Como una "campaña de la posverdad" calificaron desde la DC las críticas que ha esbozado el Gobierno, usando cuentas de Twitter institucionales, en contra de la oposición tras el fracaso del proyecto de reajuste del sueldo mínimo.

Los diputados DC Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi y Mario Venegas llegaron ayer a la Contraloría para solicitar al organismo que se pronuncie sobre el uso "irregular" de las redes sociales, apuntando al hashtag "No Al Bloqueo" al que han recurrido desde el oficialismo para difundir por Twitter sus críticas a la oposición.

Según los parlamentarios, el Ejecutivo -a través de las cuentas institucionales de intendencias, gobernaciones y otros servicios públicos- "denostó la labor parlamentaria, mintiendo y tergiversando la realidad".

Según Soto, "acá se ha iniciado una campaña de la posverdad, particularmente a través de las redes sociales, campaña que ha sido liderada por el Presidente Piñera y secundada por los ministros (Nicolás) Monckeberg y (Felipe) Larraín, y que ha tenido una bajada comunicacional que para nosotros es grave".

"Se han utilizado plataformas institucionales que deben cumplir un fin imparcial y se financian con recursos públicos, con fines políticos para criticar a parlamentarios, para emplazar a la oposición y derechamente para mentirle al país respecto a qué es lo que pasó con el fracaso del proyecto del Gobierno de reajuste del salario mínimo", dijo Soto, añadiendo que "esto es impresentable y no lo podemos permitir".

El legislador recordó que el propio contralor, Jorge Bermúdez, "reconoció que se están vulnerando dictámenes que ya existen y que impiden que plataformas que se financian con recursos públicos sean utilizadas para fines políticos".

Se defiende

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó la existencia de una irregularidad en el uso que ha hecho el Gobierno de las redes sociales, asegurando que "creemos que es perfectamente legal y correcta administrativamente".

El secretario de Estado dijo que "si ellos (refiriéndose a los diputados de oposición) estiman que es un mal uso dar a conocer cómo ellos votan en la sala de la Cámara de Diputados los proyectos de ley que presta el Gobierno, creo que están equivocados, que no hay ninguna situación administrativa".

Según Chadwick, "nadie debe temer jamás a que se haga público la forma cómo se vota", por lo que señaló que "nosotros aceptamos y estamos sujetos a la fiscalización de la Contraloría y la Contraloría debe determinar si hay o no una irregularidad".

El Gobierno implementará un plan para ayudar a los inmigrantes haitianos que deseen regresar voluntariamente a su país, según anunció ayer el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

La medida, denominada "Plan humanitario de regreso ordenado", se planteará como una opción "individual y voluntaria" y va dirigida a los haitianos que estén disconformes con la vida que llevan en Chile, precisó .

"Algunas personas quieren regresar a su patria porque las expectativas que tuvieron al momento de venirse no se cumplieron; hay otros a los que dificultades como el clima o el idioma también les ha hecho muy difícil arraigarse en nuestro país o están pasando situaciones económicas de mucha estrechez que los hace pensar en regresar a Haití", explicó el subsecretario.

De acuerdo a lo señalado por la autoridad gubernamental en las próximas semanas se definirán las condiciones del programa, aunque La Moneda adelantó que considerará la asistencia en el transporte aéreo a los inmigrantes que decidan regresar a Haití.

"Veremos la forma más económica, pero siempre bajo la lógica de un transporte que garantice el respeto y la dignidad de cada una de las personas que tome la decisión de regresar", subrayó Ubilla.

La llegada a Chile de inmigrantes haitianos ha registrado un fuerte aumento durante los últimos años, situación que llevó al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a incluir medidas especiales para ellos dentro de la nueva política migratoria que anunció en abril pasado.

El Mandatario impuso la exigencia de una visa especial de turismo a los haitianos, que pueden permanecer en el país por 30 días, para evitar que entren sin restricciones como turistas y se queden indefinidamente en el país para buscar trabajo, como ocurría a menudo hasta entonces.

El Ejecutivo también está llevando a cabo un proceso de regularización para los inmigrantes en situación irregular que ya se encontraban en Chile, al que optan los haitianos que emigraron a nuestro país y que según los cálculos de las autoridades son unos 160.000.

Para optar al plan gubernamental de regreso a Haití, los inmigrantes no podrán tener procesos penales pendientes en Chile y deberán contar con su documentación vigente.

En tanto, el vocero de la comunidad haitiana en Chile, William Pierre, quien llegó hasta La Moneda ayer jueves, indicó que la semana pasada fueron hasta el Congreso y reconoció que son miles las personas que piden retornar a su país y están pidiendo ayuda del Gobierno.

"Hay miles, porque en el norte y en el sur hay bastantes personas que han consultado, que han querido volver. Hay miles que están en cesantía, porque la inmigración haitiana dentro del territorio nacional sale del sur al norte, del norte al sur", recalcó.

"No encuentran la estabilidad de un trabajo fijo y, por la barrera de idiomática, prefieren volver", aseguró William Pierre.

"Algunas personas quieren regresar a su patria porque las expectativas que tuvieron al momento de venirse no se cumplieron"

Rodrigo Ubilla

Subsecretario del Interior"

"Hay miles, porque en el norte y en el sur hay bastantes personas que han consultado, que han querido volver"

William Pierre"

"Vocero comunidad haitiana"