La Policía de Investigaciones (PDI) reveló sus estadísticas de búsqueda de personas por presunta desgracia, detallando que este proceso ha involucrado en lo que va de este año a casi cinco mil nuevos desaparecidos, de los cuales 245 casos no han sido resueltos.

El jefe de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup), comisario Manuel Fuentes, jefe de la Briup, explicó a Emol que durante este año la PDI ha recibido 4.929 órdenes de investigar el paradero de personas extraviadas, es decir, casi 27 perdidos al día.

Estas pesquisas son derivadas desde Carabineros, donde cercanos de la víctima interponen una denuncia por presunta desgracia. Pese al interés, 245 casos permanecen sin resolver.

Fuentes detalló que lo primero que se hace al recibir una denuncia es poner en práctica un protocolo, donde se consultas distintas fuentes de información como en hospitales o el Servicio Médico Legal. "Si existen tres órdenes de investigar por la misma persona, con resultados previos es porque esta normalmente abandona el hogar voluntariamente".

Estos datos, según el detective, son claves ya que la mayoría de los buscados aparecen en las primeras 48 horas, incluso antes que la fiscalía remita la orden de investigar.

"La investigación va diciendo las hipótesis que tiene que seguir, como si es que la persona tiene una tendencia suicida, debiendo realizar otro tipo de trabajos", detalló el comisario.

Carabineros, por su parte, señaló que el año pasado recibió 22.720 denuncias por presunta desgracia, quedando 2.946 casos vigentes.

Motivos

La capitán Valeska Suárez, de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, señaló que la mayoría de las búsquedas se trata de menores de sexo femenino entre 13 y 17 años, cuyas motivaciones "responden a conflictos familiares, niñas que quieren tener el comportamiento de adultos o mayor libertad. El bajo rendimiento académico también influye en ciertas fechas como fin de año".

Fuentes, asimismo, comentó que si bien no hay una tendencia marcada en los casos que trabaja la PDI, sí hay más denuncias referentes a personas de entre 17 a 60 años, a causa de problemas laborales, psicológicos, familiares, económicos o adicción a estupefacientes, así como enfermedades degenerativas, como el alzheimer.

Redacción

El Presidente Sebastián Piñera se dirigió ayer a los intendentes que llegaron a La Moneda para participar de una reunión de trabajo con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, afirmando que ellos "son la voz del Presidente" en las regiones.

"¿Qué espero yo de los intendentes?", se preguntó el Mandatario. "En primer lugar, los intendentes son los representantes del Presidente en las distintas regiones. Cuando habla un intendente, habla el Presidente y eso es muy importante tenerlo presente. Ustedes representan la voz del Presidente, no los parlamentarios, los parlamentarios se representan a sí mismos, a sus partidos, pero los intendentes son el máximo representante del Presidente en cada región; por tanto, ahí hay una tremenda responsabilidad".

En la misma línea de clarificar la misión del máximo cargo regional, así como sus próximas modificaciones, entre las cuales figura la elección del gobernador mediante sufragio, Piñera afirmó que "viene una nueva etapa en materia de gobiernos regionales".

Desarrollo

Este cambio tendría repercusiones en la forma en que avanza cada zona, "porque nosotros creemos que cuando hablamos de desarrollo decimos desarrollo integral, (que) no es solamente desarrollo económico, el desarrollo es más que la economía, (…) también decimos desarrollo inclusivo que los incluya a todos, que llegue a todos los hogares y, por supuesto, para eso necesitamos que nuestras regiones se desarrollen en plenitud".

La votación de gobernadores busca que las necesidades de los habitantes sean representadas de mejor manera, porque "cada región tiene un tremendo potencial propio, pero por alguna razón o por muchas razones no han sido capaz de desarrollarlo en plenitud; de eso se trata cuando hablamos de un desarrollo inclusivo, que las regiones se pongan de pie, que puedan aprovechar su potencial y que aprovechen también de ser más artífices y dueños de su propio futuro", dijo el Presidente.

La primera elección de gobernadores regionales se ejecutará en 2020, lo cual, según diversos analistas políticos, podría servir para medir la popularidad del Gobierno, que estará justo en la medianía del mandato, así como para la búsqueda de otras cuotas de poder por parte de los partidos políticos.

El asesor presidencial de ciberseguridad, Jorge Atton, comunicó ayer que el Gobierno presentará "en los próximos 15 días" un proyecto de ley de delitos informáticos, con el objetivo de actualizar la normativa cuyos vacíos han sumergido en una nebulosa el proceso de los detenidos por delitos informáticos o cibercrimen.

"Claramente nos ponemos al día respecto a la normativa legal", aseguró Atton en respuesta a la detención de un ingeniero informático que confesó ser el autor de la filtración de datos de miles de clientes bancarios durante esta semana. El problema con el imputado es que no está del todo claro cuáles son sus cargos.

"Este tipo de situaciones no pueden pasar. La verdad es que afecta a las instituciones, a la población, crea inseguridad", sostuvo Atton, agregando que más que defraudar a los clientes, "yo creo que el fin de este informático es publicidad y crear conmoción pública".

El ingeniero informático de La Moneda hizo, con esto, alusión a las políticas de seguridad del Pentágono, en Estados Unidos, organismo que recluta a hackers para, precisamente, protegerse de ataques. La misma política aplica en grandes empresas tecnológicas, como Facebook.

Atton evitó calificar las filtraciones bancarias como un tema de seguridad, y aseguró que esto se trató de un episodio de "filtración de información con otros fines. (...) En este caso, incluso en algunas cosas bastante burdas. O sea, sacar un listado de Dicom para publicarlo, claramente es una mala intención".

La seguridad, continuó, "fue a lo que se refirió el superintendente de Bancos (...). Uno de los aspectos más relevantes que se hizo ayer es usar la tercera clave o una doble clave dinámica para verificar y chequear de que cada transacción que se haga no presencial con las tarjetas de crédito, tenga ese efecto".

"Donde no se pida esta tercera clave, no va a ser autorizada la transacción", recalcó.

El asesor de La Moneda concluyó que "definir cuáles son las responsabilidades de cada uno de los sectores, en este caso, la Superintendencia de Bancos, en todo el tema que ha estado asociado con la banca de pseudas filtraciones de información, se tomen las medidas de resguardo y suban los estándares de tal manera que la banca tenga estándares de seguridad que los deje tranquilos a todos".