Cristián Rojas M.
Cuatro grandes temas marcarán la agenda en educación superior este 2019, según expusieron los representantes del Consejo de Rectores de las Universidades de Valparaíso (CRUV): la instalación de la nueva institucionalidad; los aspectos referidos al financiamiento y la gratuidad; el diseño de un nuevo sistema único de admisión; y los plazos para implementar los nuevos criterios y estándares de aseguramiento de la calidad, proceso que se iniciará con el nombramiento de los integrantes de la nueva Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Respecto a este último punto, el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), Darcy Fuenzalida, advirtió que "tenemos que resolver los temas asociados con las fechas de los procesos de acreditación por la nueva CNA, y ya hemos planteado al Ministerio de Educación lo ajustado y poco probable de poder cumplir con los plazos que están contenidas actualmente en la ley. De modo que las fechas, probablemente, van a tener que ser ajustadas, para lo cual se requiere una ley miscelánea por parte del Gobierno, así también se ha conversado con el Ejecutivo y parece ser también lo que va a terminar llevándose a cabo".
En ese contexto, Fuenzalida precisó que "los plazos están muy ajustados y, por lo tanto, no dan los espacios para que las instituciones se puedan adecuar a esos plazos ni para que la misma CNA pueda cumplir, por ejemplo, incorporando los miembros de la comisión, que hay plazo hasta finales de febrero, y ese trámite tendría que hacerse en estos primeros días del año".
"Así como eso, también la definición de los criterios de acreditación, los estándares, las directrices, los procedimientos y todas esas cosas que tienen que salir para poder generar procesos de acreditación adecuados", agregó el rector.
En esa línea, el titular de la Santa María subrayó que si se extienden los plazos, "ese ajuste tiene que hacerse por ley, y para eso se requiere una ley miscelánea. El tema lo hemos conversado con el Gobierno, con la ministra de Educación, y hay conciencia de parte de ellos, de que hay que corregir algunos de estos plazos, y eso debería hacerse a través de una ley miscelánea que debería entrar prontamente al Parlamento, para poder adecuar el proceso con plazos viables de ser desarrollados".
En este punto coincidió también el rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Patricio Sanhueza, quien consideró que "un tema que marcará la agenda este año será el de los procesos de acreditación, a propósito del cambio que significó la Ley de Educación Superior".
"Vamos a tener una nueva CNA, y la ley establece ciertos tiempos. Nosotros consideramos que el tiempo es muy corto y hemos pedido una modificación legislativa que permita alargar un poco esos tiempos, de tal manera que las instituciones se preparen, sobre todo en materia de estándares y criterios de acreditación", indicó.
En ese sentido, Sanhueza informó que los rectores se reunieron con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, "y ellos entienden que ahí hay un problema de diseño de la ley que debe ser resuelto, porque de lo contrario, finalmente no va a poder cumplir la CNA y tampoco las universidades, puesto que cuando se establecen nuevos criterios y nuevos estándares, normalmente eso demora en poder implementarse bien".
Lo anterior, explicó el rector de la UPLA, obedece a que "las universidades tienen que prepararse para esos nuevos estándares y tienen que conocerlos con mucha antelación, de tal manera de poder abordar la acreditación y el proceso de evaluación con los tiempos necesarios y requeridos. De lo contrario, no va a resultar, y así lo ha entendido la propia CNA, que ha pedido lo mismo, porque son plazos insuficientes".
Por su parte, el titular de la Universidad de Valparaíso (UV), Aldo Valle, coincidió en que "hay que introducir, necesariamente, modificaciones legislativas a los plazos de transición de las normas sobre aseguramiento de la calidad, y eso, a mi juicio, es urgente, impostergable. Porque la ley estableció un nuevo sistema de acreditación, pero eso no ocurre en el vacío, sino en un continuo que supone que hay universidades acreditadas por unos plazos determinados, plazos que están venciendo en muchos casos".
Al respecto acotó que, "hay universidades que tendrán que someterse a procesos de acreditación en el curso del año 2019, 2020, y las normas de transición, a nuestro juicio, no garantizan la confianza, la certidumbre, la pulcritud que se necesita, por ejemplo, para la elaboración de criterios y estándares de calidad y la debida divulgación y conocimiento anticipado de esos criterios".
En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, concordó en que "en el ámbito de lo que tiene que ver con calidad, creo que hay que perfeccionar, con urgencia, todo lo que está establecido en la ley, en particular lo que se denomina la transición desde el sistema actual al nuevo esquema de aseguramiento de la calidad".
En ese contexto, Elórtegui precisó que "cuando hablamos de transición, es lo que tiene que ver con el periodo hasta que entra en vigencia lo establecido en la nueva ley, que está planteado que es a partir del 1 de enero del 2020, o sea, el próximo año ya, y eso no tiene ninguna viabilidad, lo que ha sido aceptado por todos los actores, Gobierno, CNA, universidades, rectores. Todos estamos de acuerdo en que hay que modificar eso porque es imposible que empiece a operar, según lo establecido en la ley, a inicios del 2020".
Eso se debe, entre otras cosas, a que "hay todo un calendario de actividades, entre las cuales está planteado que hay que definir criterios y estándares de acreditación, que es una tarea mayor, que tiene que ser hecha por la CNA pero tiene que ser socializado con las instituciones y con los actores del sistema". "En mi opinión, se requiere una postergación por un periodo bastante prolongado para que entre en vigor el nuevo esquema, que va a partir con la designación de los nuevos integrantes de la CNA", concluyó Elórtegui.
Por otra parte, Aldo Valle recordó que "también en este año debiera prepararse ya la transición hacia un nuevo sistema de admisión, que será muy distinto, al menos en el sentido que su administración pasa -por disposición de la ley- a la Subsecretaría de Educación Superior, y además que la ley establece ahora, explícitamente, que habrá un sistema de acceso correspondiente a las universidades y otro correspondiente a las instituciones de formación técnica en educación superior".
Al respecto, el rector de la UV advirtió que "organizar eso de manera coherente, compatible con la realidad ahora existente, supone también un trabajo que tendremos que hacer en conjunto, porque tenemos que cuidar el bien común de nuestra educación superior".
En tanto, Patricio Sanhueza concordó en que otro tema que marcará la agenda este año será "el traspaso de la PSU hacia la Subsecretaría de Educación Superior, y los regímenes temporales que eso tiene también, o sea, la selección del año 2020 debiera ya ser a través de otra instancia que es distinta al Consejo de Rectores, sin perjuicio de que pueda estar presente también en esa instancia junto a la Subsecretaría de Educación Superior".
Para este año, además, el rector de la UV recordó que se va a constituir una comisión de expertos para fijar los aranceles regulados, como también se volverá a hacer presente "las dificultades del diseño que tiene la política de gratuidad".En esa línea, el rector de la UPLA vislumbra que "también nos van a preocupar las brechas que existen entre los aranceles regulados y los aranceles reales. Creo que ahí hay un punto que va a seguir tensionando, porque hay universidades que son demasiado grandes y eso les provoca un impacto en el financiamiento".
Asimismo, según Valle, "se va a discutir el proyecto de ley sobre nuevo crédito de financiamiento solidario, que está todavía en la comisión de Educación del Senado. Es decir, hay un conjunto de efectos que, por disposición de la ley, van a tener su desenlace ahora en el año 2019, de modo que educación superior tiene desafíos importantes".
También en materia de financiamiento el rector Sanhueza estimó que "el tema de la gratuidad va marcar la agenda, en el sentido de que las universidades van a resentir el hecho de que los alumnos que exceden el tiempo de la titulación se queden sin apoyo y pierdan la gratuidad".
Al respecto, el titular de la Universidad de Playa Ancha avizora que "ese va a ser un tema que vamos a tener que enfrentar en conjunto las instituciones, así que vamos a esperar a ver qué hace el Poder Ejecutivo respecto de los planteamientos que se han hecho en esta materia, y también veremos la respuesta que dé el Tribunal Constitucional, que en enero, entiendo yo, va a ver este tema en sala".
Al respecto, Claudio Elórtegui concuerda en que "una urgencia es hacerse cargo de los serios problemas para aquellos estudiantes que pierden la gratuidad por un tema de duración, ya que la gratuidad está establecida sólo para el periodo formal de las carreras, y la gran mayoría de los estudiantes universitarios en Chile, especialmente los más vulnerables, que son los que tienen acceso a gratuidad, completan sus carreras en un periodo superior a la duración formal".
Este punto, añadió el rector de la PUCV, "también genera serios problemas para las instituciones que van a dejar de recibir los ingresos, puesto que la normativa actual establece que a los estudiantes solamente se les puede cobrar hasta el 50% del arancel".
Al respecto, Aldo Valle hizo hincapié en que "este año un número importante, cerca de 18 mil estudiantes en el ámbito del Consejo de Rectores, deberían perder su gratuidad y tendrán que pagar el 50% y las universidades, a su vez, soportar un menor ingreso a consecuencia de esa pérdida".
Para el rector de la UTFSM, Darcy Fuenzalida, otro tema que marcará la agenda en la educación superior en 2019 será la implementación de dicha ley.
"Este es el año en el cual se van a activar varios de los temas que están contenidos en la nueva ley de educación superior, por lo tanto, vamos a ver la puesta en marcha de la subsecretaría, la activación definitiva de la superintendencia, que ya está nombrado el superintendente pero tiene que activarse", comentó el rector agregando que "una rápida y exitosa puesta en marcha dependerá de la capacidad de liderazgo que tenga el superintendente y la autoridad que esté a cargo de la subsecretaría".
Justamente, el rector de la Universidad de Valparaíso adelantó que "la línea de trabajo principal va a ser la implementación de la ley 21.091, que es la que establece el régimen general de la educación superior, porque por razón de plazo que establece la propia ley, vamos a saber de la instalación de la Subsecretaría de Educación Superior, y en consecuencia, del nombramiento de la subsecretaria o subsecretario". "Van a entrar en vigencia también las normas sobre la Superintendencia y, en consecuencia, los efectos de la ley se van a desplegar", comentó Valle.
Por otro lado, Sanhueza estará atento a los avances que se concreten este año "en los temas de equidad o igualdad de género y diversidad, algo que va a seguir estando vigente en las universidades, y nosotros estaremos haciendo lo posible para que los compromisos adquiridos se cumplan".
En esa línea, Claudio Elórtegui también consideró que "hay que seguir avanzando en consolidar lo concordado durante el 2018 en relación con la equidad de género".
