Katherine Escalona M.

Hasta Ginebra, Suiza, viajaron Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, y las abogadas Cristina Lux y Alejandra Donoso, de la Defensoría Ambiental, para exponer los problemas de contaminación ambiental que viven las comunas de Quintero y Puchuncaví. En dicho país presentaron los antecedentes en una de las sesiones de preparación convocadas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a los países firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Como Chile deberá comparecer ante la instancia entre enero y febrero del próximo año, las representantes de Quintero y Puchuncaví detallaron un documento con 66 observaciones, en las cuales explican cómo la situación de polución ambiental presente en dichas comunas afecta derechos fundamentales de sus habitantes.

"Respecto a nuestra experiencia trabajando con las comunidades, hemos notado que se vulneran muchos derechos humanos y como nosotras nos enfocamos en el área medioambiental, nuestro principal referente en cuanto a la vulneración de derechos humanos son las zonas de sacrificio, y en específico la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Pero hablamos de zonas de sacrificio en general, porque los territorios se están organizando de esa manera y porque el contexto de los EPU nos piden tratar el tema de manera genérica", explicó la abogada Cristina Lux, quien expuso por 5 minutos ante el comité que prepara las sesiones.

En tanto, la abogada Alejandra Donoso aclaró que la presentación "se centró en poder mostrar lo que está pasando en Chile en cuanto a los Derechos Humanos de las personas (...). Expusimos sobre las vulneraciones a los distintos derechos especialmente al derecho de un medioambiente sano, a la salud, a la vida y a la integridad física y psíquica que sustentan la vulneración de otros derechos humanos como el derecho a la educación".

Katta Alonso precisó que "esperamos que los diferentes países -sobre todo el nuestro- nos escuchen. Necesitamos una legislación especial para que no existan más zonas de sacrificio en Chile, para que nuestros niños y niñas puedan estar sanos por fin".

Luego de la presentación, los antecedentes son analizados por los estados presentes en la EPU y luego se emite un informe para Chile, que se integra a la sesión en que Chile realiza su presentación del estado de cumplimiento de sus compromisos ante la EPU.

En este punto del proceso la sociedad civil no participa directamente, ya que le corresponde al Estado chileno dar respuesta al organismo internacional, que puede emitir observaciones o indicaciones para que el país mejore la situación en las zonas de sacrificio.

En este sentido, Chile -según informó la abogada Lux-, ha recibido dos observaciones en materia medioambiental, una de ellas sobre la "la indemnización de víctimas de contaminación de fundiciones de cobre, que en Chile sería la de Codelco". La indicación, afirmó la jurista, "se encuentra en carácter de incumplida".