Como José Aguilar Pallacán, de 70 años, fue identificado el hombre que ayer perdió la vida en la Av. Errázuriz de Valparaíso, tras ser atropellado por dos microbuses a la altura de la calle Simón Bolívar. De acuerdo a lo informado por Carabineros, la víctima, que se encontraba en situación de calle, cruzó por un lugar no habilitado, siendo alcanzado primero por un bus de la línea 101 de Fenur, conducido por Giavanni Pizarro (26), y luego por un microbús de la línea 602, guiado por Johan García (27), quien, según afirmó, no pudo evitar el impacto. Ambos quedaron citados al tribunal, mientras que la SIAT realizó las pericias de rigor.

Coca-Cola compró en su totalidad la empresa Guallarauco, formada en La Ligua y perteneciente al grupo Angelini, por lo que desde ahora pasará a integrar el portafolio de la multinacional. El gerente general de la firma regional, Juan Luis Piwonka, destacó que la línea de jugos "está marcada por la nobleza de sus productos y una exitosa trayectoria de negocio, en la cual hemos desarrollado productos innovadores y construido una marca reconocida por su calidad y naturalidad. Por lo tanto, seguiremos conservando ese sello". La operación alcanzó cerca de US$70 millones y fue aprobada sin condiciones por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Desde Coca Cola precisaron que esta adquisición viene a sumar "la innovación, disponibilidad y distribución de la compañía de bebidas en el país integrada por Coca-Cola Chile, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor", asegurando, a su vez, que mantendrán "la reconocida calidad y naturalidad de los productos de la empresa chilena".

Katherine Escalona M.

Causas en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), autoridades regionales y entidades gubernamentales son las que se han presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero dados los episodios consecutivos de contaminación que han afectado a la zona de Quintero y Puchuncaví durante un mes.

En total, 14 acciones judiciales que buscan el amparo legal frente a lo que está ocurriendo en la zona. Doce de ellas están vigentes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y dos fueron ingresadas y están siendo tramitadas en el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero.

Los principales motivos que esbozan los documentos son para denunciar vulnerabilidad de derechos por los episodios de polución que han afectado a más de mil personas, quienes han presentado síntomas de intoxicación durante un mes.

Personas naturales, la Municipalidad de Puchuncaví, la Municipalidad de Quintero, la Defensora de la Niñez, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), sindicatos de pescadores y buzos mariscadores y la ONG Fima han presentado las acciones en el tribunal de alzada.

Las acciones judiciales son en contra de Enap (3 causas), el ministro del Interior y Seguridad Pública e intendente Jorge Martínez, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la dirección regional y nacional de la Onemi, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Fisco.

En estas acciones los demandantes acusan negligencia por parte de las autoridades y entidades de gobierno ante la crisis ambiental, irresponsabilidad por parte de las empresas y también, en casos más extremos, particulares piden reubicación dada la situación de contaminación y urgencia de atención médica.

En el Juzgado de Letras y Garantía, en tanto, existen dos causas vigentes. La primera de ellas pide una indemnización por perjuicios y fue presentada por la Municipalidad de Puchuncaví en contra de Enap, solicitando, a su vez, la paralización de faenas. La segunda, en tanto, es una querella criminal "en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los episodios de contaminación ambiental (...) en agosto del presente año", según deduce el escrito de la causa.

La primera acción judicial fue interpuesta por el senador Francisco Chahuán, a cuatro días del primer episodio ocurrido el 21 de agosto que afectó -según consta en el documento- a 71 personas de Quintero y Puchuncaví, quienes presentaron síntomas de intoxicación.

El escrito precisa que el recurso de protección contra la estatal es por "las acciones y omisiones legales y arbitrarias cometidas por dicha empresa, las que constituyen una privación, perturbación y amenaza en el ejercicio de los derechos del suscrito y de las personas afectadas con los eventos tóxicos".

Se toman en la causa lo ocurrido entre el 20 y el 24 de agosto, donde hubo dos episodios contaminantes con más de 50 personas intoxicadas. A raíz de esta situación, en el texto queda expreso que se solicita a la Corte "decretar la suspensión de las faenas del Terminal Enap en la Bahía de Quintero mientras no existan garantías suficientes que no volverá a ocurrir en la zona una fuga de gas".

Esta es la causa que tiene más avance en el sistema judicial y ha recibido respuesta de diferentes entidades.

Oxiquim, a través de un informe, descarta la existencia de productos descritos en la causa e indica que "ninguno de los productos que Oxiquim descarga, almacena y luego despacha desde el Terminal de Quintero es apto técnicamente para liberar a la atmósfera los compuestos químicos de dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno ni tolueno".

Lo mismo hace AES Gener y Gasmar, que da a conocer que hubo fiscalización en la planta tras las emergencia, pero no se detectó algún tipo de emanación. Sólo se percibió un olor fuerte en la carretera y por eso se hizo la fiscalización.

Enap da a conocer en la tramitación que "rechaza, de manera expresa y categórica, toda y cualquier imputación de haber actuado de manera indebida, negligente o contraria al ordenamiento vigente, o de haber descuidado su preocupación por el entorno y, en particular, por la comunidad de la zona".

Piden a la Corte rechazar el recurso porque, según Enap, no se cumple con los requisitos constitucionales.

Las municipalidades de Quintero y Puchuncaví presentaron recursos de protección contra Enap a la Corte de Apelaciones y ambas entidades pidieron la paralización de faenas en el Terminal Quintero.

En el recurso de protección presentado por el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, se solicita tomar todas las medidas para que no ocurran más eventos de polución en la zona. En tanto, en la acción presentada por la alcaldesa Eliana Olmos se insta a "disponer la paralización inmediata de las faenas de limpieza y realización de las medidas de mitigación".

El Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar logró acreditarse como el primer prestador de la Región de Valparaíso para angioedema hereditario, patología que fue incorporada este año a la llamada Ley Ricarte Soto, la cual otorga protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. La beneficiada fue Romina González, de San Antonio, convirtiéndose en la primera paciente en recibir el medicamento en el hospital. "Es muy importante, porque te puede salvar la vida. Nuestra enfermedad es muy peligrosa si no tienes una atención oportuna y rápida. Y por eso es muy importante el medicamento y esto feliz por eso", relató la paciente. El angioedema hereditario provoca inflamación de los tejidos como producto de la deficiencia del inhibidor de una proteína (C1) en el cuerpo. El tratamiento requiere un medicamento cuyo valor es superior a los 600 mil pesos por ampolla y se administra en casos de crisis.