La familia de Pablo Neruda pidió ayer que el Estado se haga responsable de cumplir con los pagos a los laboratorios internacionales que comprobarían si el poeta murió envenenado a manos del régimen de Augusto Pinochet en 1973.

"Si yo estoy en España ahora y ante otros países estoy haciendo un clamor para que se haga responsable el Estado (chileno) por pagar esto", señaló a la agencia de noticias Efe Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda y abogado de la familia.

Reyes participó ayer en un acto en la Universidad Complutense de Madrid para recordar el 45 aniversario de la muerte de Neruda y mañana asistirá a un homenaje en Barcelona en la plaza que lleva el nombre del poeta.

El abogado aseguró que la deuda del Gobierno con dos laboratorios internacionales ha impedido que se realice la última prueba a los restos del poeta, cuyo resultado es "fundamental" para la resolución del caso que, en su opinión, contó con "la intervención de terceros".

Impedimento

"El impedimento en ese minuto es que el Ministerio de Interior no ha cumplido (con) pagar. Hay un incumplimiento de contrato, y no se puede avanzar. Esto es una voluntad política y ahí está el problema", criticó el sobrino del poeta.

Pablo Neruda murió en una clínica de Santiago el 23 de septiembre de 1973, un día antes de viajar a México para liderar y organizar desde ese país la oposición a Pinochet.

En 2017 un equipo de expertos y peritos aseguró que el poeta no murió de cáncer de próstata, a pesar de que padecía esa enfermedad, pero que desconocían la causa específica del deceso.

Para Reyes, esta conclusión produjo un "cambio en la historia" y reforzó el argumento de que en la muerte intervinieron terceras personas y que el certificado de defunción fue "fraudulento".

El juez Mario Carroza condenó hoy a 20 exagentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los secuestros calificados de 12 víctimas de la "Operación Cóndor", plan coordinado contra opositores a los regímenes totalitarios que involucró a los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En su fallo, el magistrado detalla que los sentenciados, "coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país".

Lo anterior, "con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturarlos y luego proceder con extrema crueldad a eliminarlos".

El dictamen sentenció a Raúl Iturriaga Neumann y Christoph Willike Floel (17 años de cárcel); Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado, Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama (15 años); Carlos López Tapia y Gladys Calderón Carreño (10 años de presidio). También a Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya y José Ojeda Obando (siete años).

Asimismo, a Gerardo Godoy García, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Torré Sáez y Orlando Manzo Durán (5 años y un día); y a Jerónimo Neira Méndez, Hermón Alfaro Mundaca y Juan Urbina Cáceres (301 días de presidio) por su responsabilidad como cómplices, al igual que al agente Manuel Rivas Díaz (100 días de presidio).