Rusia advirtió ayer a Estados Unidos de que deje de jugar con fuego después de la imposición de una nueva tanda de sanciones contra individuos y empresas rusas por parte de Washington.

En un comunicado publicado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el vicecanciller Serguéi Riabkov pidió a Washington que no se olvide de conceptos como la estabilidad global que -dijo- está socavando con sus acciones contra Rusia.

EE.UU. impuso el jueves sanciones a 33 individuos y compañías por sus lazos con el Kremlin, entre los que figura el empresario Yevgeny Prigozhin, acusado por la prensa occidental de ser el artífice de la campaña de desinformación contra Estados Unidos en internet.

Se trata de la tanda de restricciones "número 60" que EE.UU. aplica a Rusia desde 2011, indicó Riabkov, lo que hace pensar que esa política ya se ha convertido en una especie de "entretenimiento nacional".

En opinión del "número dos" de la diplomacia rusa, cada nueva ronda de sanciones certifica la falta del efecto de la anterior y las "numerosas listas negras de EE.UU. se repiten cada vez más".

Para Riabkov, los autores de las sanciones contra Rusia esperan "imponer sus condiciones a Rusia, "ejerciendo un poquito más de presión", pero "nunca y nadie lo va a conseguir", aseveró.

"Recomendamos a los operarios de la maquinaria de sanciones en Washington a echar un breve vistazo a nuestra historia y dejar de hacer ruido inútilmente", señaló.

Aparte de Prigozhin, apodado como el "chef" del Presidente ruso, Vladímir Putin, también figuran entre los sancionados por EE.UU. 24 rusos que han sido acusados de influir en los comicios de 2016 por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y miembros de la campaña del ahora presidente, Donald Trump, durante esas elecciones.

Entre las empresas de Rusia golpeadas por las nuevas restricciones destacan el Grupo Wagner, una compañía de seguridad privada que supuestamente Moscú usa para combatir en Siria, así como Oboronlogistika 000, que ofrece alimentación y transporte a las tropas rusas en Crimea y KnAAPO, que fabrica aeronaves en territorio ruso.

Los cancilleres de Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú pedirán el próximo martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo ayer a la agencia de noticias Efe el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.

De visita de trabajo en Washington, de Zela aseguró que Canadá estudia unirse a la denuncia, aunque aún no ha tomado una decisión. La misiva de los cinco cancilleres irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones a los DD.HH..

El otro informe, redactado por un grupo de expertos designado por la OEA, concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que 11 individuos, entre ellos el Presidente Nicolás Maduro, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.