La crisis ambiental que hoy experimentan las comunas de Quintero y Puchuncaví pone en tela de juicio la política territorial del Estado de Chile. La dimensión del problema es tal, que obliga al Gobierno central a impulsar medidas de orden estructural. El problema tiene tres aspectos que conviene tomar en cuenta a la hora de buscar soluciones.

El primer aspecto es la antigüedad del problema que se arrastra hace ya 50 años. Por ello no tiene utilidad buscar responsables en el corto plazo y no tiene sentido culpar a la máxima autoridad regional por el manejo de una crisis cuya solución supera sus facultades. Como sabemos, el destino de esta área se consolida por la decisión por parte del Estado de emplazar en la bahía un enclave industrial a través del Plan Intercomunal de Valparaíso (PIV) de 1965, obviando la temática ambiental que no estaba en la opinión pública de la época.

La historia, desde ahí en adelante, demuestra una creciente tensión entre las urgencias ambientales y las necesidades productivas. El único plan de descontaminación es del año 1992. Los últimos 20 años se caracterizan por conflictos que se resuelven mediante modificaciones parciales de los procesos productivos, postergándose los cambios normativos de fondo, que implican fuertes inversiones industriales. A esto se sumó la práctica política a contener las crisis con bonos y subsidios, lo que hoy, frente a la gravedad del problema y el empoderamiento de la ciudadanía, no es aceptable.

Un segundo aspecto es la reconversión forzosa de la antigua economía local. Como se sabe, la contaminación no se limita al aire y el impacto ha trascendido hacia el mar y el suelo. Derrames y acumulación de metales pesados han contribuido a socavar actividades tradicionales como la pesca o la agricultura. Por otro lado, los empleos asociados a las industrias demandan profesionales y técnicos calificados que no viven en el área. Es por ello que la base económica de Quintero y Puchuncaví tuvo que reorientarse a los servicios de baja escala, el turismo y la construcción.

El tercer aspecto es la relación entre la segregación socio-espacial y el impacto ambiental. Las zonas urbanas más castigadas son las aéreas donde vive la mayoría de la población de ambas comunas y que concentran hogares de bajos ingresos. Tanto Puchuncaví como Quintero son comunas con fuertes fracturas sociales en su crecimiento urbano. Por un lado, Puchuncaví crece explosivamente hacia Maitencillo en base a segundas viviendas, mientras que su área tradicional permanece estática. De forma similar, Quintero experimenta crecimiento de viviendas acomodadas hacia el sur, en la zona de Mantagua, mientras que su casco antiguo se expande en base a proyectos de vivienda social, campamentos y loteos informales en la zona de Loncura, con históricas carencias de urbanización. Las zonas donde se concentran los altos ingresos (Maitencillo y Mantagua), que hasta ahora habían quedado fuera de los efectos más inmediatos de la contaminación, hoy tienen razones para adherirse a la causa. A esto hay que sumar municipios pequeños, con pocos recursos y casi nulas facultades para decidir sobre su propio territorio, lo cual es la cara administrativa de la segregación.

¿Qué hacer entonces?

Por lo pronto, es clave que el Gobierno pueda mantener un proceso racional de diálogo y toma de decisiones que aísle la dimensión emocional (que es combustible fácil para la política pequeña). En esto es relevante actualizar los principios de sustentabilidad e impulsar a un plan estratégico global, con medidas de distinto alcance temporal, que pueda superar el sectorialismo y que también trascienda a la acción del Poder Ejecutivo involucrando a los legisladores.

Se deben modificar leyes y normas que afectan principalmente a los ministerios de Medio Ambiente, Minería, Hacienda y Economía. Adicionalmente, es fundamental impulsar una política de ordenamiento territorial que permita equilibrar el desarrollo. En el ámbito regional, el plan debería tener la participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (urge revisar las zonas de extensión urbana colocadas al norte del río Aconcagua), Serviu, la Subdere, Medio Ambiente y MOP, entre otras reparticiones. Dicho plan deberá poner todas las cartas sobre la mesa, desde mejoras sustanciales de los procesos industriales y relocalización de industrias hasta la erradicación de población, reconversión de la base económica local, nueva infraestructura del territorio y recuperación ambiental.

En esto debe haber algo claro. La comunidad ya no resiste medidas de parche. Es necesario presentar un plan que coloque a la vida de las personas en el centro de la solución y combine medidas urgentes con cambios estructurales. No importa si toma tiempo. Si el plan es serio, transparente y coordinado, la comunidad lo valorará. Y por sobre todo, hay que impulsar una nueva agenda ambiental que coloque el foco donde viven las comunidades y existe pobreza y no sólo en las prioridades de la elite.

*Integrantes Corporación Metropolítica

Gerardo Ureta C. / Marcelo Ruiz F.