Cristián Rojas M.

Este año comenzó a implementarse la reforma a la educación superior, con la entrada en vigencia de la ley que se aprobó en el Congreso tras el proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet. Ello implica adaptarse a un nuevo escenario, que si bien ha traído beneficios a los miles de estudiantes que ahora tienen gratuidad, también significará, en opinión de algunos rectores de importantes universidades de la región, ciertas dificultades en lo que concierne al financiamiento.

El rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Darcy Fuenzalida, cree que lo que marcará el resto del año e incluso el 2019 es que "en este momento estamos en el proceso de implementación de la reforma a la educación superior, que fue promulgada este año y corresponde al Gobierno emitir el decreto con el reglamento correspondiente. Ese va a ser un trabajo que se viene por delante y ese reglamento tiene que establecer los detalles de la mecánica con la cual va a operar la gratuidad y todos los procesos que incorpora la reforma educacional".

Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, planteó que lo más urgente por resolver es "una situación relacionada con la gratuidad, que es potencialmente muy peligrosa para las universidades, y si es que se empieza a aplicar lo que está establecido en la ley el año 2019 va a tener efectos muy severos para las universidades. Me refiero a la disposición de la ley que establece que la gratuidad se financia sólo para el periodo de duración de las carreras, y que el primer año posterior a eso, los estudiantes son responsables sólo del 50% de los aranceles".

En ese marco, explicó que "lo que ha pasado hasta ahora, cuando se operaba en gratuidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, los estudiantes que perdían, entre comillas, el beneficio de la gratuidad porque excedían el periodo de duración de las carreras, recibían, en el caso de las universidades del Consejo de Rectores, por ejemplo, un crédito solidario que les permitía seguir estudiando sin tener que realizar pagos durante el periodo de estudio, pero lo establecido en la ley señala que los estudiantes, el primer año después que se termina la gratuidad, son responsables sólo del 50% del arancel y el otro 50%, como no lo va a poner el Estado ni lo van a pagar los estudiantes, lo tienen que financiar las universidades".

Elórtegui recalcó que "eso es mucha, mucha plata, y significa un fuerte desfinanciamiento para las universidades. Nosotros lo hemos planteado a nivel del Ministerio de Educación, porque realmente denota otra falla muy profunda de la ley, ya que no tenemos esos recursos y eso afectaría fuertemente el funcionamiento de las universidades, pues la mayoría de los estudiantes demora un año o más de lo que realmente duran sus carreras".

Al respecto, agregó que "nosotros hemos hecho algunos cálculos, que en el caso, por ejemplo, de las nueve universidades del G9, eso es del orden de los 15 mil millones de pesos en un año. Entonces, para cada universidad es un monto muy alto que no tiene en este momento, ya que lo que ocurría hasta ahora era que los estudiantes recibían un crédito solidario por el 100% del arancel, el que empiezan a pagar dos años después que egresan, pero eso ahora se podría aplicar sólo por el 50% del arancel, y el otro 50%, como la ley no dice nada, se supone que lo tendrían que poner las universidades".

El rector de la PUCV lamentó que "esto quedó establecido en la ley de reforma, realmente no sé cómo pusieron una cosa así, en el sentido que son recursos con los que las universidades han contado hasta ahora y los dejarían de tener. Ahora, eso es por el primer año por sobre la duración de la carrera, porque si el estudiante se demora más de un año adicional, ya después es responsable del toral del arancel, pero ese primer año, en el caso de nuestra universidad, significa una cifra en torno a los 1.700 millones de pesos".

Elórtegui subrayó que "eso es lo más urgente por solucionar y lo hemos planteado desde inicios de año al Ministerio de Educación, así que confiamos en que por lo menos se postergue eso, o haya algún tipo de medida que permita salir del paso".En tanto, el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, planteó que en lo que resta del año "vamos a tener que seguir trabajando en todo lo que corresponde a la implementación de las medidas que se deben adoptar a propósito de los temas de equidad de género. Ese es un trabajo que va a permanecer durante un tiempo, hasta la instalación de todos los dispositivos que hemos comprometido, no solamente en nuestra universidad, sino en todas las universidades, esto está ocurriendo desde Arica a Magallanes, y la Agrupación de Universidades Regionales también está colaborando en la implementación de estos dispositivos".

En cuanto a la entrada en vigencia de la reforma a la educación superior, Sanhueza expuso que "hay mesas de trabajo que están funcionando y esto también tiene plazos que estamos tratando de cumplir. Hay un cambio importante en los temas de aseguramiento de la calidad, la instalación de la nueva institucionalidad, que sería la Subsecretaría de Educación Superior, más la Superintendencia de Educación Superior, los nuevos sistemas de financiamiento que están también establecidos en la ley, en fin, los temas también de los estatutos universitarios, en el caso de las estatales, que también va a ser un tema que vamos a ir impulsando".

Un tema que vislumbra complejo es "la Ley de Presupuesto del año 2019, porque ahí hay una serie de cuestiones que nosotros esperamos que queden bien reflejadas. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en el tema de los aranceles regulados, de tal manera de que no haya tantas brechas entre el arancel real con este arancel que establece el Estado, en fin, la constitución de comisiones de trabajo que se están haciendo a propósito de un fondo de fortalecimiento de las universidades del Estado".

Asimismo, adelantó que otro tema que marcará la pauta es "todo lo que corresponde también al tema de acreditación, porque viene una disposición que habla de la acreditación integrada, lo que significa que la acreditación no solamente va a ser institucional, sino que también va a tomar algún programa o alguna carrera al azar, y a eso significa que las universidades tienen que prepararse para estar en todas las carreras y en todos los programas, dispuestas a ser examinadas, evaluadas y acreditadas".

Otro tema que, a juicio del rector de la USM, Darcy Fuenzalida, marcará el periodo que viene es "la implementación de la ley del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que acaba de ser promulgada, y a ese Ministerio tiene que dársele forma y ponerlo en actividad. Eso, junto a la implementación de la reforma a la educación superior, son temas claves para el desarrollo del sistema universitario".

Financiamiento se vislumbra complejo en la aplicación de reforma a la educación superior

"Tenemos que seguir trabajando en el tema de los aranceles regulados, de tal manera de que no haya tantas brechas con el arancel real"

Patricio Sanhueza, Rector de la UPLA"

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"El reglamento tiene que establecer los detalles de la mecánica con la cual va a operar la gratuidad y todos los procesos que incorpora la reforma"

Darcy Fuenzalida, Rector de la UTFSM"

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"Los estudiantes, el primer año después que se termina la gratuidad, son responsables del 50% del arancel y el otro 50% lo deben financiar las Ues."

Claudio Elórtegui, Rector de la PUCV"

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