Luego de un intenso trabajo de análisis, un equipo del Servicio Nacional de Aduanas detectó un cargamento de 36.000 velas pirotécnicas, productos que están prohibidos para su comercialización en Chile.

Durante el procedimiento, funcionarios de la Administración de Aduanas de San Antonio pudieron detectar las mercancías ilegales con la información recabada por la Unidad de Análisis de Riesgo local.

Todos los tipos de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales están prohibidos para ser comercializados en Chile, por lo que su importación es ilegal.

La administradora (s) de la Aduana de San Antonio, Amalia Parkes, explicó que "se trata de un decomiso muy relevante en el contexto de la protección de la seguridad fronteriza, donde fue clave la labor de inteligencia que realizamos en el Servicio y la experiencia de los fiscalizadores al momento de buscar y revisar las cargas sospechosas".

Tras detectar la carga, el conteo final fue de 20 cajas grandes con 300 empaques cada una conteniendo 6 unidades, decomisando en total 36.000 unidades de velas pirotécnicas, las que serán entregadas a Carabineros para su resguardo

Carlos Escudero, subdirector (s) de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, indicó que en estos últimos meses se ha reforzado el trabajo para impedir el ingreso de este tipo de elementos que son tan peligrosos para la ciudadanía. Así indica, "hemos tenido hallazgos de este tipo en Los Andes, San Antonio, Región Metropolitana y en la zona norte del país".

Esto es el resultado de la labor de fiscalización del Servicio de Aduanas. En este caso se hace a través del Plan Integrado de Fiscalización (PIF) de Seguridad que, entre otros aspectos, controla estos elementos prohibidos en el país.

Antes del conflicto laboral que se extendió por más de 30 días, como Alcaldía Ciudadana veníamos trabajando en el marco de la Asociación de Ciudades Puerto, del Consejo por el desarrollo del borde costero integrado y el Concejo Municipal, la importancia de profundizar el debate sobre el nuevo modelo de desarrollo portuario para Valparaíso y el país.

Creemos que ningún actor podría señalar que lo que ocurrió en Valparaíso lo tomó por sorpresa. Tales niveles de precarización laboral en algún momento se iban a traducir en el tipo de conflicto que se generó. Trabajadores sin ninguna estabilidad, con bajos ingresos, sin derechos sociales, trabajadoras sin fuero maternal, entre otras consecuencias en la vida de cientos de familias son claros indicadores que algo funciona mal en el país y en el modelo portuario, fiel reflejo de la sociedad neoliberal en la convivimos.

Más allá de los errores, si el conflicto se pudo terminar antes o si un concesionario pesa más que el propio Estado, materias a debatir para sacar las correspondientes lecciones, hoy se abre una oportunidad de avanzar en un debate de carácter estratégico. Debemos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo portuario que responda por un lado a las exigencias del siglo 21, pero también al conjunto de visiones y vocaciones que legítimamente conviven en un territorio.

Como resultado del diálogo que hemos generado con un conjunto de actores creemos que es fundamental un nuevo marco legal e institucional que permita que los puertos se relacionen de una forma más justa y sostenible con las ciudades en que se encuentran ubicados, principalmente a través de una tributación que favorezca a dichas ciudades (ley Valparaíso); que viabilice la inclusión de las autoridades locales en los directorios de las empresas estatales; que permita la apertura de la discusión tanto del modelo de concesiones como de los contratos vigentes; que se base en relaciones laborales con justicia y dignidad y que recupere el rol dinamizador de las comunidades y trabajadores en la actividad portuaria así como el de los gremios y las universidades, todo ello vinculado a la constitución de una nueva institucionalidad marítimo portuaria, que refleje la real importancia del mar y la costa para nuestro desarrollo social, económico y cultural.

Entre los compromisos asumidos por el gobierno con los trabajadores está el de instalar una mesa de trabajo que permita avanzar en esa dirección. Es una buena noticia porque sintetiza el anhelo genuino de varios municipios a lo largo de todo Chile que ven cómo la actividad portuaria no logra integrarse al necesario desarrollo y crecimiento de ciudades que requieren por un lado mayores ingresos y por otro, control efectivo de lo que ocurre en sus territorios.

El conflicto portuario nos dio una gran lección por más que se haya intentado proyectar normalidad cuando no la existía. El desarrollo portuario no puede ser a espaldas de la ciudad y por lo tanto de quienes la habitan. Valparaíso requiere un nuevo puerto y una nueva infraestructura para toda la cadena logística, que viabilice la necesaria expansión portuaria y permita que los y las trabajadoras, habitantes y las distintas vocaciones económicas de la ciudad se desarrollen de manera armónica. Este es el desafío que tenemos por delante.

Jorge Sharp Fajardo

Alcalde de Valparaíso

Claudio Ramírez

Después de la paralización que vivió en 2014, San Antonio decidió realizar un cambio en su relación con los trabajadores, que tuvo como uno de sus ejes disminuir el porcentaje de portuarios eventuales en favor de contratados.

"Esa fue una lección que sacamos y fue importante para lo que vino después", señala una fuente de ese puerto, aludiendo a la estabilidad que ha conseguido el terminal vecino. Por eso no extraña que el presidente (i) de la Empresa Portuaria de Valparaíso, Raimundo Cruzat, haya relevado el tema, al indicar que Terminal Pacífico Sur (TPS) tiene un número de eventuales mayor al que debería tener.

En esa línea, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, también se refirió al tema luego del término del conflicto, enfatizando que ese es uno de los perfeccionamientos que se puede hacer.

"Hay que anticiparse porque probablemente vamos a enfrentar procesos de automatización de los puertos que van a afectar a los trabajadores más volátiles", dijo la secretaria de Estado, que también recordó lo que sucedió en San Antonio tras la paralización de hace cuatro años atrás.

"Eso podría ser dado que hay una mayor tendencia, con el aumento del comercio exterior, a que haya estacionalidad en alguno de los puertos, pero la mayoría no es tan marcada por lo que uno puede pensar en dotaciones más permanentes y de mayor tamaño, aunque siempre hay que mantener una dotación de eventuales porque siempre es necesaria", subrayó la autoridad, añadiendo que se deben analizar fórmulas tratando de ser "creativos para ver cómo nos anticipamos porque estas situaciones pueden seguir pasando".

"Lo más importante no es que las personas tengan que salir del trabajo, sino que puedan seguir ejerciéndolo, pero que tengamos estas reservas que nos permitan enfrentar los cambios de la demanda en mejor forma", indicó.

En el caso de TPS, que contaría con cerca de 400 eventuales contra 200 permanentes, en su momento se señaló que sería uno de los temas a estudiar cuando terminara la movilización.

En el caso de TCVAL, funciona en su mayoría con eventuales, pues la operación actual -casi no mueve carga contenedorizada- no le permite contar con una alta dotación de contratados.