Las abiertas contradicciones entre las acusaciones iniciales del Gobierno sobre la eventual responsabilidad de la Enap respecto de, al menos, el segundo episodio de contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví (jueves 23 del presente) y las versiones de la propia petrolera estatal negando su participación en el mismo, han escalado en las últimas horas hasta incluso opacar el evento en sí, con más de 350 intoxicados y una comunidad al borde del estallido social.
Los dimes y diretes entre los dardos iniciales de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) -replicados por la ministra del ramo, Carolina Schmidt, y el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez- y la Enap fueron relativizados por el propio Presidente, Sebastián Piñera, durante su publicitada visita del martes a la zona, cuando se cuidó de apuntar directamente a la empresa presidida hoy por su exministra María Loreto Silva.
Ayer, por su parte, la Enap dio a conocer dos informes privados, uno realizado por Algoritmos, una entidad técnica de fiscalización ambiental reconocida por la SMA y, un segundo, llevado a cabo por el Centro de Tecnologías Ambientales (Cetam) de la Universidad Santa María. Ambos desestimaron la presencia de isobutanol, metilcloroformo y nitrobenceno de la borra de las piscinas de Enap, desde donde supuestamente se liberaron tales tóxicos.
Sobre el particular, también se han tejido diversas teorías conspirativas: la primera, que el Gobierno protege a Oxiquim, supuesto responsable, por a) un pasado vínculo laboral entre el presidente de su directorio, Fernando Barros, y el marido de la ministra de MA, Gonzalo Molina, b) por una relación profesional del propio Barros con el Presidente Piñera y c) por la calidad de abogado de Barros del fallecido general Pinochet durante su detención en Londres; la segunda, la intención de privatizar Enap, por lo cual la estrategia estatal sería cuidar a los privados para "bajarle el precio"; la tercera, que el segundo informe de Enap -el de la Cetam- fue hecho por el mismo experto que responsabilizó a la vecina Gasmar -del grupo Gasco- en un anterior informe de diciembre de 2017, lo que es cierto, pero explicaría una nueva derivada que esta editorial no es capaz de dilucidar. ¿Existen entonces dos versiones al respecto? Según la autoridad, en este caso Schmidt, no, y será la SMA la que determinará la culpabilidad o inocencia de una u otra empresa.
Entre tanto, más allá de las teorías, peleas o querellas de parlamentarios de distintos colores políticos, Quintero y Puchuncaví siguen sufriendo y los niños han dejado de estudiar a causa de estos episodios. Es necesario, quizás urgente, buscar la causa y los causantes de las últimas intoxicaciones, pero esto no debe desviar la preocupación de fondo, esto es, cómo mejorar la calidad de vida de los miles de habitantes de esta zona tan postergada en los últimos 50 años y que estas soluciones sean permanentes en el tiempo. Aquí no hay espacio para la pelea chica ni el aprovechamiento político.