Cuatro meses de suspensión de sus funciones y la solicitud a la Corte Suprema de la apertura de un cuaderno de remoción fue la resolución del pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras el término del sumario administrativo en contra de la jueza titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, Patricia Montenegro, tras las denuncias en su contra por acoso laboral y hostigamiento.

Los hechos se remontan a agosto pasado, luego que una funcionaria del tribunal dio cuenta que, en cuatro ocasiones, llegó hasta su escritorio al inicio de su jornada laboral, percatándose que la silla estaba mojada.

Luego que los encargados del recinto revisaron las cámaras de seguridad, constataron que la jueza sancionada aparecía en las imágenes derramando un líquido en la silla de la afectada. Esta fue la principal prueba para acreditar el inédito comportamiento de la jueza Montenegro, producto de lo cual, en agosto pasado, se inició un sumario en el cual declararon 21 testigos, que concluyó con la suspensión transitoria por dos meses del cargo.

El sumario también arrojó denuncias por maltrato descortés que afectaba la confianza de los trabajadores y coartar a los funcionarios para participar en actividades de celebraciones, tratándolos de "flojos", "inéptos", "inútiles", "muertos de hambre" y "descerebrados".

En sus descargos, la magistrado apuntó que su conducta era producto de una depresión endógena con episodios de bipolaridad, los cuales sufría desde niña, generados por la falta de medicamentos para controlar dicha afección.

El vocero de la Corte de Apelaciones, ministro Raúl Mera, detalló que la resolución del pleno ya fue notificada a la magistrado y determinó "imponerle a la jueza Montenegro una suspensión de funciones por cuatro meses, que es la máxima sanción que la Corte está autorizada a imponer de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales".

Mera añadió que "además se solicitó a la Corte Suprema, si lo tiene a bien porque es una facultad exclusiva de ella, abrir un cuaderno de remoción, porque los jueces tienen inamovilidad, y sólo la Corte Suprema puede remover a un juez".

Tal acción la puede hacer de oficio, para lo cual el máximo tribunal requiere un quórum determinado, con la mayoría de sus integrantes, debe además pedir un informe y escuchar los descargos de la funcionaria investigada, razón por la cual el pleno resolvió "solicitar a la Corte Suprema que abra un cuaderno de remoción. Si eso se hace o no, o toma otra determinación, es absolutamente soberana de la Corte Suprema".

El ministro Mera detalló que la sanción aplicada se basó en "una serie de hechos que constituían faltas al respeto de los funcionarios, a la buena convivencia, en definitiva al trato que se les debe dar, había algunos hechos más graves que otros y reiterados, que debido a la gravedad de algunos y la reiteración de muchos de ellos, se adoptó esa decisión".

"Debido a la gravedad de algunos hechos y la reiteración de muchos de ellos, se adoptó esa decisión"

Ministro Raúl Mera, Vocero Corte de Apelaciones"