El consejero regional Manuel Millones manifestó que la paciencia ya se agotó en materia de transporte para la regiones. Esto porque los gobiernos, sin excepción, han privilegiado y concretado todos los recursos en Santiago, para subsidiar el pozo sin fondo que significa el Transantiago.

Según el core, se trata de una discriminación total hacia las regiones y una falta de convicción para la descentralización, sobre todo cuando se habla de mejoras al sistema público de transportes, pero se habría agudizado de manera brutal en los últimos meses, transformando a la ministra Gloria Hutt en un verdadero ícono del centralismo.

"Es cosa de ver la cantidad impresionante de recursos que se entregan para mejorar el transporte en la Región Metropolitana, incluso con la adquisición de los buses eléctricos presentados la semana pasada, generando, además, toda una campaña para dar cuenta de la importancia de estas inversiones en tecnología de punta, pero solo en Santiago y sin pesar si quiera un segundo en regiones. En la nuestra nada de eso ocurre. Sólo un ejemplo, se prometieron recursos para mejorar el tendido eléctrico de los trolebuses y las subestaciones en Valparaíso, compromiso elaborado por la ministra y el Intendente Regional, pero han transcurrido tres meses de dicho compromiso y no ha pasado absolutamente nada", recalcó en forma tajante, Manuel Millones.

Recordó también que la empresa de Troles de Valparaíso anunció que, si en enero de 2019 no había solución y un proyecto concreto, "deberán irse a la quiebra y cerrarían definitivamente; pero ni siquiera eso ha sido un elemento en el ministerio para pensar en la región".

El consejero regional de la UDI agregó que se trata de la misma ministra que respalda la no realización de la licitación del transporte público en la Región de Valparaíso, la cual lleva años vencida.

Finalmente, Millones exigió un mayor respeto por la regiones, como la de Valparaíso, y comenzar a tener un trato igualitario entre Santiago y el resto del país, "al cual se le niegan todos los recursos".

en enero próximo Troles de Valparaíso se declararía en quiebra si no hay un proyecto de salvataje. 2019

El presidente interino de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raimundo Cruzat, fue invitado ayer al programa Mesa Central, de Canal 13, donde reconoció que al momento de asumir "me encontré con algo más duro de lo que yo pensaba. Cuando recién había llegado, en su minuto dije que yo creía que en dos semanas se podía resolver, y yo sentía que había dejado una holgura", pero los hechos le demostraron finalmente no fue así.

Haciendo un recuento de lo que fue el prolongado conflicto, Cruzat recordó que "este conflicto fue súper dinámico; desde que partió, partió con mucha violencia en los accesos al puerto, o sea, operacionalmente tuvo un impacto en el puerto de manera inmediata, y fue como más invisible para la ciudad. Después el movimiento se empezó a ir hacia la ciudad y empezó a hacerse más visible; creo que ahí hubo una lectura correcta por parte de los dirigentes".

Respecto a las acusaciones de intransigencia que se le hicieron a TPS, Cruzat reconoció que "hubo una lentitud de la empresa en abrirse a diálogo, pero ya había como un dolor", luego que se rompieran ventanas en las oficinas de TPS y las amenazas a los trabajadores que ingresaran a los turnos.

Consultado por una lentitud de EPV en entrar a mediar en el conflicto, como representante del Estado, indicó que "hay un proceso. El Gobierno se involucró desde el principio del conflicto; yo estaba en el directorio y puedo decir que esto partió un viernes, y el día lunes tuvimos una reunión de directorio que no pudimos hacer en EPV por la violencia que había allí, y nos tuvimos que posicionar en otro edificio, y citamos a los concesionarios -en ese momento estaba TCVAL también- para ver cómo atendíamos esto".

No obstante, admitió que "dado que al principio el problema era bastante de orden público en el ingreso del puerto, se manejó más como un tema de seguridad pública y no desde el punto de vista más político, diría yo, porque además los dirigentes sindicales formales no estaban adhiriendo, al principio, al movimiento, o sea, ese lunes que nos reunimos con los portuarios y los dirigentes sindicales formales de los eventuales no eran parte del movimiento".

Pese a ello, en el panel le insistieron a Cruzat en que el Estado no se anticipó a la crisis que se venía, pues en principio el intendente señaló que era un conflicto entre privados con consecuencias públicas, pero finalmente terminaron interviniendo dos ministros.

Al respecto, Cruzat sostuvo que "hay una deuda del Estado de Chile con los trabajadores eventuales, porque el trabajador eventual de los puertos tiene una condición laboral bastante especial, y así como otros casos de trabajos especiales se han ido resolviendo, como los trabajadores de casa particular o los trabajadores del retail, en el caso de los portuarios eventuales eso no se ha hecho".En ese contexto, admitió que "si algo gana este movimiento -más que un paro, lo veo como un movimiento- y la ganancia que yo veo es que, tal como los pingüinos pusieron el tema de la calidad de la educación, los trabajadores portuarios eventuales en este movimiento pusieron en el tapete un tema que hay que modernizar respecto al esquema laboral portuario; eso está ganado".

Por otra parte, en el panel le hicieron notar que el "carnet rojo" que permite trabajar en el puerto, fue entregado por la Gobernación Marítima, entidad estatal, quizás a más trabajadores que los que realmente se necesitan, y en ese sentido, le plantearon que TPS tiene 200 trabajadores permanentes y 440 eventuales. Ante esto reconoció que "efectivamente, TPS tiene una proporción de eventuales más alta de lo que debería tener".

No obstante, explicó que "la eventualidad se justifica, por un lado, desde el punto de vista de la estacionalidad. Es decir, este puerto en marzo y abril tiene mucho más trabajo que el resto del año, son como 7 mil turnos de diferencia, según la información que nos ha entregado el propio concesionario".

Asimismo, Cruzat subrayó que "la segunda cosa que justifica la eventualidad es la flexibilidad laboral, gente que feliz trabaja en el verano, trabaja mucho, gana un millón y medio de pesos y después viaja o estudia o hace otra cosa, trabaja en la madera; en fin, en lo que sea".

Pese a ello, Cruzat admitió que cree que "esas dos cosas no justifican el nivel de eventualidad. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que otros puertos, como San Antonio hace algún tiempo atrás, hicieron una fila y dijeron quién se quiere contratar de manera indefinida, o sea, alguien que tiene 20 turnos al mes como eventual, en la práctica es un trabajador. Se hizo eso y esa fila tuvo gente y se hizo ese proceso de contratación".

Frente a ello, agregó, "a mí, sin ser un compromiso, la empresa (TPS) me manifestó que tenía la intención de ir variando hacia ese sentido. Yo creo que reconocieron -venía de antes- que este paro los enfrentó de manera violenta a eso, a que hay un desequilibrio ahí. Ahora, es una decisión privada y legítima porque, de nuevo, el trabajador eventual de esa manera está contemplado en nuestro Código del Trabajo. Ahí como que cruzamos a un abuso, si uno quiere, de un sistema, pero el sistema es legítimo".

Con respecto a las capacitaciones que, entre otros puntos, permitieron terminar con el conflicto, en el panel le hicieron notar que "finalmente el Estado se metió la plata al bolsillo, no Von Appen", frente a lo cual Cruzat aclaró que "los fondos que se van a usar para la capacitación son fondos de remanentes Sence; es decir, de la franquicia de las empresas, al tercer año si no la usan, esa plata queda a libre disposición de Sence, y Sence va a usar de esos fondos para capacitar a los trabajadores".

Dentro de esa capacitación, agregó, "se incluye un bono de mantención, y el concepto ahí es que mientras el trabajador está estudiando no puede estar trabajando, y por lo tanto, procede esta subvención, pero no es plata tan directamente del Estado".

"Los eventuales pusieron en el tapete un tema que hay que modernizar respecto al esquema laboral portuario, y eso está ganado".

Raimundo Cruzat, Presidente interino de EPV"