Sofía Navarro Martínez

Las grabaciones de las cámaras del Primer Juzgado Civil de Valparaíso fueron las principales pruebas para iniciar una investigación en contra de la jueza titular del tribunal, Patricia Montenegro.

La denuncia, formulada por el administrador (s) de la Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Marco Peña, se inició luego de corroborar que dichas imágenes -que captaron lo ocurrido en el hall y el interior del sector de atención al público- muestran a la jueza Montenegro derramando un líquido en la silla de Dina Pizarro, Oficial Cuarto y también denunciante.

El video captó que la conducta de la magistrada se volvió repetitiva y hasta rutinaria, puesto que durante los días 14, 16, 21 y 22 de agosto actuó de la misma forma: ingresaba al tribunal, encendía las luces, abría las cortinas metálicas y luego derramaba el líquido de su taza en la silla de la víctima.

A raíz de este polémico y extraño comportamiento, la jueza fue investigada por actos de hostigamiento y cualquier otro hecho relacionado con la convivencia al interior del Primer Juzgado Civil de Valparaíso.

En esa línea, el sumario administrativo que se le aplicó a Montenegro dio cuenta de denuncias por trato descortés que afectaba la confianza de los trabajadores. También se le acusó de coartar a los funcionarios de participar en celebraciones de la semana judicial u otras actividades extraoficiales, puesto que a la jueza le habría molestado que la Corporación Administrativa destinara recursos para dichos eventos.

El informe final de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al que tuvo acceso este Diario, también dio cuenta de que los funcionarios acusaron que la jueza le impedía a los hombres usar barba, mientras que a las mujeres les expresaba que "deben vestirse en forma recatada, ni faldas ni vestidos cortos, tampoco ajustados ni escotes, tacones se descartan porque suenan fuerte al caminar".

El informe indica que la magistrada trató a los funcionarios de "flojos", "inéptos", "inútil", de "cómo pueden ser tan tontos" y "descerebrados".

Una última falta se dio por coartar el derecho de los funcionarios a expresarse libremente en la encuesta sicosocial. A mediados de 2016, los trabajadores debían dar ideas para mejorar el ambiente laboral, pero la jueza en cuestión retuvo la información e hizo un listado acorde a su parecer. Y aunque no se eliminó totalmente la información, se indicó que no estaba dentro de sus atribuciones poder hacerlo.

La respuesta de la jueza -que tuvo a su cargo el caso del incendio en la discoteca porteña Divine- apuntó a que los hechos investigados tendrían su explicación en la depresión endógena con episodios de bipolaridad que sufre desde niña, y que se habrían manifestado por la falta de medicamentos para controlar dicha afección.

Pese a ello, el informe final le atribuyó maltrato psicológico a los funcionarios, entre otras cosas, por ejercer presión mediante la comunicación verbal agresiva e intimidante, por lo que la jueza fue suspendida por dos meses de su cargo.

"Por voluntad propia ha puesto en riesgo su salud y la de quienes la rodean al tener cambios bruscos de conducta que interfieren en su vida laboral y produce efectos negativos en los funcionarios, que ninguna responsabilidad tienen en el estado de salud de la señora juez", indica el fallo.

El caso de Montenegro será analizado hoy por el pleno de la Corte de Apelaciones y no se descarta su traslado.

testigos declararon en la investigación que se inició el 22 de agosto. 21