El Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, autorizó ayer la destitución de funcionarios que defiendan ideales "comunistas" y la venta de muchos de los 700 mil inmuebles propiedad del Estado, para contribuir a contener el elevado gasto público.

Las decisiones fueron adoptadas en la primera reunión del llamado Consejo de Gobierno, que es integrado por el propio Mandatario, el vicepresidente y general de la reserva, Hamilton Mourao, y por los 22 ministros del gabinete, que hasta el mes pasado tenía 29 miembros y en otras épocas llegó a tener casi 40.

El ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, dijo en rueda de prensa que la decisión de revisar la estructura de la administración pública y destituir a los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro es parte del "compromiso" que el capitán de la reserva del Ejército adoptó durante su campaña electoral.

"No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad", declaró Lorenzoni, quien hoy mismo dio el primer paso y anunció la destitución de unos 300 funcionarios con contratos temporales.

Según Lorenzoni, en las elecciones del pasado octubre, ganadas por el líder de la ultraderecha, "la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual" y el Gobierno debe responder ahora al mandato de las urnas.

La decisión, autorizada por el propio Bolsonaro, se aplicará en todos los sectores de la administración pública, en los que será revisada la situación de las personas contratadas temporalmente, en su mayoría para cargos considerados "de confianza".

Lorenzoni apuntó que los "criterios" para decidir la situación de los funcionarios también serán "técnicos" y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si esos cargos volverán a ser cubiertos o si serán definitivamente extintos.

En la reunión, la primera que Bolsonaro celebra con todos sus ministros desde su toma de posesión, el pasado 1 de enero, también se decidió que cada ministerio hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios.

"Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos de mantenimiento", indicó el ministro.

"Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías", afirmó.

El fiscal peruano José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga el caso Odebrecht en su país, anunció ayer que este 11 de enero ya no se firmará el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, ante la crisis generada en el Ministerio Público de Perú.

"El día 11 no nos vamos a constituir (sic) al Brasil, y el 13, 14, 15 y 16, que se iban a tomar las declaraciones de Jorge Barata y otros funcionarios, tampoco se llevarán a cabo en esas fechas. Esperemos que sea lo más pronto posible", declaró Pérez.

El fiscal indicó que esta suspensión de la firma del acuerdo, al que se llegó en diciembre pasado, se debe a los retrasos generados por la decisión del fiscal general peruano, Pedro Chávarry, de destituirlo a él y al jefe del equipo especial que investiga el caso, Rafael Vela.

Chávarry anunció esa medida el pasado 31 de diciembre, a pocas horas de la fiesta de Año Nuevo, pero ante el gran rechazo político y ciudadano que generó su decisión, el pasado miércoles dio marcha atrás y repuso a los fiscales en sus puestos.

El equipo de fiscales peruanos alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con los directivos de Odebrecht en diciembre pasado, por el que la empresa se comprometió a entregar información y documentación relevante sobre el pago de sobornos y la entrega de aportes económicos a funcionarios y políticos peruanos. Como parte de ese acuerdo, se habían programado interrogatorios en Brasil relacionados a investigaciones contra los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo, la exprimera dama Nadine Heredia y la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán.