La crisis del área Quintero-Puchuncaví, que suma a ahora más de mil afectados, deja al desnudo la precariedad de las normas y tecnologías para medir las condiciones ambientales del sector. El trabajo de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso ha comprobado que la población del sector, las tierras, la atmósfera y el medio marino, por años, ha vivido y vive en un estado de indefensión ante el crecimiento de un parque productivo que genera diversidad de peligrosas emisiones.
Y el control de esas emisiones se hace a medias. Lo reconoce el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, cuando informa a los parlamentarios que no todo el parque industrial tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Hay empresas muy antiguas que no la tienen y "al carecer de ellas, nosotros no tenemos competencia para actuar".
Así, esas empresas podrían estar contaminando, pero no pueden ser fiscalizadas, sancionadas o paralizadas. Por otro lado, sólo hay tres fiscalizadores".
¿Por qué, tras años de denuncias y de pruebas del daño humano y ambiental, no se ha actualizado la norma, sometiendo a todo el parque industrial a controles?
Y en lo concreto, el sistema de control ha acusado fallas y faltan datos precisamente de agosto y septiembre, cuando ocurrieron los más graves episodios de contaminación, según informó Franz. Curiosa y oportuna falla que exige una investigación.
También en la comisión parlamentaria surgen lógicas dudas, pues el responsable del monitoreo en Quintero es la empresa SGS y el propietario de la estación de control es la firma GNL Quintero, entidad que trae el país gas natural licuado que es desembarcado en el castigado puerto. Esa empresa informó a la comisión que "prácticamente no genera emisiones atmosféricas".
Es posible que GNL no genere emisiones, pero resulta inexplicable que la fiscalización sea realizada por el fiscalizado.
Muchas veces el trabajo de las comisiones investigadoras de la Cámara suman cero, se presta para absurdos debates políticos y sus conclusiones, que nadie lee, terminan alimentando termitas o ratones.
Pero en este caso la realidad que está dejando a la vista la comisión que indaga la reciente crisis ambiental debe generar reacciones y medidas concretas, en el terreno, para modernizar los controles con un sistema objetivo de monitoreo, independiente de las empresas fiscalizadas, a prueba de dudas. A la vez, la autoridad ambiental debe tener personal técnico con facultades para actuar en el caso de irregularidades o fallas que afecten el medioambiente o la vida humana.
Se ha perdido mucho tiempo. Ha llegado la hora de actuar, con voluntad política, caiga quien caiga.