Alexis Paredes R.

Como ministro secretario general de la Presidencia (Segpres) durante la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, al actual senador José Miguel Insulza (PS) le correspondió liderar las negociaciones del gobierno con los trabajadores portuarios en la licitación de los terminales de Valparaíso, San Antonio y San Vicente, que contempló indemnizaciones y jubilaciones anticipadas para cerca de 5 mil estibadores. Dicho proceso terminó a fines de 1999 con la concesión EPV a la empresa TPS del Terminal 1, por un plazo original de 20 años, que en 2017 se extendió hasta el 2029.

Sobre el conflicto que mantuvieron los trabajadores eventuales que prestan servicios para dicha empresa, en demanda de mitigaciones por la merma en los turnos y la precariedad laboral, el "Panzer" recordó que "el año 99 hubo un acuerdo muy importante con los trabajadores portuarios, producto de la licitación y privatización de los puertos, la creación de las empresas portuarias y los terminales marítimos. En ese momento, lo que interesaba sobre todo era resguardar los intereses de los trabajadores que iban a cambiar de condición y eso se logró mediante mecanismos como la jubilación anticipada, la priorización de recursos para la instalación por cuenta propia y otras fórmulas, ya que se entendía que una cantidad importante de trabajadores no iban estar en condiciones de adaptarse al nuevo sistema".

Insulza reconoce que, en dicho proceso, "creo que faltó un aspecto fundamental y no se planteó en dicho momento, pero que mirando en retrospectiva se pudo haber hecho, que es la modalidad muy irregular que tiene la contratación de los trabajadores portuarios, se mantuvo el sistema de contratación diaria y, por lo tanto, a pesar de todas las transformaciones en los puertos, permaneció con un factor de inestabilidad permanente. Que los trabajadores ingresen al puerto, firmen un contrato, permanecen todo el día y por la tarde se den de baja, es muy irregular y genera una gran precariedad, lo cual hace que las negociaciones portuarias sean siempre muy complejas y complicadas, porque cualquier persona que ha dedicado su vida a trabajar en el puerto, de un día para otro se queda sin trabajo y sin ninguna seguridad, garantía ni previsión. Este problema hay que atacarlo pronto, porque tarde o temprano van a surgir conflictos igualmente agudos".

Sobre la creación de una mesa entre gobierno y trabajadores para corregir la precariedad laboral del sector, el senador concuerda en que "hay que darle algún grado de regulación, ya que, de lo contrario, aquellos que viven del trabajo en el puerto se ven profundamente perjudicados".

Insulza resalta que al momento de privatizar los puertos "se pensó en un sistema de gestión mucho más tecnologizado y no se previó la cosa obvia, la necesidad de la mano de obra no calificada, por así decirlo, iba a seguir existiendo igual. Ahora son menos, en esa época hablábamos por miles. Esa gente es indispensable para el funcionamiento del puerto y no se ha regulado su sistema de trabajo. Si se conforma una mesa se debiese regular el trabajo para todos los puertos del país".

Pese a ser un conflicto entre privados, el senador Insulza enfatiza que "afecta un servicio esencial del país, entonces el gobierno debió haberse involucrado desde el principio. Cuando hablamos del principal puerto del país, lo perjuicios son enormes. Ya había habido conflictos con los cruceros antes, ahora de nuevo. Creo que los cruceros van a sacar a Valparaíso de su circuito. Estas consecuencias se debieron prever".

"Se pensó en un sistema de gestión mucho más tecnologizado y no se previó la cosa obvia, la necesidad de la mano de obra no calificada iba a seguir existiendo igual"

José Miguel Insulza, Senador Arica y Parinacota"