Pamela Boltei

El abogado porteño Juan Carlos Manríquez fue nombrado como defensor litigante en la Corte Penal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, siendo el segundo jurista chileno en pertenecer a dicho tribunal.

La Corte Penal Internacional (ICC) es una institución permanente que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre las personas que hayan cometido los crímenes y las violaciones de derechos humanos más graves y de trascendencia internacional (crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, entre otros).

Aunque también tiene sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos, la diferencia con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acaba de fallar en la demanda marítima con Bolivia, es que no forma parte de las Naciones Unidas aunque sí se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, pues fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998, entrando en vigor el 1 de julio de 2002.

Hace solo algunos días, Manríquez, conocido abogado a nivel regional y nacional por casos como el de Marta Isasi, Carlos Marín Orrego, Cinthia Marín, Laura Soto, Héctor Zúñiga y Marco Enríquez Ominami, entre varios otros, también asesor de parlamentarios y recientemente galardonado con el Annual Awards Winner 2017 en la categoría Economic Crime Law Firm of the Year in Chile por el Global Law Experts, recibió la confirmación de su nombramiento, luego de haber postulado hace cinco meses.

"Creo que es una oportunidad para que los abogados latinoamericanos, los chilenos en particular y muy especialmente los abogados que nos hemos formado en Valparaíso y que trabajamos en esta ciudad y en Santiago podamos aportar desde nuestra matriz cultural, desde nuestra tradición jurídica a los fines de la justicia penal global. Es una muy buena oportunidad para agradecer la formación de nuestros profesores en la Universidad de Valparaíso, de nuestros colegas del Colegio de Abogados, de abogados de prestigio y trayectoria en la región que constantemente están transmitiendo sus conocimientos y habilidades", dijo.

- ¿Cómo ve este nombramiento?

- Creo que es un reconocimiento a la abogacía porteña y también la consolidación de un anhelo profesional y de metas que me propuse alcanzar luego de haber terminado el magíster en Estados Unidos en Litigación Federal, donde tuve la oportunidad más tarde de conocer a otros colegas que me invitaron al programa de formación en Italia, en el marco de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del Instituto de Siracusa que había sido fundado precisamente por el profesor Cherif Bassiouni, principal redactor del Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

- ¿Qué implica formar parte de ese equipo? ¿Qué tareas tendrá?

- Supone la posible y potencial intervención en investigaciones previas que haga la fiscalía de la Corte Penal Internacional o bien intervenir en consultas que pueda hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o bien atender el requerimiento de uno o más estados miembros que quieran iniciar una investigación por eventual violación a las normas del tratado de Roma, principalmente o investigaciones por delitos tipificados en el derecho penal internacional contra los derechos humanos y nuevas formas también de atentado como ocurre con los delitos ambientales pactados en el artículo 7 del pacto. Desde otro punto de vista, también previa autorización de la corte y de conformación de equipos de trabajo, uno potencialmente puede sumarse a otros equipos que ya están trabajando en un caso o bien ser requerido por alguna persona acusada en una investigación por un delito de este tipo, internacional, y en este caso previa autorización de la corte uno puede asumir esa defensa técnica.

En este caso las tramitaciones desde la corte se hacen conforme a reglas de evidencia y tramitación explícitamente pactadas en el Tratado de Roma muy similares al sistema federal de evidencia americano y a la tradición del derecho continental, con dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés.

- En la ICC usted se convierte en el segundo chileno en pertenecer a los equipos defensores, después del abogado Francisco Cox. ¿Qué le parece?

- Sí, en el rol de abogados defensores de la corte Penal Internacional figura también el colega Francisco Cox, respetado y apreciado amigo del que tengo el más alto concepto y quien ya por años ha trabajado en el sistema penal internacional como abogado defensor de víctimas.

- ¿Y en su caso, qué tipo de denuncias le gustaría seguir?

- En este caso, las tareas tradicionales de protección de derechos humanos a nivel global se han ampliado a nuevas formas de criminalidad organizada internacional, como el tráfico organizado de personas, el tráfico de órganos, atentado contra bienes culturales o bienes protegidos de la naturaleza o especies protegidas, y también los delitos ambientales que son una consecuencia de actividades económicas transnacionales o globales.

En este último caso, mi especialidad se ha dirigido a los casos de lavado de dinero internacional, delincuencia económica internacional o transfronteriza y también los problemas posiblemente derivados de las cuestiones ambientales globales, como puede ser el tránsito de basuras peligrosas.

- ¿Qué criterios se usarán para entregarle un caso en particular?

- En la Corte Penal Internacional depende de la etapa de evaluación previa que pueda hacer la Fiscalía de la Corte, si no se produce el inicio por una de las tres vías que obligatoriamente implican la apertura de la investigación, como reitero puede ser una denuncia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o bien la denuncia de uno o más estados miembros o bien de oficio por la Fiscalía, que supone que haya mérito para imputar a determinada persona en calidad similar a la de acusado, con lo que se abrirá un juicio ante una de las dos cámaras de la Corte.

En este caso, la adjudicación será en razón de la materia, de la persona y de la especialidad del asunto, según las reglas de distribución que el tratado y los reglamentos que la Corte y las barras de abogados establecen específicamente para cada asunto.

- ¿Cómo una persona natural puede acceder a ese tipo de justicia?

- Habitualmente las personas naturales o potenciales víctimas pueden recurrir a una de las tres vías que pudieran derivar en una investigación obligatoria ante la Corte Penal Internacional, el reconocimiento de las víctimas como tales y la posibilidad de actuar ante la justicia penal internacional a través de consejeros expertos, asistentes, peritos, etcétera, lo que está pactado en el tratado y la práctica ha demostrado ser de un valor enorme. De tal manera que existen múltiples vías por las cuales las personas naturales pueden acceder a la justicia internacional y hoy sin tener que esperar necesariamente el agotamiento de la vía interna si existe la potencialidad de un daño significativo ante la hipótesis de un riesgo concreto que pueda derivar en un daño mucho mayor. Eso significa que si en el sistema interno o regional, como pudiera ser el continental latinoamericano, los métodos o instrumentos resultan insuficientes para una protección oportuna e íntegra de los derechos fundamentales, entonces es posible a virtud de los principios de subsidiariedad y complementariedad ir directamente a requerir la tuición de la justicia global.

- ¿Por qué hay tan pocos profesionales de nuestro país en esta corte internacional? ¿Qué espera al respecto?

- La presencia escasa de abogados chilenos es un asunto accidental que puede ir creciendo en el futuro. Pienso que las escuelas de derecho chilenas, y en particular las de Valparaíso, tienen una vocación internacionalista y también una vocación fundada en sólidas líneas de pensamiento respecto del sistema penal nacional e internacional y será cosa de tiempo.

Sé que hay colegas nacionales de instituciones públicas haciendo pasantías en la Corte Penal Internacional, universidades de la zona que tienen la posibilidad de llevar a sus alumnos destacados que tengan interés en las cuestiones penales internacionales y particularmente la Asociación Internacional de Derecho Penal Internacional (AIDP) de la cual soy su vicepresidente en Chile, también tiene posibilidades de avanzar facilitando el camino para que los abogados más jóvenes se interesen de estas materias.

"Pienso que las escuelas de Derecho chilenas, y en particular las de Valparaíso, tienen una vocación internacionalista y también una vocación fundada en sólidas líneas de pensamiento respecto del sistema penal nacional e internacional""