La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) presentó ayer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la inhabilidad de tres de sus ministros en la revisión del requerimiento presentado por legisladores de Chile Vamos sobre el protocolo de la ley de aborto en tres causales.

Esto a raíz del vínculo de Juan José Romero, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández con la Universidad Católica, casa de estudios que ya ha manifestado, en varias ocasiones, su oposición al protocolo de objeción de conciencia institucional para realizar estos procedimientos.

Supuesta incumbencia

Según declaró el diputado socialista Juan Luis Castro a Emol, Romero, Silva y Fernández "son docentes de dicha universidad y por lo tanto tienen un vínculo de incumbencia con quien precisamente es la institución que ha sido requirente e impugnadora del reglamento de aborto en tres causales".

"Aún más, el señor Fernández no sólo es docente, sino que fue abogado patrocinante de cinco senadores que han concurrido a esta misma sede a buscar la derogación del reglamento, senadores que son todos de Chile Vamos", enfatizó el diputado.

Recurso de chile vamos

El requerimiento fue suscrito por 66 diputados de la UDI, RN y Evópoli y busca que el organismo se pronuncie sobre el reglamento del Ministerio de Salud, que siguió al dictamen de Contraloría que declaró ilegal los cambios introducidos por la cartera.

Según los legisladores de Chile Vamos, el reglamento vulneraría los principios de autonomía de los grupos intermedios, libertad de asociación y de conciencia, expresado en el respeto al ideario de las personas jurídicas, y los deberes de protección de la salud y promoción del bien común, todos consagrados expresamente en la Constitución Política.

Este recurso aún se mantiene pendiente de respuesta.

En ese contexto, Castro pidió al tribunal que actúe de forma objetiva y puso como ejemplo el caso del actual ministro y exdiputado de la UDI Cristián Letelier, quien "ha ido más allá de la inhabilidad que establece la ley orgánica del TC e incluso lo ha hecho en causas donde ha tenido indirecta participación". De todos modos, el nuevo reglamento no afectaría a los centros de la Red Salud UC Christus, que prestan atenciones ginecológicas y reciben aportes del Estado.

Carolina Collins

El Presidente Sebastián Piñera celebró ayer la caída de la tasa de victimización que evidenció la encuesta anual de la fundación Paz Ciudadana, cuyos resultados fueron difundidos ayer.

Dicho reporte dio cuenta de un retroceso respecto a 2017 en las cifras de victimización de los hogares, que es la proporción de hogares que declaran haber sido víctimas de algún delito. Según los datos, la tasa de victimización de los hogares alcanzó este año un 36,4%, que se compara con el 39,5% del año pasado, lo que implica una caída de tres puntos porcentuales.

En los sectores socioeconómicos altos la victimización de hogares bajó desde el 46,8 al 37,1 % y en los sectores medios bajó del 41,4 al 36,8 %. Sin embargo, en los sectores de bajos ingresos se observó un aumento del 33,3 al 37,5 %.

El estudio concluyó que también se redujo el temor o percepción de inseguridad de nivel alto, desde un 16,6% a un 10,4%, mientras que el nivel de temor medio marcó un 71,6% y el nivel bajo un 18%.

Estímulo

Piñera consideró las cifras "un gran estímulo y motivación" para perseverar en las políticas sobre seguridad pública de su Gobierno. "Son buenas noticias, luego de mucho tiempo", comentó y aseguró que las autoridades "no se dormirán en los laureles" porque el objetivo es que las cifras sigan a la baja.

El informe de Paz Ciudadana da cuenta también de un aumento de la tasa de denuncias, desde un 55% en 2017 a un 61,2% este año.

Respecto de la actuación de la Fiscalía al presentar una denuncia, un 13% se declaró satisfecho o muy satisfecho (17% en 2017), mientras un 78% se manifestó insatisfecho o muy insatisfecho (65% en 2017).

En el caso de Carabineros, la satisfacción se mantuvo en el 41%, mientras la insatisfacción bajó un punto, al 43%.

En 2017, un 77,6% de los delitos no fue violento, frente a un 22,4% que sí lo fue pero en 2018 los violentos aumentaron al 27,8%, mientras los no violentos disminuyeron al 72,2%.

El Mandatario comentó el sondeo durante la inauguración de la X Semana de la Seguridad Ciudadana, que hasta este viernes 30 de noviembre congregará en Santiago a expertos de diversos países de América Latina y el Caribe.

Rondas y macrozonas

En ese contexto, Piñera destacó las políticas impulsadas por el Gobierno, como la intensificación de las rondas policiales preventivas, los cambios de Carabineros y la creación de "macrozonas" para la coordinación de policías. Aludió también al Plan Frontera Norte, para combatir el narcotráfico, y los cambios anunciados a la ley de control de armas. Asimismo, destacó las modificaciones Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ingresadas por el Gobierno.

"La decisión de México de ratificar la extradición del señor (Raúl) Escobar Poblete da cuenta de forma muy clara del compromiso de México en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el respeto a la justicia y la colaboración entre los Estados, y al mismo tiempo expresa su confianza en que en nuestro país existe Estado de derecho", precisó ayer el canciller Roberto Ampuero, tras conocerse que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México concedió la extradición del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien será procesado por el atentado terrorista con resultado de muerte del senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz.

En el comunicado sobre la extradición, la Cancillería mexicana sostiene "que se tomó en cuenta las consideraciones de hecho y derecho del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, quien opinó que la extradición es procedente en virtud de que el Gobierno chileno cumplió con todos los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición que firmaron ambos países el 2 de octubre de 1990. Adicionalmente, señaló que en ningún momento han sido transgredidos los derechos humanos del reclamado".

Cabe recordar que el "Comandante Emilio" también es reclamado por la justicia por su responsabilidad en el secuestro de Cristián Edwards, ocurrido entre 1991 y 1992.

Sobre cuándo se concretaría la extradición, el canciller Ampuero dijo que aún quedan pasos judiciales pendientes, ya que Escobar Poblete tiene 30 días para poder recurrir a la decisión, e indicó que la extradición sería "temporal" debido a que "él tiene causas pendientes en México, por secuestros de gran crueldad".

"(México) expresa su confianza en que en nuestro país existe Estado de derecho"

Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores"