos V Región escalara al sistema público.

"Mirada esta situación desde arriba, yo estaría absolutamente de acuerdo con lo que dice el senador Girardi. Aquí lo que hay que evitar es que afecte al sistema público. Nosotros somos una profesión liberal y, por ejemplo, nos tenemos que defender en contra de la isapre. Para no ser empleados o contratados por éstas, lo mejor sería juntarnos en una asociación gremial para poder protegernos y poder negociar, pero no debiese ser así porque se obliga a negociar en conjunto. Lo que sí uno tiene que evitar es que esto escale al sistema público. Nosotros somos una profesión de servicio", recalcó Orellana.

El también académico coincide con el parlamentario en que el Gobierno debe mejorar los incentivos para que los médicos trabajen al menos 44 horas en el sistema público. Esa situación generaría, dijo Orellana, la libre elección para el profesional.

Impacto causó la tarde de ayer en la comunidad de Laguna Verde, en Valparaíso, el hallazgo de un cuerpo al interior de un contenedor que fue consumido por las llamas. El hecho ocurrió cerca de las 19 horas en la avenida San Cristóbal S/N, a un costado del canil, sector donde se encontraba este receptáculo que comenzó a ser afectado por el fuego. Fueron los propios vecinos quienes sofocaron el incendio, quedando en ese momento al descubierto el cuerpo. Por instrucción del fiscal de turno se constituyó en el lugar la Brigada de Homicidios de la PDI para determinar si hubo intervención de terceros.

Una enfática respuesta a los cuestionamientos realizados por el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) entregó la directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), Nélida Pozo, luego que el parlamentario y exministro de Cultura durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, en entrevista con este Diario, deslizara ciertas responsabilidades que habría tenido Pozo en su anterior rol como seremi de Cultura, por no detectar las irregularidades que hoy mantienen al recinto en una crisis financiera. En ese sentido, el legislador, quien se desempeñaba como secretario de Estado cuando se echó a andar el PCdV, manifestó sus aprensiones en cuanto "a que la actual directora, Nélida Pozo, se sorprenda de estas irregularidades habiendo sido ella la directora regional de Cultura, que precisamente debía velar por el cumplimiento de los convenios".

En respuesta a ello, Nélida Pozo sostuvo que "en mi rol de seremi de Cultura no me correspondía revisar las rendiciones financieras del Parque Cultural de Valparaíso, toda vez que era función del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), su ministro y representantes en el directorio quienes debían velar por ello".

"Efectivamente -agregó- fui presidenta del directorio (del PCdV) sólo durante el 2014, último año de la dirección ejecutiva de Justo Pastor Mellado, y en ese rol cumplí a cabalidad lo que me encomendó la ministra de ese entonces, Claudia Barattini, a saber, cambiar la precaria figura legal que sostenía el PCdV y crear la asociación. En los primeros cuatro años de vida de la institución la figura legal existente era una Organización Comunitaria Funcional (OCF) y los trabajadores y trabajadoras tenían contrato a honorarios, por lo tanto, nunca resguardaron sus derechos laborales ni previsionales mínimos".

De hecho, afirmó que luego que no se le renovará el contrato a Mellado, éste "levantó una demanda contra la Asociación (Parque Cultural de Valparaíso) cobrando indemnizaciones millonarias por no pago de cotizaciones durante 2011 al 2013 (sistema que él y exministro Cruz-Coke habían implementado y avalado) y una demanda por acoso y hostigamiento contra mí, la que fue desestimada por los tribunales".

Por ello, Pozo aseguró que Cruz-Coke confunde a la opinión pública "con declaraciones que buscan perjudicar mi imagen a partir de afirmaciones que faltan a la verdad y que denotan un desconocimiento administrativo de cómo se operativizan los convenios de transferencia entre el CNCA y el Parque Cultural de Valparaíso y cómo se delegan las responsabilidades hacia el directorio. Sorprende que no conozca con detalle esto, más aún teniendo en cuenta que fue ministro del ramo".

millones alcanzaría el déficit financiero que hoy tiene en una crisis al Parque Cultural de Valparaíso. $ 1.200