"El Gobierno sabrá qué gestos hacer para que podamos trabajar con ellos en paz"
Carmen Frei Ruiz-Tagle
Vicepresidenta de la DC, por situación de subsecretario Luis Castillo
"Muéstrenme los documentos que digan que el moai (del Museo Fonck) fue una donación"
Pedro Edmunds Paoa
Alcalde de Isla de Pascua
La extensa toma de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), que ya superó los noventa días corridos, pareciera no tener atisbos de solución en el corto plazo y, lamentablemente, los diálogos y conversaciones entre las partes no han conseguido alcanzar un común acuerdo, más que nada por la falta de avances concretos y la insistencia estudiantil en la toma de tres y hasta cuatro sedes de la casa de estudios.
Lo que empezó como un legítimo levantamiento en pos de derechos fundamentales de corte feminista, con el tiempo se ha ido transformando en una suerte de lucha por el poder central, evento en el cual no parece haber espacio para negociaciones, matices y, menos, acuerdos de buena fe.
Sin que se sepa, la UPLA ya ha sumariado y separado a ocho funcionarios por distintas denuncias de acoso sexual o de poder, y el rector Patricio Sanhueza ha intentado sentarse a la mesa con los distintos "líderes" de la ocupación, recibiendo de la contraparte respuestas ambiguas y nuevas peticiones que, en muchos de los casos, terminan chocando con anteriores solicitudes. Hoy el problema se ha extendido al plano económico, con la imposibilidad del cierre del semestre académico, lo que ha derivado en el retraso de los beneficios -de aranceles y mantención- para unos 2.300 alumnos por parte del Ministerio de Educación.
Al mismo tiempo, y no menos grave, las asociaciones de funcionarios del plantel han denunciado otro retraso en el traspaso de recursos del Estado, punto que había sido acordado subsanar para mediados de este mes por el entonces ministro de Educación, Gerardo Varela. Su salida volvió a postergar la citada transferencia, la que deberá esperar hasta que la nueva ministra, Marcela Cubillos, asuma en completa propiedad el cargo. Por lo mismo la UPLA ha debido buscar crédito en la banca privada, trámite no precisamente expedito.
92 días sin clases, al día de hoy, dependen de la aceptación del documento final con respuestas a las contrarrespuestas surgidas del petitorio inicial, que por estas horas -según la rectoría- se ha visto desplazado por 16 puntos "intransables y no negociables" por parte del alumnado. Ayer, por su parte, la vocera de la Feupla, Valentina Fornés, afirmó lo contrario y apuntó al rector como la piedra de toque.
Una posible mediación también parece lejana, habida cuenta de que se han agotado las instancias de debate y los supuestos líderes de la ocupación no parecen tener el control sobre el resto de los involucrados, como sucedió la semana pasada cuando el rector se sentó a la mesa con su contraparte y, simultáneamente, un pequeño grupo ocupaba el edificio de Gran Bretaña. ¿Qué ocurrirá a continuación? Habrá que esperar a ver si prima la cordura y los ocupantes ceden. No habrá sanciones académicas ni disciplinarias, pero sí eventuales querellas por delitos, según la rectoría.
Presenté un proyecto de ley que establece agravante de responsabilidad penal en caso de delitos contra miembros de juntas de vecinos. Con esta iniciativa buscamos dotar de mayor protección a los dirigentes sociales que actualmente se exponen a lesiones y amenazas de parte de personas que no entienden, o sencillamente no aceptan, el rol administrativo y fiscalizador en materia de seguridad ciudadana de estos representantes de la comunidad.
En ese sentido, también endurece las sanciones a los delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilidad en el ejercicio de estos líderes, para atacarlos e incluso asesinarlos.
El objetivo de este proyecto de ley es claro: establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, específica, en relación con los delitos de amenaza, lesiones graves, castración, mutilación y homicidios, que pudieren cometerse en contra miembros de las directivas de las juntas de vecinos, cuando se realizan en represalia del ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad, especialmente.
Esta modificación se fundamenta en que estas personas se desempeñan voluntariamente en estas organizaciones, colaborando en materias de prevención y actuando frente a la autoridad respecto de situaciones antisociales que afectan al sector que representan, lo que sitúa a los dirigentes en una posición vulnerable por el carácter social de sus funciones propias del ámbito de la seguridad pública.
En estos casos, el juez deberá considerar la agravante a fin de aumentar la penalidad acorde con la antijuridicidad del hecho sancionado.
En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto esta se encuentra en una situación de extrema indefensión al momento de la comisión del delito, pues por la naturaleza de sus funciones como dirigente vecinal, especialmente en problemas que afectan a la unidad en el ámbito de la seguridad ciudadana, lo exponen a represalias de las organizaciones criminales que intimidan a las comunidades con sus malas prácticas.
Desde que asumí esta responsabilidad, de representar en el Parlamento a Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Casablanca, la provincia de San Antonio, y, por supuesto, las islas de Rapa Nui y Juan Fernández, he procurado reunirme con las unidades vecinales y sus dirigentes para conocer la realidad de los barrios que representan.
En cada visita he podido constatar que estos líderes enfrentan situaciones límites, que los someten a la indefensión, al riesgo de ser atacados por delincuentes, por antisociales que malentienden el trabajo de estas juntas de vecinos que desinteresadamente velan por la seguridad de sus barrios y por la integridad de las familias que los componen.
Marcelo Díaz
Diputado Distrito 7
Desde Talcahuano se informa que en la noche del 13 de agosto, una salida de mar inundó la mitad de la población, destruyó muelles, dañó buques y destruyó viviendas. La población huyó a los cerros. A esa hora en Constitución, sufría lo mismo, con 5 víctimas fatales. El fenómeno es parte de los efectos de un gran terremoto en el Perú.
El contraalmirante Luis Gómez Carreño visitó hoy La Moneda para informar al Presidente de la República de la misión que encabezó al traer a Chile desde Estados Unidos la escuadrilla de 6 submarinos. El jefe naval fue recibido en la sala presidencial, donde también estuvo el Ministro de Guerra y Marina, señor Valdivieso Blanco.
En reunión que se prolongó por 2 horas, el Arzobispo Obispo de Valparaíso, monseñor Emilio Tagle, conoció ayer los planteamientos de sacerdotes que sustentan ideas reformistas dentro del clero diocesano. La reunión fue dirigida por el Vicario Jorge Bosagna y contó con sacerdotes de parroquias de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.