¿Azar o destreza? Es la interrogante de alcance jurídico sobre el funcionamiento de máquinas tragamonedas extendido a lo largo del país. Si estas máquinas fueran de azar, estarían operando en forma ilegal, pues el juego de azar está claramente acotado por las disposiciones vigentes.
La instalación de tragamonedas ha significado, además, el otorgamiento de patentes municipales, hasta ahora sin considerar si están dentro del campo del azar o de la destreza.
Buscando definir la condición de esos elementos la Contraloría dictaminó que el otorgamiento de patente municipal debería considerar la decisión de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sobre la categoría de esas máquinas. La Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado y la Sociedad Importadora y Comercializadora Calabaza Entertainment, recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el dictamen logrando el rechazo de la disposición. Sin embargo, ante una apelación de la Contraloría la Corte Suprema dispuso que ese organismo tenía razón y, en consecuencia, las municipalidades deben coordinarse con la SCJ antes de otorgar permisos para explotación de tragamonedas.
Esta obligación supone que la SCJ debe establecer que cada máquina tragamonedas instalada en locales, fuera de los que son casinos de juego autorizados, no son de azar. Con esa constatación se podría otorgar patente municipal.
La resolución termina con las dudas futuras, pero abre interrogantes sobre el funcionamiento y condición general de las tragamonedas actualmente en operación, incluyendo aquellas con permiso municipal, en opinión del experto en Derecho Administrativo Luis Cordero.
En varias comunas de la Región, hay numerosas máquinas en operación, con autorización municipal, que si bien supuestamente son de destreza, deberían ser sometidas al examen de la SCJ para validar su condición.
¿Cuántos son los ingresos que por esos permisos reciben las municipalidades? ¿A qué monto llega el movimiento que genera la importación, venta, arriendo y explotación directa de tragamonedas? ¿Es significativo el impacto de estas máquinas en el presupuesto de sus usuarios, generalmente de bajos ingresos? ¿Tienen su difusión y fácil acceso algún impacto social?
Estas interrogantes son pertinentes en un rubro que exige precisiones y transparencia y podrían tener respuesta en estudios a partir del dictamen de la Contraloría General de la República, la resolución de la Corte Suprema y la intervención de la Superintendencia de Casinos de Juego.